La Plataforma No a la Contaminació y la Asamblea NO a la Incineradora tuvieron conocimiento hace unos días, a través de los medios, de la firma de un convenio entre Dirección General de Calidad Ambiental y Ayuntamiento de Alcora. Hoy, después de conocer los detalles en la reunión de la Comision Reyval, denuncian que supone otra tomadura de pelo y pasar el tiempo sin aportar las pruebas necesarias para las denuncias en marcha en los juzgados de lo contencioso administrativo y de los de penal.
Es una farsa que estas dos administraciones se comprometan, sin ni siquiera marcar plazos, a realizar estas actuaciones que ya están obligadas a hacer, al menos la competente, la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medioambiente de manera subsidiaria. Es necesario que se fijen plazos para ello, algo que parece han olvidado las dos administraciones en la redacción del todavía borrador del convenio.
Desde hace años, desde finales del 2007, más de seis años, se viene exigiendo por parte de los vecinos y colectivos la necesidad de obtener pruebas de lo que se entierra en el vertedero de Reyval junto al barranco del Regatell, sin que hasta ahora se hayan tomado muestras de los residuos allí vertidos ni se tenga constancia de que lo hay enterrado cumpla las condiciones para no contaminar los acuíferos subterráneos y las aguas superficiales del barranco del Regatell, donde se detectan niveles de plomo por encima de los límites legales, al igual que en el subsuelo del la Planta de Reyval.
Después de todo este tiempo la Conselleria ha sido incapaz de obtener muestras de lo vertido en el vertedero y controlar la gestión que de los residuos peligrosos hace la empresa Reyval, permitiendo que muchos de estos residuos no se inertizaran de manera adecuada y que fueran vertidos sin conocer si cumplían las condiciones de lixiviación antes de su depósito en el vertedero del Regatell, tal como exige la ley de residuos.
La clave de la necesidad de las catas y de los piezómetros en el vertedero es conocer los riesgos que entrañan los vertidos de residuos peligrosos teóricamente inertizados, pues puede suponer afección a las aguas subterráneas de la zona y las superficiales del barranco del Regatell/pantano de Mª Cristina.
La exigencia legal de la realización de piezómetros (pozos) en las cercanías del vertedero para conocer la posible afección de las aguas subterráneas y su control analítico, que se debe mantener al menos durante 30 años posteriores al cierre o clausura, y la negativa de la empresa a realizarlos supuso la suspensión de la tramitación de la Autorizacion Ambiental para el vertedero y el cierre cautelar del mismo. Después de más de año y medio de solicitada su realización a la empresa es hora de que la administración autonómica cumpla sus obligaciones legales y realice las catas y piezómetros de una vez por todas. Las administraciones publicas y la justicia están para eso, para hacer cumplir la ley.
PLATAFORMA CIUTADANA NO A LA CONTAMINACIO/ASAMBLEA CIUTADANA NO A LA INCINERADORA
