TRIBUNALES
Caso Vaersa
Decretan secreto de sumario en el ’caso Vaersa’ por nuevas pruebas
- Estarían vinculadas a un nuevo informe de la Guardia Civil solicitado por la Fiscalía
- En los registros los agentes localizaron unos 80.000 eurosJUAN NIETO Valencia. El Mundo
El juzgado de Instrucción 15 de Valencia ha dado un impulso a la investigación del «caso Vaersa», ha decretado el secreto parcial de actuaciones y ha ordenado una serie de diligencias secretas tras la aparición de nuevas pruebas, muy relevantes para esclarecer los delitos.Así consta en un auto, al que ha tenido acceso EL MUNDO, en el que la juez Silvia Vivó impone el secreto de sumario durante un mes y acuerda crear una pieza separada «que se formará para la práctica de las mismas, sin perjuicio de lo que pueda acordarse a la vista del resultado de las actuaciones».
Las nuevas pruebas estarían relacionadas con el presunto amaño de contratos
El juzgado investiga irregularidades en la gestión de fondos públicos de Vaersa, empresa pública de la Generalitat Valenciana apéndice de la Conselleria de Infraestructuras, después de que un sindicato minoritario en la Administración, la Confederación General del Trabajo (CGT), denunciara el presunto cobro irregular de dos millones de euros en sobresueldos, la compra de 65 todoterrenos sin que mediara expediente de contratación y el pago de 1,8 millones de euros por informes jurídicos al despacho de abogados de Vicente Bru -hermano del ex conseller socialista Segundo Bru- pese a que la Abogacía de la Generalitat se ofreció a prestar este servicio a cambio de 3.600 anuales.
Al parecer, las nuevas pruebas estarían vinculadas a un informe de la Guardia Civil que requirió el juzgado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, cuando detuvo a los dos últimos ex directores generales de Vaersa, Felipe Espinosa y Enrique Simó, en junio de 2014.
El informe estaría relacionado con el material incautado durante la operación. Según fuentes de la investigación, estas pruebas apuntarían al presunto amaño de contratos de una sociedad que ha estado bajo la presidencia de los ex consellers Juan Cotino e Isabel Bonig.
Durante los registros los agentes que investigan el presunto saqueo de Vaersa localizaron unos 80.000 euros -600.000 yuanes al cambio- en una cuenta corriente en China de la que es titular el ex director general Felipe Espinosa, ex director de Arab Bank en Valencia y Cataluña. Espinosa habría almacenado el dinero en una cuenta del Bank of China aprovechándose de la consideración de paraíso fiscal.
La Policía también investiga el origen del dinero y la Fiscalía Anticorrupción pidió al juzgado que autorizara nuevas diligencias y pidiera colaboración a China por si Espinosa guardaba más dinero en otras cuentas.
Todoterrenos
En febrero de este año, la Fiscalía también elevó al juzgado la denuncia de CGT por la compra irregular de los todoterrenos en base a las irregularidades detectadas por la Sindicatura de Comptes en sus informes. La Fiscalía de Valencia tomó la decisión tras analizar un nuevo informe de la Intervención General en el que confirmaba punto por punto las advertencias de la Sindicatura.
Según el informe de la Sindicatura de Cuentas sobre Vaersa de 2010, el 27 de abril de 2010 Vaersa inició un procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada para la compra de 60 vehículos todoterreno, por importe máximo de 1.380.000 euros, sin IVA. «Si bien a la licitación concurrió una oferta, Vaersa desistió del procedimiento de adjudicación, sin que en el expediente conste la documentación justificativa de la renuncia a la celebración del contrato por parte de Vaersa», conforme establece el artículo 139 de la Ley de Contratos. «Cabe añadir -puntualizó el síndic- que la única oferta presentada no fue retirada hasta el 23 de junio de 2011».
Los años que se investigan afectan a la gestión de Cotino e Isabel Bonig
Al no adjudicarse el contrato anterior, entre el 21 de julio y 28 de octubre de 2010, Vaersa adquirió 65 todoterrenos mediante la puesta en marcha de siete contratos de arrendamiento financiero, por un importe de 1.447.841 euros, con una entidad financiera, «siendo el suministrador de vehículos la empresa que se presentó a la licitación anterior».
Anticorrupción, al igual que el resto de órganos fiscalizadores de la Generalitat, sospecha que esta adquisición no fue objeto de licitación mediante un procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada, incumpliéndose otro artículo de la ley de contratos, esta vez el 174. Vaersa no informó de estos acuerdos al Registro de Contratos.
La Fiscalía también ha confirmado que la sociedad pública adquirió a lo largo de 2010 otros tres vehículos todoterreno, por importe de 69.419 euros, así como otros elementos accesorios, por importe de 90.000 euros, sin la formalización de documento contractual.
Además, al igual que en 2009, en 2010 Vaersa habría gastado por arrendamiento de otros vehículos todoterreno facturados por la misma empresa arrendadora sin formalización contractual, por importe de 786.668 euros.
En total, según CGT, se pagaron más de 2,3 millones de euros vulnerando la ley.
Hubo un precedente en la compra de 115 vehículos todoterreno de gama alta realizada en marzo de 2010 por 2.320.049 euros, aunque en esta operación sí hubo concurso. En todos los casos el presidente del consejo de administración era Juan Cotino, ex presidente de las Cortes e imputado en Gürtel.
