“APOSTAMOS POR LO PÚBLICO”
donde se han llevado las resoluciones y debates realizadas por las distintas federaciones sobre la:
“Postura de la CGT ante lo Público
y mecanismos para su internalización en todas las Administraciones y Servicios Públicos”
en el que tras la tabulación de las votaciones presentadas por las distintas federaciones se ha elegido como ponencia marco la titulada:
“La defensa Sindical de los Servicios Públicos,
como Derechos Sociales para todos y todas”
un texto que ha sido enriquecido con aportaciones de varias ponencias cuyo contenido podemos ver más abajo.
LA DEFENSA SINDICAL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS,
COMO DERECHOS SOCIALES PARA TODOS Y TODAS
INTRODUCCIÓN
Desde la crisis de los 70 a niveles europeos y desde la década de los 80 a niveles del estado español, han sido demasiados años contemplando como los servicios esenciales para la comunidad y las empresas públicas, por medio de las cuales se prestaban parte de estos servicios -patrimonio de toda la sociedad-, eran convertidos en negocio y expropiados a la mayoría.
Unas veces, directamente empresas multinacionales y, otras, los distintos gobiernos transfieren lo público a la voracidad del mercado en nombre de la “eficacia” y el “bien común”, expoliando derechos de las personas esenciales para la vida: la salud, la comunicación, la enseñanza pública, la educación superior, la energía, los transportes, los servicios ligados a lo municipal, etc… y, en parte, los sistemas públicos de Seguridad Social en capítulos tan esenciales como las Pensiones. Los Servicios Públicos son una forma de salario indirecto universal logrado tras enormes y continuadas luchas populares. Deben ser considerados, por tanto, Derechos Sociales Básicos para todas las personas.
La hegemonía de las doctrinas neoliberales y la aplicación de las mismas por los gobiernos, ha provocado la privatización de gran número de estos servicios. Al poder económico y político le interesa que cualquier servicio esencial (sanidad, educación, dependencias, etc.) se convierta en mercancía y negocio con el que traficar, se mercantilice, para así poder hacer negocio y obtener beneficios particulares a costa de la apropiación de los recursos públicos. Esta mercantilización de los servicios públicos conlleva un empeoramiento grave de las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad.
Los servicios públicos privatizados son cada vez más inaccesibles, de ínfima calidad, se van degradando con el tiempo y, finalmente, suelen ser rescatados con el dinero de todos y todas. Es decir, casos claros de socialización de las pérdidas y privatización de los beneficios.
Las instituciones internacionales que trasladan esta lógica a todo el planeta, la Organización Mundial de Comercio (OMC), el GATS, la UE, el FMI, el BM, han sido reforzadas en los dos últimos años por los Tratados Multilaterales entre distintos países, como el TTIP, el CETA y explícitamente el TISA, que regula a niveles planetarios la liberalización y mercantilización de los Servicios Públicos.
El Tratado de la Unión Europea vigente, a través de la de Directiva Bolkestein sobre liberalización del mercado de servicios interno de la UE, no reconoce claramente los servicios de interés general no comerciales.
Es decir, el derecho a los servicios públicos fundamentales: pensiones, sanidad, protección ante contingencias de desempleo, dependencia, educación, propiedad intelectual, patentes, agua, políticas contra la pobreza y la exclusión, transportes, comunicaciones, etc.
Hoy estos servicios públicos fundamentales se encuentran seriamente amenazados por el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) y por la aplicación práctica de la puesta en marcha de la Directiva del Mercado Interior de los Servicios en el espacio de la UE-28, “Directiva Bolkestein”, en el año 2009, cuando no imponiendo Acuerdos Bilaterales con países empobrecidos, cuando no se aceptan por parte de esos países las reglas de los ricos.
El comercio de servicios se define de manera muy amplia para incluir la inversión extranjera directa en servicios tales como salud, educación, agua, pensiones, transporte. Entre otras cosas, la liberalización implica la eliminación de cualquier medida gubernamental que podría favorecer a un proveedor nacional frente a uno extranjero, como por ejemplo los subsidios públicos preferenciales. Significativamente, también incluye terminar con los monopolios públicos (el ejemplo de la energía, gas, petróleo, electricidad, es una continua fuente de conflicto de los países del Sur con el Norte rico), así como la desregulación cuando una norma se considera demasiado onerosa para los inversionistas y proveedores de servicios extranjeros.
