«En los primeros meses de 2023 Francia vivió uno de los mayores movimientos sociales de su historia»

• CGT-València dedica una sesión a la lucha por las pensiones con sindicalistas de Solidaires y CNT-66

Enric Llopis

Detenciones “arbitrarias” y violencia policial; “procedimientos judiciales abusivos”; daños a sedes sindicales; despidos por la realización de huelgas; sanciones; represión durante las movilizaciones; son ejemplos de las represalias contra los sindicatos denunciada en Francia por el Comité de Apoyo a las Víctimas, en un llamado del 23 de junio emitido desde la ciudad de Perpiñán (Pirineos Orientales).

“La represión sindical viene aumentando desde hace varios meses”, añaden las organizaciones firmantes, entre las que figuran CNT, Solidaires y CGT; en concreto, tras las movilización masiva contra la reforma de las pensiones y por la mejora de las condiciones laborales en todo el país.

El llamamiento hace referencia a casos concretos como la denuncia de la Dirección de Correos contra seis compañeros; y de penas de hasta tres años de cárcel, multas de 45.000 euros, amonestaciones o citas para el despido en París (Ruth, Alex o Arnaud entre los nombres citados, en alguno de los casos por la participación en piquetes).

Activistas de los sindicatos franceses CNT-66 y Solidaires participaron en la sesión Resistencias y movilizaciones: la lucha por las pensiones en Francia, el pasado 28 de noviembre, dentro de las XXV Jornades Llibertàries de CGT-València (Somiant mons, construint alternatives) celebradas en el Centre Octubre de Valencia.

En un comunicado del 12 de enero de 2023, la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) convocó a un encuentro, manifestación y huelga general ilimitada, en defensa de las pensiones; se apuntaba el objetivo de la oficialmente llamada reforma del presidente Macron: “Financiar reducciones de impuestos para las empresas (…); ¡La mitad de los mayores de 58 años no trabajan y tendrán que esperar años antes de poder recibir su magra pensión!”

Tres semanas antes, en diciembre de 2022, CNT-66 se dirigía ya a la opinión pública resumiendo el sentido de las protestas: el retraso de la edad de la jubilación a los 65 años, y la obligación de cotizar durante 43 años para acceder a una pensión completa; ante esta coyuntura, denunciaban, “si realmente faltan cotizaciones es porque los salarios están aplastados (…) y las cotizaciones sociales se reducen”.

Sobre el proceso de movilizaciones, su alcance y logros, se han publicado numerosos análisis; por ejemplo el realizado por los sociólogos/profesores de Ciencias Políticas Karel Yon, Baptiste Giraud y Sophie Béroud; valoraban que, durante los primeros seis meses de 2023, “Francia vivió uno de los mayores movimientos sociales de su historia”.

Fueron 14 días de manifestaciones contra el Proyecto de Ley (edad mínima de jubilación a los 64 años) entre enero y junio; incluso la policía cifró en más de un millón el número de personas movilizadas –en todo el país- en cuatro de las protestas (la CGT contabilizó una participación muy superior). “El movimiento también gozó de un inmenso apoyo por parte del público en general, y fue respaldado por un grado sin precedentes de unidad sindical”, subrayan los tres investigadores.

Sin embargo el ejecutivo aprobó la contrarreforma por el artículo 49.3 de la Constitución (sin votación en la Asamblea Nacional), y entró en vigor el pasado 1 de septiembre; las organizaciones sindicales continuaron con las jornadas de huelga nacional, por ejemplo el 13 de octubre, entre otras razones contra la pérdida de poder adquisitivo.

Respecto a los límites del ciclo reivindicativo, afirma Baptiste Giraud: “Los sindicatos supieron encarnar políticamente el rechazo a la reforma, muy extendido entre la población trabajadora. Pero tuvieron verdaderas dificultades para ampliar la movilización más allá de sus militantes” (Tenemos que asumir la dimensión política del sindicalismo para construir una alternativa, entrevista realizada por Romaric Godin y Dan Israel en Mediapart, publicada el 24 de octubre en Sin Permiso con traducción de Antoni Soy Casals).

En la valoración cuantitativa de las acciones y su seguimiento coincidía el ferroviario jubilado y militante de SUD-Rail (Solidaires), Christian Mahieux, en un artículo firmado en marzo (revista La Revolution Proletarienne, traducido y publicado en Libre Pensamiento); empieza con la referencia a millones de personas en la calle desde mediados de enero; huelgas prorrogables en diferentes sectores y una huelga general en marzo.

En este contexto, subrayaba Christian Mahieux, “se ha constituido una plataforma intersindical nacional que reúne a CFDT, CGT, FO, CGC, CFTC, UNSA, Solidaires y FSU; es esta una intersindical no revolucionaria, con un fuerte componente afín al ‘diálogo social’ (…); también convocan CNT-SO y CNT en todo el país, LAB en el País Vasco, STC en Córcega y los sindicatos de las últimas colonias francesas como USTKE en Kanaky, UGTG en Guadalupe y CDMT en Martinica”.

A grandes rasgos, el sindicalista de Solidaires destaca que se trataba de hacer frente a una (nueva) legislación de pensiones que era la defendida por el Gobierno y los empresarios; los ataques al sistema de jubilación no constituyen novedad alguna, se producen desde hace tres décadas (el modelo actual “es vivido por la burguesía como una anomalía dentro del sistema capitalista”).

Pero no sólo consiste en retardar la edad de jubilación (de los 62 a los 64 años, de manera progresiva hasta 2030) y ampliar el periodo de cotización para el cobro del 100% de la pensión (de los 42 a los 43 años en 2027), sino, además, de la “supresión de los pocos planes de pensiones más favorables que los del sistema general, que aún existen” (por ejemplo en la red de transportes de París).

El texto termina con un apunte sobre las dimensiones de la huelga de 1995 (también contra una reforma de las pensiones, defendida por el entonces primer ministro Juppé) que, según Mahieux, constituyó el punto de referencia durante los últimos 25 años (“pero tengamos cuidado de no convertirlo en un mito que, al final, asustaría a los más jóvenes (…)” (en noviembre 2018 comenzaron las protestas del movimiento de los chalecos amarillos).

El miembro de la Fédération Solidaires des Institutions de l’Etat (FSIE), Richard Neuville, introduce la siguiente perspectiva del conflicto, en la entrevista realizada por el periodista Mario Hernández (periódico La Haine, 28 de marzo):

“Desde el 7 de marzo tenemos muchos sectores que están en la huelga de combustibles (…); desde hace tres semanas en París y algunas otras ciudades no se recoge la basura; también hay bloqueo de la producción del servicio de electricidad”, las refinerías y otros bloqueos, como el de carreteras y puertos; sin embargo, agregaba Neuville, Macron proseguía con su iniciativa: “No es la calle la que gobierna”.