Artículo de opinión del Secretario General de la Federación Provincial de Sindicatos CGT de Alicante publicado en el diario Información
Basta con escuchar las noticias o mirar las portadas de los periódicos para saber que algo huele a podrido en este país: la corrupción política, judicial y empresarial campa por sus respetos y acapara los titulares, mostrando el abundante y continuado saqueo de las arcas públicas, la falta de garantías judiciales para los más necesitados, la connivencia delictiva entre poderes públicos que debieran ser independientes.
Hace unas semanas que el gobierno presentó los presupuestos para 2017, señalando que son los del “crecimiento económico (…) ya hemos salido de la indigencia”. Pero los recortes y la austeridad que imponen autoritariamente Bruselas y la Troika significan que las personas pensionistas (más de 8,5 millones) financiarán buena parte de los ingresos que se redistribuyen el sector financiero y las grandes empresas y corporaciones, por la vía de subir las pensiones un 0,25%, cuando la inflación se situará entre el 2% y el 3% a fin de año.
Y los empleados de las administraciones públicas también financiarán los beneficios de los banqueros y grandes empresas; por una parte, por perder poder adquisitivo al subirles los salarios sólo un1% respecto de una inflación como la antedicha; por otra, no invirtiendo en empleo público, que ha sufrido la supresión de 150.000 puestos de trabajo desde 2008, en Educación, Sanidad, Dependencia, Cultura, Investigación….
La descapitalización de la Seguridad Social se debe a la grave caída de los ingresos vía cotizaciones (empresariales y trabajadores); a los mayores gastos del Estado al tener que abonar las cotizaciones en situaciones de desempleo; a los menores ingresos por cotizaciones por la devaluación masiva de los salarios que se pagan a los nuevos contratos a partir de la reforma laboral de 2012; y al mayor gasto de las personas pensionistas que acceden a la situación de jubilación en estos años.
Las cifras del desempleo, sobre todo entre jóvenes y mujeres, siguen siendo inaceptables, la gran mayoría de los nuevos contratos son temporales, con salarios de miseria y condiciones laborales del siglo XIX. La clase trabajadora se debate entre la desesperación de no poder desarrollar proyectos de vida dignos y la mayor precariedad de las condiciones laborales y sociales, mientras la pobreza y la desigualdad crecen a pasos agigantados y los empresarios hacen un ERE tras otro.
En este contexto, hace pocas semanas, el gobierno, la patronal y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF hablaron del nuevo pacto social (otro más, que servirá, como los anteriores, para recortar nuestros salarios y derechos), cuya principal característica, sería la creación de 250.000 puestos de trabajo público en tres años. Pero cuidado, no se trata de empleo nuevo, sino de convertir a los interinos en fijos, por ocupar puestos de trabajo estructurales, tal como marca la jurisprudencia europea. Además, se pretende “retocar” el Pacto de Toledo para recortar aún más las ya precarias pensiones públicas.
Dos recientes sentencias del Tribunal Supremo mantienen, la una, que las empresas no necesitan llevar el registro de la jornada diaria efectiva de la plantilla, con lo cual los representantes legales de los trabajadores no podrán conocer las horas efectivamente trabajadas. La otra persigue vaciar el derecho de huelga, legalizando el esquirolaje empresarial vía subcontratación. La CGT interpondrá Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional.
El llamado “asalto a las instituciones”, que tantas ilusiones levantó, ha resultado ser un espejismo, dejando claro que la lucha en la calle, gobierne quien gobierne, es la única vía para recuperar los derechos y las libertades que nos han quitado, para llevar a cabo transformaciones sociales y para defender el patrimonio de la colectividad, los servicios públicos como derechos esenciales de todas las personas.
En Alicante, este Primero de Mayo tiene un marcado componente antirrepresivo propio puesto que algunos de sus vecinos, las siete personas encausadas por la protesta realizada contra la llegada del AVE a nuestra ciudad y el delegado sindical de CGT en la empresa BONNYSA, van a ser juzgados por ejercer su derecho a la libertad de expresión y manifestación. Los primeros, que pueden ser condenados a años de cárcel, por la protesta en la estación de RENFE; el segundo, y la CGT, por mostrar una pancarta que decía “BONNYSA morosa, explota, cobra y no paga”, por lo que la empresa pide 6.000 euros de indemnización, entre otras, en concepto de intromisión ilegítima en su derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen
El 1 de mayo la CGT estará en la calle, en confluencia con los movimientos sociales y colectivos en lucha, reclamando un cambio de modelo social basado en el reparto de la riqueza, el apoyo mutuo, la igualdad y la autogestión.
Baltasar Palicio Maestre
Secretario General
Federación Provincial de Sindicatos CGT de Alicante