El futuro Tratado Transatlántico de Inversiones y Comercio (TTIP) amplifica la liberalización en base a dos premisas fundamentales: la desregularización de cualquier regulación limitadora del libre comercio (derechos sociales, derechos laborales, límites medioambientales, límites fiscales, etc.) y la “seguridad jurídica del inversor” por encima de cualquier norma y derecho de los estados.
El proceso de liberalización económica, la privatización del sector público, los cambios constitucionales a favor del capital y la desregularización de las economías, están siendo institucionalizadas a través de estos acuerdos comerciales, en particular los de la OMC y los Tratados de Libre Comercio e Inversiones.
Solo en el área de servicios se contempla un número vasto de sectores, que incluye el agua, la salud, la educación, pensiones, etc. y una multiplicidad de otros servicios antes ofrecidos por el estado central, los regionales y los municipios, ahora abiertos a la competencia privada internacional.
La filosofía de poner recursos públicos en manos privadas la encontramos como ejemplo paradigmático de control del poder por parte del mercado privado, además del negocio, en el mercado del Agua. Se desatienden aquellos aspectos de la gestión del dominio público hidráulico sin rentabilidad económica, como el control de los vertidos, la mejora ambiental de márgenes y riberas, etc. Estos son justamente los aspectos de mayor contenido ambiental.
Estas políticas introducen desequilibrios territoriales en función del valor añadido que genera el agua en cada región. Las zonas de agricultura y ganadería extensiva, las más necesitadas de consolidar su población rural, estarán a la cola en la lista de prioridades de las obras hidráulicas.
En definitiva, se tiende hacia un escenario en el que tendrá agua quien pueda pagarla. La lucha por la no mercantilización del ciclo del agua, es una batalla ejemplar en la defensa de servicios públicos esenciales para la vida de la gente.
Lo público se gestiona desde lo privado: la externalización de los servicios públicos, las limpiezas viarias, las comunicaciones postales, los transportes urbanos, la sanidad, la educación, los servicios sociales, el ferrocarril, el agua…
CÓMO SE HAN LLEVADO A CABO LAS TRANSFERENCIAS
DE RECURSOS PÚBLICOS A LO PRIVADO
Simplemente queremos enumerar, a título indicativo, las distintas maneras (jurídico-formales) de cómo se ha llevado a cabo el expolio de lo público:
La privatización supone la transferencia de una empresa o actividad pública al sector privado, con independencia de la forma jurídica que tenga la entidad que asume la transferencia. Este proceso presenta múltiples vías o mecanismos de materialización:
• La transferencia de actividades públicas al sector privado: la Administración Pública transfiere la gestión del servicio pero conserva la titularidad del mismo.
• Externalización de actividades y servicios de la Administración Pública a una empresa privada para la prestación, mediante contratos de gestión y contratos de servicios.
• La concesión, mecanismo por el cual las empresas privadas se hacen cargo de la gestión de servicios públicos a largo plazo, hasta 50 años, y en régimen de monopolio: agua, transporte etc.
• El concierto, por el cual la Administración Pública acuerda con empresas privadas que ya vienen prestando estos servicios, para que éstas se hagan cargo de una parte de los que la Administración está obligada a prestar (concierto educativo).
• Los Convenios de colaboración con las llamadas entidades privadas sin ánimo de lucro (ONG’s, fundaciones, asociaciones), las cuales, en ocasiones, se han creado específicamente para esto, o están vinculadas con la Iglesia, frecuentes en el área de los servicios sociales, con la finalidad de sustituir la prestación directa de dichos servicios por las Administraciones Públicas. Estas entidades privadas sin ánimo de lucro funcionan como verdaderas empresas, con todas las lacras de la actividad empresarial especulativa.
• Las llamadas “empresas públicas” de derecho privado. Cuya finalidad es exclusivamente utilizar técnicas y fórmulas de gestión privada, eludiendo los mecanismos de control y las garantías del derecho público.
El expolio de recursos públicos(provenientes de los impuestos) a los servicios públicos, no solo deteriora los mismos, sino que a la vez los presenta como ineficaces e insuficientes, creando una determinada conciencia de escasez y empujando a la mayoría social a “echarse en manos del mercado”.
CGT por la defensa de los servicios públicos como derechos sociales suficientes para todos y todas y por la autogestión de los mismos por las personas:
La gestión de lo Público no puede basarse en criterios de rentabilidad mercantil, sino en el principio de suficiencia (siempre existirán recursos para que los servicios públicos lleguen de manera universal a toda la población) y en el principio de eficiencia, es decir, su gestión debe ser eficiente sin incurrir en un “mal negocio”, pues de lo contrario se estaría violando el principio de suficiencia.
