CGT muestra su rechazo a los PGE por el  importante aumento económico para armamento y defensa en plena crisis socioeconómica

La organización anarcosindicalista indica que un presupuesto “beneficioso para la mayoría social” no puede otorgar 3.036 millones de € más que el año anterior al militarismo

Las personas trabajadoras son quienes, recibiendo menos, siguen aportando más a la “caja común” del Estado

La Confederación General del Trabajo (CGT) muestra, a través de un comunicado, su total rechazo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2023 tras conocerse el importante incremento que el Gobierno “más progresista de la historia” va a realizar a la industria armamentística y al militarismo en general. En este sentido, la organización anarcosindicalista ha manifestado que estos presupuestos que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos están vendiendo como “beneficiosos para la mayoría social” no van a mitigar los efectos que la actual crisis está ejerciendo sobre las personas más vulnerables de nuestra sociedad. Así, la clase trabajadora deberá continuar soportando el brutal aumento de bienes y servicios básicos para una vida digna, como la alimentación, la calefacción, el transporte, la sanidad, la educación, la vivienda, etc.

Por otro lado, la CGT ha analizado el reparto de la riqueza en función de estos PGE. De este modo, de los 389.297 millones € que van a recaudarse, 269.000 millones de € (69 %) procederán de los impuestos directos y de las cotizaciones sociales. De este modo, el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF), aportado por la clase trabajadora (activa y jubilada), será de 113.123 millones de € de ese 69 %. El empresariado, a través del impuesto de sociedades, solo entregará al Estado 28.519 millones de euros, un 10’60 % del 69 %. Y en relación a las cotizaciones sociales, es decir, los pagos a la Seguridad Social realizados por personas trabajadoras y empresas, supondrán en estos presupuestos 152.075 millones de €. Estos datos vuelven a evidenciar lo que desde siempre han defendido los y las anarcosindicalistas: la riqueza es creada por la clase trabajadora para ser expropiada por el capital.

CGT también indica que el sistema de impuestos del Estado español está perfectamente diseñado para que quienes menos tienen sean también quienes más aporten, mientras que quienes más poseen continúen viviendo holgadamente sin enterarse de las crisis. Además, explican desde CGT, la clase trabajadora, que es la que en mayor medida contribuye en los PGE, es la que tiene salarios y pensiones más bajos. Es por ello que el IVA –otro impuesto ligado a bienes y servicios imprescindibles que se grava sobre el consumo independientemente de la renta de cada persona- no tiene la misma repercusión sobre un salario o pensión de 1000 euros que sobre otro de 800.000 euros. A esto hay que sumarle la subida de los precios (inflación), que solo beneficia al Estado en detrimento de quienes peor lo están pasando.

CGT considera que un año más se vuelve a repartir la riqueza generada por la mayoría social beneficiando a quienes más tienen, que son también quienes no conocen el sufrimiento de vivir sin poder llegar a fin de mes, pagar el alquiler o calentar el hogar en pleno invierno.

CGT expresa que el Gobierno  ha demostrado que entrar en las instituciones para revertir el sistema en favor de la mayoría social y más vulnerable no ha servido de mucho, porque la brecha salarial y las desigualdades entre clases, lejos de disminuir se ha acentuado más. Además, CGT recuerda que desde las instituciones del Estado se continúa legislando a favor de las poderosas multinacionales, que continuarán teniendo el control de recursos esenciales de la población para continuar haciendo negocio con ellos. Es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con el oligopolio de la energía o la banca.

Las medidas adoptadas en cuanto a revalorización de pensiones o recursos para los jóvenes por el Gobierno y aprobadas en esta primera fase en el Parlamento son insuficientes según CGT. La brecha de las pensiones se sigue manteniendo, como hasta ahora. O la revalorización salarial de los empleados públicos la sitúa en un 2,5% en 2023, cuando la subida del IPC se acerca al 8,5% en 2022 (según estimaciones del Departamento de análisis de Bankinter). O como insuficientes son la revalorización del 8,55 del Ingreso Mínimo Vital o la subida de 100 euros de media al mes para los 300.000 parados que calcula el Gobierno. Medidas que una vez más son pan para hoy y hambre para mañana.

En cuanto a las inversiones recogidas en el Plan de Recuperación de 25.156 millones, que según el Gobierno es un pilar para avanzar hacia un nuevo modelo productivo, con el impulso de políticas de I+D+I, nos tememos que irán destinadas a sectores y empresas que seguirán embolsándose los dineros públicos a costa del esfuerzo y aportación de la clase trabajadora. La riqueza la generan los de siempre, los trabajadores y trabajadoras, y los beneficios van a parar a las mismas manos, las grandes empresas y oligopolios.

Ante esta radiografía de los PGE y desde la organización anarcosindicalista, se vuelve a incidir que la única salida a esta nueva crisis es un reparto más justo de la riqueza.