Los sindicatos CGT y UGT han convocado una huelga indefinida a partir del 2 de julio en la residencia de A.F.A.P.A.D.E (Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Autismo), en la que solicitan la aplicación del nuevo convenio colectivo del sector (XV Convenio de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad), así como medidas de protección y evaluación que les permitan prestar servicios sin riesgo de contagio por coronavirus.
La plantilla reclama la aplicación inmediata del nuevo convenio colectivo y la actualización de las tablas salariales que incorpora el mismo, mientras la junta Gestora de Padres de A.F.A.P.A.D.E se niega, aduciendo su falta de capacidad para hacer frente a los incrementos retributivos, y su dependencia de las subvenciones del IMAS, que no acepta aumentar la cuantía de las mismas, según afirman los convocantes de la huelga.
Desde CGT consideran que es una obligación de A.F.A.P.A.D.E retribuir suficientemente a sus empleados, buscando las vías de financiación precisas para ello, al tiempo que apuntan a la responsabilidad del IMAS, por cuanto las competencias de atención de los usuarios del servicio son estrictamente suyas. Por ende, no hay excusa para que dicho organismo no actualice la subvención garantizando el cobro de los salarios conforme al nuevo convenio colectivo, aseguran desde el sindicato.
Los convocantes de la huelga recuerdan que los trabajadores de A.F.A.P.A.D.E están sufriendo una evidente discriminación respecto al resto de empleados, ya que, indirectamente, prestan servicios para la Administración a través de una contrata. Son los únicos empleados públicos indirectos de la Región de Murcia a quienes no se está aplicando el convenio sectorial. Y añaden, que sin razón alguna, por cuanto la Administración tiene recursos económicos más que suficientes para actualizar las tablas salariales y pagarles conforme a convenio, exactamente igual que hace con los limpiadores, personal de seguridad, trabajadores sociales y un sinfín de empleados públicos indirectos más que prestan servicios para la comunidad autónoma a través de subcontratas.
Además, las organizaciones sindicales alertan de que las condiciones laborales de la plantilla se han precarizado en lo que a prevención de riesgos se refiere, debido a la pandemia del COVID-19. Entre ellas, la imposición de turnos de trabajo de 24 horas, sin contar con los delegados de personal y sin una evaluación previa por un técnico en prevención de riesgos laborales, para la posible situación de riesgo en cada puesto de trabajo. También echan en falta disponer de los EPIs adecuados, encontrándose la plantilla en la tesitura de que no cuenta con equipos de protección necesarios (como mascarillas FPP2) y los que les entregan son manifiestamente insuficientes para afrontar futuros rebrotes de la pandemia, añaden.
Los delegados de personal de la CGT recuerdan, que las tareas de “atención a la discapacidad”, entran de lleno en las competencias del IMAS (Instituto Murciano de Acción Social) organismo público que depende la Consejería de Sanidad y Política Social, que en lugar de ejecutarlas directamente como servicio público, las tiene delegadas a AFAPADE, por lo que debería, al menos, otorgar una financiación suficiente para asumir los gastos de los trabajadores que contrata la residencia, considerándola en todo momento entidad de bien social; siempre con el objetivo principal de mejorar la integración social y la calidad de vida de sus usuarios.