La gestión se encarga a “técnicos” en toda la cadena organizativa, y la propiedad es “publica”. La participación de los sujetos activos (trabajadores y trabajadoras) y de los sujetos pasivos (quienes son beneficiarios de esos servicios públicos), carecen en la inmensa mayoría de los casos de “poder de decisión” en lo relativo a su financiación (políticas fiscales) y en lo relativo a la eficiencia, es decir, no existe gestión directa por los verdaderos sujetos.
El contexto social que ha puesto en la agenda el debate sobre“lo público”, su gestión y su suficiencia:
La privatización, la externalización de los SSPP por cualesquiera de las modalidades formales-jurídicas, tienen su sustentación política en la modificación del artículo 135 de la CE y posterior Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la cual embrida a todas las Administraciones del Estado (central, autonómica y municipal), impidiéndoles el endeudamiento y superación del déficit que Bruselas ha fijado para el Estado Español, además de las políticas de congelación de convocatorias de plazas para cubrir los puestos necesarios en los SSPP.
Fundamentalmente pretenden enfrentarnos con un debate en una doble vertiente, donde la primera, la jurídica, se convierta en el eje vertebrador de la acción y, en consecuencia, ver “qué posibilidades” se abren a los distintos gobiernos. Esto sería tramposo y de corto recorrido.
La CGTtiene que trabajar en la segunda vertiente, la sindical, es decir, qué posición tienen los distintos actores que vienen influidos en sus necesidades (educación, sanidad, dependencia, limpieza, medio ambiente, asistencia social, transporte, etc…) al ser éstas o estar cubiertas, bien con servicios públicos 100% suficientes y universales, bien con servicios públicos en cuanto a su titularidad, pero de gestión privada, bien con conciertos o cualesquiera de las varias decenas de fórmulas que se han utilizado y se utilizan en lo que venimos denominando (y sufriendo) mercantilización de lo público.
Estamos hablando de, en primer lugar, los millones de personas, todos y todas las que vivimos y habitamos el estado español, sus ciudades y sus municipios. En segundo lugar, los millones de trabajadores y trabajadoras que trabajan en todo lo que denominamos SSPP en las distintas Administraciones (AGE, Administraciones Autonómicas y Locales, es decir, Ayuntamientos), así como en las Empresas de Derecho Público (RENFE, ADIF, FNMT, TRAGSA, AENA, Correos, TV públicas, etc.) y, en tercer lugar, los sindicatos y movimientos sociales.
CGT APUESTA POR LA TRANSFORMACIÓN DEL MODELO SOCIAL
En el contexto de desestructuración del mínimo Estado del Bienestar desarrollado en las últimas décadas, se genera una contradicción a la hora de defender la gestión de los servicios públicos. Por un lado, vemos como en tiempos de recortes presupuestarios las administraciones están externalizando y/o privatizando la gestión de estos servicios, cayendo en manos de multinacionales o grandes empresas con lucro privado. Frente a ello, se articula el discurso de defensa de lo público que quiere transformar socialmente los servicios, mantener los puestos y las condiciones de trabajo de los y las empleadas públicas, así como las condiciones con que se prestan los servicios y, de este modo, mantener la oferta y calidad de los mismos.
Existe otra opción, la propuesta de la economía social, cooperativa y solidaria que plantea la necesidad de evitar la privatización en favor de grandes empresas mediante la lucha por la gestión “pública no-estatal“, es decir, por la articulación de una fórmula de gestión pública comunitaria en formato cooperativo (trabajo asociado) y de economía social transformadora.
La lucha por la transformación social de los servicios públicos privatizados es necesaria. Se trata de una herramienta contra el actual capitalismo asistido, en el cual el Estado promociona y se convierte en un instrumento fundamental para la mejora de los beneficios empresariales. De este modo se podrá establecer la prioridad de los beneficios universales de la ciudadanía sobre los beneficios particulares de las corporaciones capitalistas privilegiadas.
Esos procesos de transformación se deben guiar por los siguientes objetivos y criterios fundamentales:
• Máximo control posible de la ciudadanía y personas trabajadoras.
• Firme defensa del empleo de calidad.
• Provisión de bienes y servicios de calidad para satisfacer las necesidades básicas de las clases populares.
• Avanzar hacia la participación en la economía y en la gestión.
Para CGT la gestión de lo público debe corresponder a:
• La propia ciudadanía y las personas trabajadoras a través de la conformación de un tejido asociativo cooperativo y autogestionario.
• En tanto esto no sea una realidad la CGT mantendrá la lucha contra las privatizaciones que provoca la actual gestión por parte de la administración pública.
