Ha pasado un año desde que la pandemia del Covid-19 llegó a nuestro país. Un año que dejó patente que sólo a través de servicios públicos podemos tener una buena calidad de vida y a la vez nos ha señalado sus necesarias mejoras. ¿Qué hubiera pasado si nuestra sanidad, si nuestro transporte público, si nuestras residencias, si nuestros servicios sociales, si nuestra producción farmacéutica tuvieran toda la estructura y la financiación necesaria?
La gestión y la contención de la pandemia hubiera sido muy diferente si nuestro sistema sanitario se basara en la atención primaria comunitaria. Este diseño de salud pública está basado en los programas de salud comunitaria que tienen en cuenta los aspectos físicos, mentales, sociales, laborales y ambientales que intervienen en las enfermedades con especial atención en la prevención y promoción de la salud. Reduciendo así la deriva medicalizadora del sistema. Este modelo nos da unas herramientas epidemiológicas muy importantes tanto para controlar epidemias como para la gestión general de la salud pública.
La semi-privatización de nuestro sistema de salud ha conseguido que durante las tres olas los centros sanitarios se hayan colapsado. Diversas organizaciones ya alertan de sus consecuencias más allá de las víctimas del Covid-19 por la falta de detección precoz y de la interrupción de tratamientos. Lo que sabremos en los próximos años es la gravedad de ellas. Por lo tanto es fundamental revertir una pivatización que sólo sirve para crear chiringuitos, y mejorar el modelo sanitario.
Este diseño de salud pública está basado en los programas de salud comunitaria que tienen en cuenta los aspectos físicos, mentales, sociales, laborales y ambientales que intervienen en las enfermedades con especial atención en la prevención y promoción de la salud
La comunidad entera tenemos que participar en la gestión del sistema sanitario y de nuestra propia salud. Una gestión democrática conlleva medidas legítimas que hubieran evitados mucho de los atropellos a nuestros Derechos Fundamentales.
El modelo de residencias privadas ha fracasado. Ante la falta de voluntad política para investigar la gestión durante la pandemia se hará difícil conocer todas las negligencias ocurridas, pero la cifras hablan por sí solas, el 43% de las personas fallecidas lo hicieron en residencias. El modelo se vuelve a presentar como una estafa perversa: a la vez que se deja que las multinacionales que controlan las residencias ganen miles de millones, se les permite la espantada cuando hay una crisis, con decenas de miles de muertos por medio. El modelo público vuelve a ser la única alternativa.
También la compra y administración de las vacunas está siendo una estafa. La UE oculta los contratos con las farmacéuticas, de los que sabemos muy poco. Una de las pocas cosas ciertas es que los fondos públicos han financiado la investigación, el desarrollo, la capacidad productiva, pero las patentes resultantes son privadas. Estamos pagando cuatro veces el valor de la vacuna. Es intolerable que en medio de la mayor crisis sanitaria en décadas, los gobernantes antepongan el más obsceno beneficio empresarial a nuestras vidas. Exigimos la liberación de las patentes. Exigimos un sistema farmacéutico público que actue bajo criterios científicos.
Libertad es el Derecho a una vida digna. Libertad es, por ejemplo, el Derecho a recibir el tratamiento sanitario adecuado sin importar si puedes pagarlo. Deberíamos recordar más a menudo que esta conquista es poco frecuente en otros lugares del mundo, que en otros países desarrollados si no puedes pagar un tratamiento a tu enfermedad, te mueres o quedas tullido y ya está. Deberíamos recordarlo más a menudo porque el deterioro de la calidad del servicio público ataca nuestro Derecho a una vida digna, pese a que la propaganda de las élites lo vendan como si fuera libertad.
