CGT advierte que las medidas presentadas por el Gobierno español para paliar los efectos del COVID19 son insuficientes

La organización anarcosindicalista considera que estas medidas protegen parcialmente, dejando atrás a muchos colectivos vulnerables de la sociedad

La Confederación General del Trabajo (CGT), a través de este comunicado, ha manifestado que el paquete de medidas aprobadas por el Gobierno sigue sin cubrir las necesidades de las personas más empobrecidas de la sociedad. El tan esperado “plan social” frente al COVID 19, supone una ayuda parcial a algunos de los colectivos más desprotegidos y expuestos a esta crisis, sin embargo, las medidas propuestas excluyen a otros más precarizados que están asfixiados ante esta situación.

La organización anarcosindicalista es consciente de la complejidad política que implica este estado de excepción. Sin embargo, sigue recalcando la necesidad de poner el foco en aquellas personas más afectadas por la falta de ingresos. CGT señala directamente a colectivos que ya han cargado con el coste de la crisis más de una década y que ahora, este Gobierno, no puede permitir que sean las mismas personas las que vuelvan a asumir el coste de esta crisis. Por ello, CGT defiende que estas medidas no son más que parches que tapan de forma parcial y provisional una problemática social de una dimensión enorme y sin precedentes.

En una carta de la CGT al Gobierno español enviada hace unos días, este sindicato ya exigía que de manera urgente se activasen las medidas necesarias para acabar con la discriminación y exclusión injustificable del colectivo de empleadas del hogar. Si bien el nuevo RD aborda la problemática de estas trabajadoras, lo cierto es que existen aspectos que o bien han sido omitidos o son insuficientes. Por un lado, las medidas aprobadas no tienen en cuenta a las más de 200.000 empleadas del hogar que trabajan sin ser dadas de alta a la Seguridad Social. Este es uno de los sectores más expuestos a la precariedad, a la exclusión y al contagio, y la falta de recursos económicos supone la irremediable exclusión social y empobrecimiento extremo de muchísimas mujeres que realizan uno de los trabajos imprescindibles para sostener el mundo y las vidas. Asimismo, en cuanto a las casi 400.000 mujeres dadas de alta en la seguridad social como empleadas de hogar, podrán cobrar la cuantía de este “subsidio extraordinario” si han visto reducido su trabajo parcial o completamente. Sin embargo, esta prestación será del 70% de su base de cotización y tendrá como tope el salario mínimo interprofesional. Desde CGT defienden que esta medida es insuficiente ya que debido a que el empleo doméstico no cotiza por sus ingresos sino por tramos salariales que elige el empleador, estos subsidios serán muy inferiores a los ingresos que percibían. Además, el límite de cuantía máxima no utiliza los mismos criterios que en el caso de las personas afectadas por un ERTE, limita la cuantía al salario mínimo y no tiene en cuenta si tienen cargas por hijos o hijas.

En otro de los comunicados emitidos la pasada semana, la organización anarcosindicalista también ponía el acento en el abandono de las personas trabajadoras temporales y en la necesidad de tomar medidas excepcionales ante su situación de máxima precariedad y abandono. La temporalidad es uno de los rasgos característicos del mercado laboral español. El 90% de los contratos que se firman cada mes son temporales, y aproximadamente el 27% de las personas asalariadas tienen contrato por tiempo limitado. Además, una de las tendencias que se han dado con la crisis ha sido el aumento de contratos de menor duración. Más de 400.000 personas tienen empleos con una duración inferior a 2 meses y cerca de 200.000 personas están cedidos a empresas de trabajo temporal. En este sentido, desde CGT ven insuficiente la medida tomada por el Ejecutivo de PSOE-UP en dos sentidos. Por un lado, esta ayuda va dirigida a todas aquellas personas con contrato temporal que no hayan podido optar al paro u otros subsidios, siendo el requisito principal tener un contrato superior a dos meses. Una exigencia que se entiende especialmente injusta cuando uno de las dinámicas a las que están expuestas las personas con contratos temporales es enlazar de forma fraudulenta un contrato temporal tras otro (ya sea para una ETT como para un centro de trabajo). Este requisito, deja fuera justamente a  personas aun más vulnerables dentro de este colectivo, por ello CGT exige que sean consideradas para acceder al subsidio. Y, por otro lado, es insuficiente la cuantía correspondiente al 80% del IPREM, es decir, 430 € durante un mes (con posibilidad de extenderse temporalmente si el estado de alarma continua), independientemente de sus salarios o sus circunstancias personales y familiares.

