No ha sido uno de los puntos estrella en la agotadora campaña electoral, desde luego, pero algo se ha prometido sobre la reforma laboral; así, en singular. No sabemos si es que han olvidado las otras 51 reformas habidas desde los Pactos de la Moncloa o si pretenden que quienes las hemos sufrido olvidemos adónde nos han traído. Lo cierto es que la única promesa que se les ha escuchado a los candidatos de la izquierda al respecto ha sido su determinación inequívoca de derogar la última reforma laboral del PP.
En cierta forma nos parece normal que la derecha no diga nada en contra de las reformas laborales, porque son parte de su compromiso permanente con los intereses del capital, y hasta es entendible que el PSOE limite sus proclamas abolicionistas a la reforma de Rajoy; por mucha bronca interna que tengan no van a criticar a sus gobiernos con González y ZP. Lo que ya resulta más preocupante es que desde los grupos teóricamente más a la izquierda tampoco se proponga anular todas las reformas anteriores, que han modificado la legislación hasta dejarla irreconocible: el despido es prácticamente libre y gratuito, se ha reducido el subsidio de paro, la contratación ha pasado a ser temporal y a tiempo parcial, la flexibilidad laboral en materia de jornada, descansos, horarios y categorías está absolutamente a merced de la voluntad de la empresa, se ha retrasado la edad de jubilación y aumentado los requisitos para tener acceso a la totalidad de la misma y se ha creado una batería de disposiciones para que el empresario pueda aplicar los ERE sin más requisito que bajadas en sus previsiones de ventas.
Particularmente grave es el silencio sobre el Pacto de Toledo (1995), por el que se amplían progresivamente la edad de jubilación (de 65 a 67 años), el cómputo de tiempo cotizado para el cobro del 100% de la pensión (de 25 a 38´5 años) o el período tomado como base para calcular la cuantía de la jubilación (de los dos últimos años trabajados a los 25). Lo más patético del asunto es que tanto firmantes como supuestos expertos dijeron en su momento que el acuerdo se aplicaría para garantizar el futuro de las pensiones. Sin embargo, veinte años después, esas mismas lumbreras nos dicen que el sistema de pensiones es insostenible y está en peligro de quiebra.
Cuando hubo que justificar los severos recortes que tales acuerdos representaban, muchas voces se unieron en un coro plañidero a CEOE, UGT y CCOO para decirnos que tales sacrificios se imponían para impulsar la creación de empleo. Hoy no hay nadie que no esté quejándose de que las cifras del paro y los índices de precariedad en el empleo son de los más altos de Europa, lo que no deja de ser un reconocimiento tardío de la ineficacia de tales medidas antisociales.
Teniendo toda la información sobre el calado de las reformas y pactos, la posición de la izquierda, sobre todo de la emergente, no deja muchas dudas sobre la poca profundidad de los cambios que, en materia laboral, están sus dirigentes dispuestos a legislar. Tampoco parece descabellado pensar que las fuerzas políticas que más han celebrado el aparente final del bipartidismo, no tengan la misma voluntad de superar un bisindicalismo en pleno proceso de descomposición.
Antonio Pérez Collado
CGT-PV