Por lo tanto, frente al recorte de servicios públicos, puede ser necesaria la realización de una ofensiva desde la economía social transformadora que permita ganar más espacios y recuperar la gestión de servicios públicos en perspectiva comunitaria y con criterios universales.
LA APUESTA POR LA AUTOGESTIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
En la actual situación del capitalismo global, es necesario el cuestionamiento cotidiano de las políticas que no sean útiles para el fomento de la soberanía económica autogestionaria local.
En este marco toma protagonismo la opción política de impulsar las experiencias de autogestión al margen de empresas capitalistas y del aparato administrativo estatal, cumplimentando fórmulas de cesión de la gestión al tejido asociativo socioeconómico y sindical transformador.
La lucha por las mejoras de las condiciones de vida de las clases trabajadoras tiene en la creación de redes de economía social transformadora una herramienta fundamental. Las personas trabajadoras deber crear espacios de libertad autogestionarios, con mercados sociales locales o redes de producción, distribución, consumo y financiación que dinamicen y organicen a sectores de la población al margen del sistema capitalista.
El objetivo principal debería ser definir otro modelo de relaciones que contemple una concertación público-comunitaria con base cooperativa o asociativa local y permita una toma de decisiones colectivas, abierta y transparente de la población en sentido amplio. Se trata de compatibilizar una serie de elementos.
Por un lado, la participación en la gestión. Impulsar el máximo control posible de la ciudadanía y personas trabajadoras, así como generar o consolidar espacios de contrapoder social y facilitadores de experiencias transformadoras que trabajen por un modelo económico que genere un modelo participativo. Porque debemos tener claro que toda economía que no hagamos nuestra será hecha en contra nuestra.
Por otro lado, realizar una provisión de bienes y servicios de calidad para satisfacer las necesidades básicas de la ciudadanía. Y todo ello desde la firme defensa del empleo de calidad, la distribución de la renta y el control ciudadano de la riqueza colectiva.
POSICIONAMIENTO DE CGT
En distintos Congresos y Plenos la CGT tiene fijada una posición clara y unánime, la defensa de los Servicios Públicos como derechos sociales para todos y todas: la confrontación con las lógicas privadas y contra la mercantilización de lo público, apostando clara y nítidamente por la universalidad, suficiencia y eficiencia de los servicios públicos, y la participación en su gestión de trabajadores y trabajadoras, y de las personas.
Más allá de las problemáticas jurídicas existentes, de lo que se trata es de crear una conciencia social en el proceso de reversión de lo privado a lo público y en la desmercantilización de la vida.
La experiencia a niveles europeos y del Estado Español, muestra que una pelea coordinada de todos los sujetos afectados, obtiene como resultado la reversión del hecho de la privatización hacia “gestión directa por parte de lo público”, con consecuencias directas en condiciones de trabajo, en la suficiencia del servicio público que se presta, la universalidad del mismo y la eficiencia.
En este sentido, CGT debiera plantearse un Plan de Actuación Sindical-Social:
• Se pondrá en marcha una campaña a nivel estatal desde el Comité Confederal “EN DEFENSA DE LO PÚBLICO” con diferentes niveles de desarrollo: formativo, informativo, reivindicativo, movilizador y transformador.
• Las Secretarías de Acción Sindical, de Acción Social y de Formación del Comité Confederal, coordinarán dicha campaña en sus diferentes niveles de desarrollo, con las estructuras territoriales y sectoriales.
• Las estructuras territoriales (Confederaciones, Federaciones Locales y Sindicatos) y sectoriales (Federaciones de Sector), desarrollarán los niveles formativos, informativos y reivindicativos de la campaña “EN DEFENSA DE LO PÚBLICO”.
• Pero esas estructuras territoriales y sectoriales son las que decidirán el nivel de concreción de las fases de movilización y transformación de la campaña, en función de su situación, capacidad y oportunidad de desarrollarla en cada ámbito.
No debemos olvidar que todas las situaciones no son iguales y, por tanto, debe haber un nivel de autonomía suficiente que garantice que avanzamos, pero que los pasos se dan correctamente.
• LaCGTdefenderá lo público y los SSPP, como Derechos Sociales universales, suficientes, de calidad y gratuitos, y potenciará cuantas luchas se desarrollen o se deban desarrollar, bajo nuestro impulso e iniciativa, o en confluencia con los movimientos sociales y/o plataformas, en los ámbitos donde sea posible.
