En las tres denuncias presentadas por el gerente de Reyval contra el portavoz de la Plataforma Ciutadana No a la Contaminació, le acusaba de “sendos delitos de denuncia falsa” e “influir con violencia e intimidación en un testigo” y además de “falso testimonio”.
Como se puede deducir de los motivos de las denuncias, que no conocíamos, la mercantil y su gerente intentan evitar que los ciudadanos denuncien las posibles faltas administrativas o presuntos delitos que se pudieran observar en las actividades de riesgo ambiental, como lo son la gestión de los residuos sanitarios infecciosos, origen de las dos primeras denuncias, también de la actividad presuntamente ilícita en el vertedero del Regatell, en la que actuó como testigo nuestro portavoz y del que ahora Reyval le acusa de falso testimonio.
Es notorio que, detrás de las denuncias de una empresa y un empresario con muchos intereses económicos en una actividad de gestión de residuos peligrosos, a la que se le han incoado numerosos expedientes administrativos y penales, exista un objetivo claro: asustar a cualquier vecino, de cualquier lugar, para evitar que se presenten denuncias o testimonios ante las administraciones públicas o los tribunales de justicia por actos que puedan suponer una presunta falta administrativa o delito, algo que el artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) dice que es un deber:” El que presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del Juez de instrucción, de paz, comarcal o municipal, o funcionario fiscal más próximo al sitio en que se hallare.” Es más, articulo 262 de la misma ley dice: “Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante.” lo que obliga a todos los que por cargo, puedan tener conocimiento de esos posibles delitos.
Nuestro portavoz viene denunciando desde hace 13 años los presuntos delitos de los que tiene conocimiento, a pesar de que a algunos no les guste, especialmente a los que tienen mucho dinero y piensan que con él pueden comprar las voluntades de todos. Debería ser un ejemplo para todos, los que, en silencio, soportan el conocimiento de muchas faltas administrativas y presuntos delitos y no denuncian, a pesar de sus cargos públicos, a pesar de que con sus conocimientos científicos puedan saber de esas faltas administrativas y penales. Aquí podemos incluir a técnicos medioambientales, químicos, médicos, sanitarios, responsables técnicos de empresas contaminantes, que, ante el miedo a perder sus puestos de trabajo, no se atreven a denunciar a los que mandan realmente. También al resto de ciudadanos que piensan que puede afectar su vida laboral y social, en todos los sentidos. Ese es el verdadero chantaje que cometen algunos empresarios sin escrúpulos, por desgracia, es legal….mientras lo permitamos.
Plataforma Ciutadana No a la Contaminació / Asamblea Ciutadana No a la Incineradora
