Antonio Pérez Collado
Encomiable, persuasiva, persistente… la campaña laudatoria del nuevo pacto sobre pensiones que firmantes y defensores están desplegando para presentar como un feliz avance lo que simplemente es un nuevo recorte al derecho a unas pensiones universales, dignas y progresivas. La estrategia no es nueva porque ya se ha usado para dulcificar o blanquear anteriores pactos difíciles de vender sin añadirles algún tipo de saborizante.
Desde los ya lejanos y tristes pactos de la Moncloa hasta nuestros días han sido abundantes los acuerdos entre patronal, sindicatos mayoritarios y gobierno de turno para ir recortando derechos y condiciones laborales que ese mismo sindicalismo (cuando aún se reivindicaba de clase) había contribuido a conquistar.
En esta ocasión la maniobra consiste en resaltar especialmente los puntos que representan algún cambio positivo y pasar de puntillas sobre los aspectos más lesivos del acuerdo; además, y como resulta que dichos cambios son bastante complejos y su aplicación no será inmediata, confían en que los goles de la Eurocopa, los sustos de la pandemia y la proximidad de las vacaciones permitan que la noticia pase desapercibida para la mayoría social.
Siguiendo esas reglas básicas se pone el acento en que quedan derogados el factor de sostenibilidad (que vinculaba la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida, pero que nunca se aplicó) y la posibilidad de fijar subidas inferiores al IPC en tiempos de crisis, otro punto de la reforma del PP (1913) que con el gobierno actual se dejó de imponer. Lo que no se dice es que se mantienen todos los contenidos de la reforma de 1911 (pactada por el PSOE con UGT y CC.OO) que de forma gradual nos está retrasando la edad de jubilación de los 65 años a los 67, además de aumentar los años de cotización exigidos (de 35 a 37 años; 38 y medio para hacerlo a los 65) para tener derecho al 100% de la pensión y de retrasar (de 61 a 63 años la edad de las jubilaciones anticipadas).
En cuanto a las novedades de este reciente acuerdo que con tanto secreto se ha negociado y que todavía no está completo, lo más destacable es que se trata de una serie de medidas encaminadas a retrasa aún más la edad del merecido retiro de los trabajadores. Para ello se establecen toda una serie de penalizaciones a las jubilaciones adelantadas (que pueden llegar al 21%) y se fijan diversos incentivos – reducción de cotizaciones y gratificaciones del 4% por año- para quienes se animen a retrasar la edad de su salida de la empresa.
Aunque se ha venido argumentando que el sistema de pensiones era insostenible, lo cierto es que los cambios obedecen a la voluntad de bancos y aseguradoras de forzar a gran parte de los trabajadores a contratar una jubilación complementaria con un fondo de pensiones privado. El razonamiento sobre lo mucho que pueden aportar con su dilatada experiencia quienes se jubilan a los 65 años podría servir para algunas profesiones relacionadas con la cultura o la ciencia, pero para la mayoría de obreros de la fábrica, la obra o los servicios no tiene ningún sentido. Eso por no hablar de la incongruencia que supone mantener en los puestos de trabajo a personas agotadas vitalmente y no incorporar al mundo laboral a ese 42% de jóvenes que con mucha más formación e ilusiones se pasan en el paro los mejores años de su vida.
Antonio Pérez Collado
CGT-PViM