Además de las medidas de carácter laboral que afectan a una parte de la clase trabajadora, el Gobierno también a aprobado en el mismo RD otras medidas de carácter económico y social que pretenden ser un balón de oxígeno para la clase trabajadores, pero que, sin embargo, nos continúan siendo insuficientes dada la dimensión de la problemática.

En relación a los alquileres, otra de las medidas aprobadas en este Plan, cabe resaltar que CGT celebra la paralización de los desahucios por impago de alquiler y la prórroga de los contratos durante 6 meses. Sin embargo, no comparte el establecimiento de los microcréditos (aunque sean a interés cero) a las personas afectadas por la crisis del COVID 19, ya que implica que las personas más afectadas carguen con esta crisis en base al endeudamiento. Si bien es importante diferenciar entre los arrendadores que tienen una única vivienda en propiedad y necesiten estos ingresos para cubrir sus gastos básicos y los fondos buitres o la patronal de la vivienda, desde CGT se cree que, con estas medidas, más que proteger a las familias afectadas, se está protegiendo los beneficios y privilegios de los grandes propietarios. Ya que, en caso de aquellos con más de 10 viviendas en propiedad o fondos de inversión, los inquilinos se podrán acoger a una moratoria de cuatro meses y una vez transcurrido el periodo deberá haber acuerdo entre ambas partes. En caso de no llegar a un pacto, dan la opción de acogerse a una quita de la deuda del 50%  o bien una reestructuración de dicha deuda en dos/tres años. Ante una situación tan extraordinaria como la actual, CGT manifiesta que esta medida no es una buena solución para amparar a las personas inquilinas más perjudicadas por esta crisis. Por ello, desde este sindicato piden que se proceda a la suspensión de pagos como ayudas determinantes a las personal inquilinas que han visto reducidos sus ingresos y que el Gobierno del Estado español garantice un derecho básico como la vivienda a las personas más afectadas por esta crisis.

Otra de las medidas aprobadas es la prohibición de cortar el suministro energético y el agua durante estado de alarma, tanto en los hogares, así como en el caso de los autónomos y pymes, que también podrán acogerse a una “suspensión temporal” en el pago de suministros y adaptar sus contratos a sus nuevas realidades de consumo, sin ninguna penalización. En el caso, para las personas y hogares vulnerables, se les permite una moratoria en el pago de las facturas y en caso de cumplir con las condiciones para percibir el bono social, éstas podrán sumarse a la posibilidad de que te hagan descuentos en la factura energética. Descuentos que van del 25% al 50% de la misma, pero que en ningún caso permite la suspensión temporal de las facturas al 100% (en caso de no percibir ningún ingreso). CGT considera injusto que las personas que no tienen recursos tengan que acogerse a una moratoria en el pago de sus facturas o a un descuento de las mismas. El hecho de no percibir ingresos en los hogares por la crisis del COVID 19, supone para muchas familias el empobrecimiento y la exclusión social, por ello, consideramos que, el Gobierno debe de garantizar los suministros energéticos y de agua a estas personas y hogares al 100%, sin moratorias en los pagos ni descuentos, hasta que su situación socioeconómica vuelva a recuperarse.

Desde CGT defienden que, ante este estado de alarma, los costes sociales y económicos que va a suponer para la sociedad no pueden recaer, de nuevo, sobre las mismas personas, las más vulnerables y empobrecidas. La situación de pobreza y exclusión social ya era preocupante antes de la llegada del COVID19. Si no se toman medidas integrales y contundentes que garanticen a las personas más afectadas por la falta de recursos los bienes y servicios básicos para vivir, el futuro post-crisis serán aún más complicado y difícil de solucionar.