CGT critica la falta de decisión del Consell sobre la reestructuración del sector público instrumental de la Generalitat, ha pasado más de un año desde que se asumió el Consell y la continuidad es la principal línea de actuación.
Hay entes públicos en los que no se ha auditado todavía su funcionamiento que debería haber incidido en todos los aspectos de la gestión:
– La auditoría laboral puesto que fue generalizado el acceso a estos entes sin garantizar los principios constitucionales de publicidad, igualdad, mérito y capacidad. Respecto de estos casos de “enchufismo” CGT ya ha exigido y denunciado por escrito casos concretos, como en Culturarts (donde tenemos una sección sindical recientemente constituida, y que ha denunciado graves casos de corrupción y de enchufismo), o Imelsa (Diputación de Valencia), solicitando la nulidad de las contrataciones irregulares, y de esa forma evitar despidos e indemnizaciones millonarias a personas que accedieron a un empleo público de forma claramente ilegal (e inconstitucional).
– La auditoría de la gestión económica, pues hay que recordar que la mayoría de casos de corrupción del PP se produjeron en el sector público (RTVV con un agujero de 1300 millones, CIEGSA, VAERSA, Aeropuesto de Castellón, Ciudad de la Luz, etc). La falta de controles jurídicos, económicos, etc ha sido fuente de corrupción.
CGT no aceptará un lavado de los “enchufados” del sector público, exigimos la auditoría laboral de todo el sector público para limpiarlo de toda la corrupción (el enchufismo también es corrupción), y sorprende que todas las ilegalidades cometidas en la gestión del personal no haya sido motivo de denuncia clara y contundente por parte de los sindicatos que tienen representación en estos entes, porque no lo hicieron antes con el PP ni ahora con el nuevo Consell. El silencio sindical en estas entidades y en la Generalitat ha sido total.
Ahora sorprende que se ponga el énfasis en la publicación de las RPT, cuando el PP de forma descarada tuvo que modificar el plazo de publicación mediante ley (a través de las leyes de acompañamiento anuales) hasta en DOS ocasiones, ante la incapacidad y la falta de voluntad para cumplirlo.
Por otro lado, reclamamos un estudio serio de la sostenibilidad del sector público y de los costes en comparación con el coste de revertir una gran parte de sus funciones a la administración del Consell, es decir, a las Consellerias.
En este sentido, recordamos que en la fiscalización que realizó la Intervención General de la Generalitat en 2012 sobre la empresa pública VAERSA, la conclusión fue que el encomendar funciones a VAERSA por parte de las Consellerias suponía un sobrecoste superior al 26%.
Por ello, consideramos que el estudio debe valorar la reversión de funciones de estos entes públicos a las Consellerias, dotándoles de personal adecuadamente, puesto que resulta más económico y con ello se garantiza la legalidad, objetividad e imparcialidad en la gestión de las funciones y servicios públicos, a través de personal empleado público. Además no hay que olvidar que la situación del personal contratado en los entes públicos se precariza, percibe menos salario que el del Consell, etc.
Ya no valen más excusas, se niega la dotación adecuada de personal en las Consellerias, pero sí se permite la contratación externa de personal a través de las empresas públicas, y de las privatiozaciones, costándonos más y precarizando el empleo. Lo mismo que hacía el PP.
Valencia, 2 de noviembre 2016.
Sección Sindical de CGT en la Generalitat. Sindicato de Administración Pública de CGT.