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TEXTOS APROBADOS PARA INTRODUCIR EN LA PONENCIA ANTERIOR
1) Quedan excluidos de este acuerdo el personal directivo y todo aquel personal contratado por el empresario con la única finalidad de beneficiarse él o sus amigos (contratación de familiares y amigos para conseguir así un empleo estatal).
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2) Apostar por la Internalización de los Servicios Públicos, garantizando el empleo, los derechos laborales y la estabilidad de los trabajadores y trabajadoras que ahora vienen prestando dichos Servicios.
Que el Gabinete Jurídico de CGT realice a la mayor brevedad posible, un informe jurídico sobre las diferentes formas de internalización de los servicios públicos, indicando las diferentes fórmulas legales para la subrogación y los mecanismos posibles para garantizar la estabilidad de los trabajadores y trabajadoras de las contratas en las diferentes formas de revertir los servicios.
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3) Como parte de nuestra estrategia, la CGT ha de exigir a las diferentes Administraciones que se realicen Auditorías a todas las grandes contratas que desarrollan la prestación de servicios para lo público y que su objetivo vaya más allá del control y la mera crítica, dando traslado a la fiscalía ante la detección de la comisión de presuntos delitos. En caso de que las Administraciones no atiendan a sus responsabilidades en este sentido, la CGT estudiará la posibilidad de poner los presuntos hechos delictivos en conocimiento de dicha fiscalía anticorrupción.
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4) El control colectivo y la democracia directa hacen imprescindible otra importante reivindicación sindical: la reducción del tiempo de trabajo para toda la clase trabajadora.
Efectivamente, una nueva y tajante reducción de la jornada laboral, es una necesidad insustituible de nuestras sociedades, por ya conocidas razones:
• Sin reducción de salarios ni imposición de flexibilidad, la vía más directa para la recuperación de décadas de depauperación del valor del trabajo por parte del capitalismo y sus políticas neoliberales.
• El reparto del trabajo porque hay que acabar con la lacra del paro y la medida es repartirlo.
Pero a estas razones ya conocidas cabe sumar una tercera de la misma importancia:
• La reducción drástica de la jornada laboral para conquistar el tiempo necesario para la clase trabajadora en su conjunto (no para un sector concreto) para hacer efectivas y permitir la práctica del control colectivo y la participación de la ciudadanía y la democracia directa necesaria en cualquier gestión colectiva.
El bien común público se define por ser universal y colectivo, a diferencia de las definiciones recientes del “procomún”, que se restringe a una comunidad específica. El bien común, pues, no puede estar sometido a ninguna restricción de uso o provisión, sea por origen social, económico y cultural o por la pertenencia o no a determinada comunidad.
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5) 1. La CGT está en contra de la destrucción de los derechos de los trabajadores de las subcontratas de las empresas privatizadas y, por tanto, defiende el mantenimiento de los derechos de todos los trabajadores como son: antigüedad, puesto de trabajo. La CGT defiende expresamente la subrogación de todos los puestos de trabajo.
2. En el caso de internalizaciones de los puestos de trabajo, hay que intentar que la pérdida de derechos que ha supuesto trabajar para subcontratas sea revertido y movilizarse para que las administraciones públicas ofrezcan un empleo de calidad.
3. La CGT debe tener una postura jurídica homogénea que avale que los procesos de internalización de los servicios públicos permiten en todo caso la subrogación de los trabajadores y de sus derechos, poniendo a disposición las herramientas necesarias para impugnar jurídicamente todos estos procesos que supongan destrucción de puestos de trabajo o de los derechos de los trabajadores.
4. La CGT debe movilizar a los trabajadores de las subcontratas, dado que sin la movilización de los trabajadores las administraciones públicas y/o las subcontratas pueden aprovechar todos los procesos de internalización para deteriorar derechos y destruir puestos de trabajo.
5. La CGT debe realizar una campaña pública a toda la sociedad, con énfasis en la Administración pública, explicando que los procesos de internalización de lo público deben servir para revertir los efectos dañinos de las privatizaciones y que los trabajadores no deben pagar los platos rotos en estos procesos.
6. La CGT debe crear mecanismos de transparencia y control de todos estos procesos que impidan que haya casos de nepotismo y corrupción administrativa que permitan que se introduzcan en la Administración pública trabajadores que se hayan aprovechado claramente con mala fe de estos procesos. Nadie puede abusar de los derechos de los trabajadores para meter en la Administración pública a familiares, amigos… Deben defenderse por parte de CGT mecanismos específicos que garanticen que estos procesos son transparentes.
CGT
Información extraída de web CGT-Murcia
