Agentes medioambientales de la Confederación General del Trabajo (CGT) instan al Gobierno central y autonómico a eliminar las últimas modificaciones de la Ley de caza por considerarlas inconstitucionales y desentenderse de sus responsabilidades realizando una privatización encubierta de la gestión cinegética.
Agentes medioambientales de CGT acusan al Botànic de modificar la Ley de caza “para poder incumplir a sabiendas una ley básica estatal que prevalece sobre la regulación autonómica, y así desentenderse del control administrativo de la actividad cinegética, a la vez que impiden a los agentes medioambientales ejercerlo en el territorio, estafando con esto a la sociedad”.
Desde CGT preguntan “dónde están los principios ecosocialistas que tanto proclama el gobierno del Botànic” y denuncian el “discurso vacío sobre la sostenibilidad que tanto pregona, como se está demostrando en otras actuaciones impulsadas por el gobierno autonómico con un gran impacto negativo sobre la sostenibilidad ambiental, como la ampliación del puerto de València o las grandes infraestructuras ferroviarias”.
El pasado 30 de diciembre se publicaba la Ley 7/21 de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2022, en la que se incluyeron, “de tapadillo” como remarcan fuentes de CGT, varias modificaciones de la Ley de caza valenciana. Entre estas modificaciones hay tres que permiten la caza en los cotos sin tener aprobadas, sino simplemente presentadas, sus normas de gestión: el Plan Técnico de Ordenación Cinegética (PTOC), la Memoria Anual y el Plan Anual de Gestión. “Este matiz no tendría mayor importancia si no fuera porque la Conselleria de Agricultura ya estuvo actuando de esa manera, sin revisar la documentación que se presentaba de los cotos y considerándola aprobada por silencio administrativo positivo hasta 2018, cuando fue obligada por la Fiscalía a cumplir la legalidad tras una denuncia de los agentes medioambientales de CGT basándose en un informe de la propia Abogacía de la Generalitat, que considera esta práctica contraria a la Ley de Procedimiento Administrativo Común, una ley básica estatal, por afectar negativamente al medio ambiente” explican desde la organización sindical.
“Pasados tres años, en vez de adaptar la Ley de Caza a la Ley de Procedimiento Administrativo Común, el Botànic ha hecho lo contrario: cambiar la Ley de caza incumpliendo flagrantemente la ley básica estatal que regula el silencio administrativa de forma clara y contraria a la modificación aprobada, dejando la actividad cinegética sin control público” denuncian desde CGT.
En vista de esta situación, los agentes medioambientales de la CGT han instado a la Generalitat, Joan Calabuig i Rull, secretari autonòmic per a la Unió Europea i Relacions Externes y Daría Terrádez Salom, directora general de Relacions amb la Unió Europea i l’Estat, y al Gobierno Central, Alfredo González Gómez, secretario de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez Páez, secretaria general de Coordinación Territorial y Fernando Galindo Elola-Olaso, director general de Cooperación Autonómica y Local, a que convoquen la Comisión Bilateral Generalitat Valenciana – Estado, con el objetivo de que se rectifique la modificación de los cambios de la Ley de caza valenciana aprobados en la Ley 7/21 de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2022, antes de que se cumpla el plazo de tres meses desde la aprobación de la ley que hay para ello.
Los agentes medioambientales de CGT denuncian la privatización encubierta de la gestión cinegética por parte del Botànic, que renuncia al control público de esta actividad, dejándola en manos de la Federación de Caza, una entidad privada. “En realidad, con estos pequeños cambios se han inventado el silencio administrativo positivo e inmediato, con lo que la administración renuncia a controlar la actividad cinegética y convierte a la Federación de Caza, que es quien presenta los documentos de los clubes de caza, en una administración paralela, lo que representa una privatización encubierta de la gestión cinegética” afirman desde CGT.
La organización anarcosindicalista reclama que la Conselleria de Agricultura “no puede seguir ignorando su obligación de vigilar el cumplimiento de las leyes de su competencia a través de su personal, tanto técnicos como agentes medioambientales”. Los agentes de CGT acusan al Consell de “estafar a la ciudadanía, pues están cobrando un sueldo público y no les dejan trabajar por el total abandono de su servicio, que les impide vigilar el cumplimiento de la Ley de caza”.
CGT explica que “es imposible cumplir el trabajo con más de un 30 % de vacantes en algunas comarcas, sin formación ni medios, además la Conselleria hace años que ha dejado de organizar sus servicios de vigilancia” y siguen denunciando que no es que no tengan chalecos antibalas, es que muchos no tienen ni uniforme ni ninguna otra equipación. “cuando han pedido un chaleco antibalas para servicios de caza se lo han negado, diciéndoles que nadie les obliga a exponerse, incluso la Consellera les recomendó públicamente que si ven algo ilegal, llamen a la Guardia Civil, lo cual es claramente una invitación a no trabajar”.
