Nota de prensa
La Confederación General del Trabajo advierte de la necesidad de replantearse el posible despido de los trabajadores que accedieron a través de estas contrataciones, que supondrían el pago de indemnizaciones millonarias a personal que fue contratado de forma manifiestamente ilegal.
La CGT, ante el anuncio realizado por la Diputación de Valencia de proceder al despido del personal contratado de manera irregular a través de la empresa pública IMELSA, exige a los nuevos gestores de la Diputación que reconsidere la solución anunciada, del pago de indemnizaciones millonarias por despido, dado que, como reconoce la propia Diputación, los contratos se realizaron de forma fraudulenta.
En este sentido, la CGT ha presentado ante la Diputación una solicitud de revisión de oficio por entender que las contrataciones irregulares son nulas, por lo que las consecuencias son bien distintas a los despidos que anuncia la Diputación, que supondrían un desembolso millonario con cargo a los maltrechos y saqueados fondos públicos, lo cual además beneficiaria a quienes accedieron a un empleo público de forma ilegal y fraudulenta.
La Diputación, según información periodística, ha realizado un informe concluyente sobre el incumplimiento de las normas de acceso al empleo público, y reconoce por tanto, que este personal fue “enchufado”, por lo que no tiene sentido que este personal se siga beneficiando de una situación irregular y fraudulenta intencionadamente buscada, reconociendo ahora una indemnización por despido. No existe posible despido si la contratación fue fraudulenta, existe una causa de nulidad de pleno derecho clara, puesto que en la selección de ese personal se prescindió total y absolutamente del procedimiento legal establecido. Si se declara la nulidad de los contratos no procedería indemnización alguna.
Pero hay más, la CGT no se queda sólo en la petición de nulidad sino que exige que se depuren responsabilidades de los gestores que realizaron la contratación fraudulenta, a sabiendas de la manifiesta ilegalidad, responsabilidad que tendría naturaleza penal.
En este sentido, la CGT recuerda que la denuncia presentada por el Sindicato ante la Fiscalía Anticorrupción por casos de enchufismo en la EPSAR (Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales) dependiente del Consell, ha dado lugar a la correspondiente denuncia de la Fiscalía ante el Juzgado de Instrucción, para que prosiga la investigación judicial penal.
El sindicato recuerda igualmente que la situación detectada en la Diputación ha sido lo habitual en el sector público empresarial dependiente de cualquier Administración Pública, siendo especialmente preocupante la situación del sector público de la Generalitat, lo cual va a exigir la adopción de medidas claras y contundentes para frenar la entrada fraudulenta de personal que accedió de forma ilegal, así como evitar indemnizaciones multimillonarias por despidos, cuando lo que procede es la anulación de los contratos ilegales.
Federación Local de Valencia de Sindicatos de la CGT
2 septiembre de 2015
