La CGT manifiesta su esperanza, con todas las cautelas, ante las decisiones del Ministerio de Política Territorial y de la Presidencia de la Generalitat de solicitar informes a diversos departamentos antes de convocar la Comisión Bilateral Estado-Generalitat para abordar la inconstitucionalidad de la modificación de la Ley de Caza valenciana..
La organización anarcosindicalista ha recibido sendas comunicaciones del Ministerio de Política Territorial y de la Presidencia de la Generalitat ante la denuncia presentada por esta organización sindical contra la modificación de la Ley de Caza valenciana, por considerarla inconstitucional, informando que se han solicitado informes a los Departamentos afectados (Ministerios de Agricultura, Pesca y Alimentación; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; y de Transición Ecológica y Defensa; y Dirección General del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente).
CGT califica el paso dado por ambos Gobiernos como “esperanzador” , aunque advierten que “la cuestión planteada por esta organización sindical es estrictamente jurídica y debería ser valorada por las Abogacías de ambos Gobiernos”. En la denuncia CGT argumenta que la Abogacía de la Generalitat ya se pronunció a favor de su tesis en 2018, por ello, dudan “de la necesidad de requerir informe a varios Ministerios y a la Conselleria de Medio Ambiente”, y esperan y confían que “no se trate de una maniobra para alargar y desviar la atención hacia valoraciones no estrictamente jurídicas”.
“No vamos a consentir que los gobiernos más progresistas de la historia se escondan tras la burocracia para consolidar una norma claramente inconstitucional, en perjuicio del medio ambiente, y a favor del descontrol en la planificación de la actividad cinegética” afirman representantes de la organización anarcosindicalista.
Pero incluso, aunque se pudiera plantear su constitucionalidad, lo que para este sindicato se considera inconcebible, no hay que olvidar que a favor de la tesis de CGT se han pronunciado la Abogacía de la propia Generalitat y la Fiscalía Provincial de Valencia, la finalidad última de la Ley de Procedimiento Administrativo Común es tan clara y firme en su pretensión de establecer el carácter desestimatorio del silencio administrativo en el caso de la autorización de cualquier actividad que pueda dañar el medio ambiente, que el sindicato considera “políticamente inaceptable que dos Gobiernos que se consideran progresistas opten por una interpretación de la norma favorable al lobby cinegético para anular los controles administrativos, frente a la defensa del medio ambiente, a través de un control administrativo ejercido por personal funcionario público independiente”.
Por ello, CGT hace también un llamamiento a estos Gobiernos para que “se dediquen a prestigiar y a potenciar la Función Pública y dejen de defenestrarla con decisiones que persiguen la privatización de los controles administrativos”.
La organización anarcosindicalista considera “totalmente inaceptable e hipócrita la sobreactuación en los discursos en defensa del desarrollo sostenible, que se contradice flagrantemente con acciones radicalmente contrarias a dichos principios, como en el presente caso, u otros de gran trascendencia por su grave impacto ambiental como la ampliación del puerto de Valencia o los macroproyectos de grandes infraestructuras de transporte ferroviario o por carretera que amenazan gravemente el territorio y el medio natural valenciano”.
CGT va a seguir “exigiendo con firmeza, hasta el último minuto antes de que se cumpla el plazo legal, que la Comisión Bilateral Estado-Generalitat inste la derogación de la modificación de la Ley de Caza, que consideramos inconstitucional por ser contraria a la Ley de Procedimiento Administrativo Común, y por atentar gravemente a la protección del medio natural”.
