La Seguridad Social ha puesto en circulación 8.000 millones de euros para tratar de detener la destrucción de empleo. Aun así, miles de personas denuncian que todavía no han cobrado las prestaciones. La primera prórroga ha llevado al Ministerio a intensificar la inspección para evitar el fraude. Los meses de verano son de calma tensa ante un otoño en el que se prevé una intensa destrucción de empresas y de empleos.
Hay una fecha importante marcada en el calendario del Gobierno. El 27 de octubre se conocerán los datos de la encuesta de población activa del tercer trimestre. Es la EPA más peligrosa para el Ejecutivo en su primer año. Septiembre es un mes malo para el paro, se termina la estación de verano y se esfuman decenas de miles de contratos, particularmente en el sector servicios. Este año la situación es mucho más volátil. La posibilidad de una segunda oleada de la pandemia del coronavirus se mantendrá abierta durante todo el otoño, y es probable que esa posibilidad no se cierre definitivamente hasta la llegada de una vacuna a lo largo de 2021.
Simultáneamente, el principal dique de contención contra el aumento del desempleo, los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor, es insuficiente por sí solo para contener un aumento del paro ligado al cierre de empresas pequeñas y medianas, que generan en torno a 7,5 de cada diez empleos en España. Recientemente, BBVA ha estimado que la caída del consumo por el covid-19 ha sido del 49% respecto al periodo equivalente de 2019. Una mala noticia para las empresas y, por extensión, para el conjunto de la economía.
El frágil tejido empresarial —miles de empresas sobreviven solo mediante créditos— y la especialización en sectores extremadamente flexibles —la terraza de un bar la pueden atender dos personas o diez, solo depende de la demanda, y si hay sueldos bajos y mucho paro la demanda se desploma— impiden que la solución aportada por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz aporte algo más que tiempo. No es poco cuando se trata de que cuatro millones de personas, un cuarto de la fuerza productiva del país, puedan comer, pagar sus alquileres y sus suministros, pero todo queda pendiente de un otoño en el que el impacto del covid-19 puede redoblarse.
Los datos del Informe anual del Banco de España publicado en junio muestran el efecto de los ERTE en sectores con alta volatilidad del empleo: el 54,9% de las personas trabajadoras de la hostelería, el 43,3% de las trabajadoras de actividad artísticas y de ocio y el 20% de dependientes de comercio al por mayor o menor se vieron afectadas en mayo por la suspensión temporal de sus empleos. El riesgo más evidente es que la “t” de temporal se desvanezca y pasen a engrosar las filas del paro. Desde el periodo de Felipe González la legislación laboral se ha basado en regulaciones del mercado de trabajo con la mirada corta: contratar fácil en el ciclo alcista y despedir igual de fácil en el bajista. Y el ciclo que se abre es de este segundo tipo.
José Luis Carretero, del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión, cree que, en efecto, el problema fundamental viene a partir de septiembre, tras un verano de “cierta euforia” provocada por la salida del confinamiento. Los pagos postergados a Hacienda y, en el caso de autónomos y autónomas, el fin de las ayudas el 30 de septiembre, coincidirán con el fin del primer periodo de gracia de los ERTE. Además, a partir del séptimo mes bajo suspensión temporal, los beneficiarios pasan de cobrar el 70% de su sueldo a solo la mitad: para aquellas personas que entraron en ERTE en abril y que no se hayan reincorporado a la actividad, la fecha marcada en el calendario es el mes de octubre.
La situación, y las declaraciones a favor de la patronal y los sindicados de concertación, invitan a pensar en una nueva prórroga, al menos hasta diciembre. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no lo ha descartado en sus últimas comparecencias. Pero alargar el paréntesis que han supuesto estas ayudas, aunque hayan sido inferiores a las puestas en marcha en otros países del entorno, solo sirve, apunta Carretero, para seguir elucubrando con la gran pregunta: ¿qué pasará después?
