Entre las multadas se encuentra Santiago de la Iglesia, compañero responsable de la acción social de la CGT en el territorio madrileño
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha mostrado su solidaridad con las antimilitaristas que participaron en el acto de desobediencia civil, organizado por ‘Desarma Madrid’, del pasado 28 de junio contra la cumbre de la OTAN. En esta acción participaron varias activistas, pertenecientes a diferentes colectivos civiles, convirtiendo simbólicamente la “escuela de guerra” en “escuela de paz”.
Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado español, es decir, la policía del Gobierno más progresista de la historia, que se respaldó una vez más en la Ley Mordaza, procedieron a sancionar a varias de estas personas, entre quienes se encontraba Santiago de la Iglesia, actualmente Secretario de Acción Social de CGT MCLMEx.
La organización anarcosindicalista ha manifestado, a través de este comunicado, su repulsa a estas sanciones por entender que se vuelve a utilizar la Ley Mordaza para criminalizar y perseguir el derecho a la protesta de la ciudadanía organizada. En este sentido, desde CGT indican que la Ley Mordaza, lejos de derogarse como prometieron las formaciones del actual Gobierno español, sigue vigente, limitando derechos y fundamentales de las personas y otorgando un poder inmenso a los cuerpos y fuerzas de represión.
CGT considera que la desobediencia civil y la acción directa no violenta, por la que se caracteriza el movimiento antimilitarista, sigue resultado eficaz a la hora de señalar y denunciar la subordinación de este Gobierno de “izquierdas” a los intereses de la OTAN y la industria militar. CGT también ha recordado en este comunicado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año contemplan partidas económicas más elevadas para gastar en la industria militar.
Los y las anarcosindicalistas seguirán exigiendo el fin de las inversiones económicas en armamento, e igualmente, continuarán denunciando la deriva represiva del Estado a través del respaldo de cuantas acciones se lleven a cabo contra la criminalización de la protesta y de la acción social.