Erte en la subcontrata
A Cristina González y a sus 2.000 compañeros, el ERTE les pilló en una situación complicada. Ferrovial, la empresa para la que trabaja, estaba operando con una prórroga de la licitación de los servicios a bordo de Renfe. El contrato había terminado en diciembre y se había extendido hasta el 30 de abril. La pandemia lo cambió todo: tres días antes de la nueva licitación, Renfe anunció que prescindía de la subcontrata de Ferrovial. Toda la plantilla iba a quedar en la calle en plena fase de confinamiento. La movilización en redes —y el ruido de sus denuncias— consiguió extender el ERTE, pero el problema regresará en 2021. Actualmente, Renfe solo ha recuperado 60 puestos de trabajo y mantiene cerradas las cafeterías y otros servicios: 400.000 euros de un contrato de 500 millones. “Seguimos chupando de la prestación pudiendo estar trabajando”, lamenta esta sindicalista.
Entre abril y junio, la factura de los ERTE ha sido de 8.000 millones de euros, cifras insólitas en un Estado que se comprometió a reducir las provisiones en toda la gama de subsidios de desempleo
Cristina González, que es delegada de la Confederación General del Trabajo (CGT) en Ferrovial servicios a bordo, denuncia que la empresa “viene avisando de que nos hagamos a la idea de que Renfe no quiere todos los servicios, y que esto se convierte en un ERE”. Para esta trabajadora, con 20 años de experiencia en las distintas subcontratas que trabajan para la operadora, dependiente del Ministerio de Transportes, lo lógico sería la internalización del servicio, pero ahora es el momento de presionar a Renfe. Más adelante, dice, llegará el momento de Ferrovial, que ya ejecutó un ERE en 2014, y que presionará a la baja sobre los salarios, como ya hizo entonces para maximizar su beneficio en una licitación que volverá a ser a la baja.
Hasta ese desenlace, las empleadas solteras de Ferrovial obtienen en torno a 900 euros como prestación por el ERTE y las que tienen personas a cargo, unos 1.100. Y ha habido problemas para cobrarlo, explica esta delegada sindical, que refiere que hasta mayo no llegaron los subsidios y que ahora algunos compañeros batallan porque en la última notificación pone que su estado de prestación es por baja.
El Ministerio minimiza los problemas y refiere, en todo caso, que están derivados de un esfuerzo nunca antes visto por la plantilla del Servicio Público de Empleo Estatal, recortada durante la anterior crisis. En una intervención en el Senado, Yolanda Díaz aseguró que se han abonado todos los ERTE que han entrado “correctamente”, lo que deja fuera a aquellos con defectos en la tramitación: algo que afecta a 200.000 trabajadores, según una encuesta del Consejo General de Colegios de Gestores Administrativos. Desde el Ministerio, se niegan a confirmar esa cifra. En una entrevista en la Cadena Ser a mediados de julio, Díaz defendió que los errores se deben a fallos en la transcripción y que, en cambio, cinco millones de personas han cobrado las prestaciones en los tres meses de funcionamiento de la fórmula.
Según los datos publicados el 2 de julio por el Ministerio de Trabajo, el conjunto de las prestaciones a cargo del Estado aumentó en junio un 330% respecto al mismo mes de 2019. Entre abril y junio, la factura de los ERTE ha sido de 8.000 millones de euros, cifras insólitas en un Estado que se comprometió en el Memorándum de Entendimiento de 2012 a reducir sistemáticamente las prestaciones en toda la gama de subsidios de desempleo. La primera ronda se ha pagado con las provisiones propias de la seguridad social, es decir, con las cuotas de la clase trabajadora, pero en el Ministerio no esconden el desgaste sobre las cuentas que están acarreando estos abonos.
Aunque el Ejecutivo, a través de Nadia Calviño, ya ha confirmado que acudirá al fondo Sure (siglas en inglés de “apoyo para mitigar los riesgos de desempleo en en una emergencia”), este mecanismo no deja de ser un recurso al crédito “en condiciones favorables”, condiciones que aún no están definidas, que no se sabe cuándo llegarán y que están topadas a un máximo de 20.000 millones por país.
El fraude
Para Héctor Illueca, director de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la magnitud de la crisis del covid-19 es lo que ha determinado la intensidad de un instrumento hasta cierto punto novedoso como los ERTE. Illueca defiende el esfuerzo que ha tenido lugar para preservar el empleo y evitar la destrucción del tejido productivo. Desde su dirección general, no obstante, ha comenzado una campaña para perseguir uno de los riesgos asociados a esta inyección de dinero público en las empresas: el fraude por parte de los empresarios. La primera prórroga de los ERTE aprobada el 26 de junio ha supuesto que se intensifiquen las actuaciones de control.
Illueca y su equipo son extremadamente cautelosos antes de dar datos sobre esas inspecciones en marcha. Tardarán todavía algunas semanas en darlos. Lo único que ha trascendido es el cálculo del Consejo de Gestores Administrativos que, según su encuesta, determina que el 11% de las empresas que han presentado un ERTE habían sido inspeccionadas o habían recibido un aviso de una próxima visita a fecha del 30 de junio. Entre las inspeccionadas, la encuesta señala que se ha instruido expediente sancionador a ocho de cada cien.
La Inspección de Trabajo se ha centrado en cuatro manifestaciones de fraude: se han controlado la totalidad de las altas después del estado de alarma para evitar que los trabajadores fueran dados de alta con el único objetivo de incluirlos en los ERTE, también se han perseguido los aumentos anómalos de las bases de cotización. Las vías más conocidas de fraude son, sin embargo, el mantenimiento de la actividad productiva durante la vigencia del expediente. Y una novedad, explica Héctor Illueca, es cuando esa actividad se sumerge en el teletrabajo, más difícil de detectar para la inspección.
Inspección ha basado su trabajo en gran medida en la denuncia por parte de los propios trabajadores en una situación de explotación. La falta de medios es uno de los determinantes en la situación actual: hay 2.005 efectivos en toda España y el volumen de actividad se ha multiplicado en estos meses.
Devaluación salarial
Illueca reclama que “al margen del debate terminológico” se recupere el poder de la negociación colectiva que quedó virtualmente suspendida por la reforma laboral de 2012. El trabajo de Inspección, asegura, queda determinado por la capacidad de sindicatos y plantillas de denunciar los incumplimientos salariales, en seguridad laboral y prevención de riesgos. Este doctor en Derecho considera que el riesgo que genera la crisis económica actual es que se intensifique un proceso de devaluación salarial, algo de lo que han alertado también los sindicatos de concertación.
Precisamente, esa caída de sueldos, que ha sido la base de la llamada “recuperación económica” a partir del año 2013, ha marcado el desempeño de los ERTE, relativamente “baratos” por la intensa bajada de sueldos inducida por la Comisión Europea tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Más limitado en su alcance que en otros países —en Alemania o Italia la base es el 80% del salario—, su empleo no obstante, ha cumplido el objetivo de que el primer embate de la crisis no arrase con el empleo.
Para José Luis Carretero, el problema fundamental es la degradación del modelo productivo. Si la única opción es mantener hostelería y turismo en el mismo nivel en el que estaba, “eso va a impactar ferozmente, va a generar un proceso de aumento de la precariedad, rebajas de sueldos para los que siguen trabajando y también para los trabajadores públicos”. La transición hacia una economía digitalizada y verde tiene varias dificultades añadidas. La que se puede superar con más facilidad es la poca formación de la fuerza productiva, apunta Carretero. Más difícil es conseguir que las élites aboguen por un cambio de modelo, cuando en la actualidad ven que el dinero se multiplica por la vía de que la gente esté en la precariedad absoluta.
Agosto es un mes de transición hacia un otoño amenazante. La encuesta del Consejo de Gestores ha apuntado que 52.000 empresas transformarán sus ERTE por fuerza mayor en Expedientes de Regulación de Empleo, es decir, despidos. Casi la mitad aseguran que apurarán hasta el último día que dé el Gobierno de plazo para mantenerlos. Francia, donde hasta el 40% de la fuerza productiva está bajo esta fórmula, ya ha lanzado el globo sonda de que estudia extender las fórmulas de chômage partiel —paro parcial— hasta dos años. Desde su puesta en marcha, los ERTE han servido como un paraguas para medio millón de empresas y 3.400.000 trabajadores. De ellos, un millón ya han regresado a la actividad y, previsiblemente, los datos de julio sigan reduciendo la factura de la salarización de uno de cada cuatro empleos privados. El paréntesis, no obstante, se cerrará tarde o temprano y la crisis del aparato productivo seguirá ahí.
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