CGT analiza la situación actual, con récords de beneficios para empresas y bajada del poder adquisitivo de la clase obrera en un contexto positivo de aumento del empleo.
Los datos que ofrece la Encuesta de Población Activa (EPA) para el segundo trimestre de 2023 reflejan una senda de continuidad en términos de creación de empleo. El número de personas ocupadas se ha incrementado en 603.900 personas respecto al primer trimestre, un aumento del 2,95%, situando la cifra de ocupación en 21.056.700 personas. La tasa de paro se sitúa en el 11,6%, y el número de parados se cifra en 2.762.500 personas; este trimestre el descenso de personas paradas ha sido de 365.300 personas.
La composición sectorial del empleo muestra que la creación de puestos de trabajo se ha intensificado durante este último trimestre principalmente en el sector servicios, con un incremento de 606.000 personas ocupadas. En el marco de este incremento de la ocupación en el sector servicios hay que destacar que en torno al 45% de la nueva ocupación se ha concentrado en el sector de la hostelería: 270.900 personas ocupadas más con respecto al trimestre anterior. En menor medida, también se ha incrementado la ocupación en la construcción (60.900) y en la agricultura (1.500). En cambio, en la industria el número de personas ocupadas ha descendido en 64.500 personas en este trimestre con respecto al anterior.
En relación a la evolución de la contratación por régimen de dedicación, vemos como tanto el empleo a tiempo completo como parcial han aumentado en 561.000 personas y 42.500 personas, respectivamente, en comparación con el trimestre anterior. Sin embargo, los contratos a tiempo parcial siguen siendo una fuente de segregación ocupacional, ya que el 73% de las personas con empleos a tiempo parcial son mujeres, de las cuales el 23% reconoce tener un empleo de estas características por cuidados y otras obligaciones familiares, frente al 7% de los hombres con jornada a tiempo parcial. En conjunto, más de 1.355.000 personas (el 48%) con contrato a tiempo parcial reconoce tener este tipo de relación laboral al no haber encontrado un empleo a tiempo completo, lo que da cuenta de esta importante bolsa de parcialidad involuntaria.
En este sentido es importante resaltar que a pesar de la creación de empleo y del aumento de las horas efectivas trabajadas a la semana (+2%), desgraciadamente seguimos observando como la realización de horas extras sigue siendo una práctica normalizada en la realidad laboral de la clase trabajadora. Más de 670 millones de horas extras se realizan a la semana, de las cuales el 43% son no pagadas. Este modelo de explotación no sólo nos asfixia sino que también perpetúa la división sexual del trabajo y el reparto desigual de los tiempos entre hombres y mujeres.
Asimismo, otra serie de problemáticas resultan igualmente alarmantes. Por un lado, más de 355.000 personas llevan más de un año buscando empleo y 760.000 más de dos años en situación de desempleo. También conviene situar el foco en el importante volumen de población (más de 527.000 hogares) que no disponen de ingresos, según los datos de hogares de la EPA. Un panorama realmente complicado que trunca las vidas de muchas personas ante la imposibilidad de obtener un empleo y un ingreso mínimo para vivir dignamente. Por otro lado, el desempleo juvenil se cifra en 460.000 personas menores de 25 años, lo que refleja un 34% de tasa de paro. Esto sigue siendo un problema laboral de primer orden, que dificulta el acceso al mercado de trabajo a una porción importante de la población más joven. Y por último, es importante resaltar el enorme desempleo que se concentra regionalmente en algunos territorios, como en Ceuta (27,3% de paro) y Melilla (19,42%), así como en Andalucía (18,05%), Extremadura (17,05%) o en Canarias (15,25%), que siguen siendo realidades preocupantes que polarizan la situación laboral entre unas autonomías y otras. Al margen de la actualización de la EPA, esta misma semana se han publicado también las cifras de beneficios de algunas de las principales empresas del estado español. Grandes empresas como el Banco Santander o Iberdrola han pulverizado récords de beneficios en este primer semestre del año. La creación de empleo está coexistiendo durante estos últimos años con una importante pérdida de poder adquisitivo de la población, lo que entronca con la precariedad y la falta de poder de negociación de la clase trabajadora en el mundo del trabajo, que tiene su correlato en una intensificación de la dinámica depredadora del sector privado. Se están ensanchando los márgenes de beneficio de manera continuada a costa de empeorar las condiciones de vida de la población.
Esta semana, también, nos hemos adentrado en un contexto político marcado por una fuerte incertidumbre, tras las elecciones generales celebradas el pasado domingo. Las dos alternativas que se vislumbran parecen ser la repetición electoral o la reedición del gobierno de coalición, en este caso con una aritmética parlamentaria más inestable si cabe que en la legislatura que ha concluido. Más allá de la incertidumbre que arroja la formación de un nuevo gobierno, una certeza: se reproduce la dinámica de bloques, de la que sale reforzado el bipartidismo, sepultando el ciclo político que se abrió hace casi una década. A pesar de la buena noticia que supone el hecho de que por el momento la extrema derecha no entre en el gobierno, el escenario que se abre no permite proyectar una mejora de las condiciones de vida para el conjunto de la clase trabajadora, especialmente para aquellos estratos de población más empobrecidos, que habitan un estado de crisis permanente.
En cualquier caso, poner el foco en la dinámica de bloques parlamentaria y dejar descansar la respuesta a la extrema derecha en la salud de la que goce el denominado bloque político progresista es contraproducente para avanzar en nuestra agenda. En primer lugar, desvía el foco de conflicto, es decir, sitúa en un terreno esencialmente parlamentario el debate público sobre aspectos vinculados a nuestras condiciones materiales de vida. En segundo lugar, contribuye a ocultar y generar confusión en torno a cuáles son los antagonismos, la contraposición de intereses y la desigualdad en las relaciones de fuerza. A través del voto, se nos dice, “todos y todas tenemos el mismo poder”, y cada reforma se termina imponiendo bajo el prisma “del interés general”. En síntesis, se define en la disputa parlamentaria entre los grandes partidos del régimen el marco sobre el que es posible avanzar en la mejora de nuestras condiciones de vida, obviando que el epicentro del conflicto por las condiciones de nuestra reproducción social se sitúa en el terreno del trabajo y el antagonismo entre clases sociales.
Este marco condiciona fuertemente el necesario trabajo de organización militante que debemos desarrollar, pues el principal instrumento para arrancar conquistas y mejorar nuestras condiciones de vida es nuestra capacidad organizada para ejercer presión y poder enfrentar este conflicto por una mejora de nuestras condiciones de vida con el mayor poder de negociación posible. Delegar, pedir y esperar a que nuestros problemas de clase se resuelvan como resultado del debate y de la negociación parlamentaria no supone una estrategia fértil para enfrentar la violencia que permanentemente sufrimos en nuestros lugares de trabajo. Un debate público viciado y enquistado en esta disputa de bloques parlamentarios sitúa como problema a la derecha y como solución la electoral, unas coordenadas que no facilitan otras lecturas de la realidad y, en definitiva, la construcción efectiva de contrapoder sindical.
Es momento también para reivindicar la solidaridad y el apoyo mutuo con otras organizaciones, movimientos sociales y colectivos, en luchas contra problemáticas y opresiones de distinta naturaleza. El diálogo y el trabajo conjunto son indispensables de cara a compartir caminos para enfrentar problemas que nos son comunes. Recientemente desde CGT compartimos espacio de debate con otras organizaciones sindicales y ecologistas para debatir sobre cuestiones como la transición ecosocial que debemos acometer en nuestra estructura productiva o la reducción de la jornada de trabajo. Observando la estructura del mercado laboral y de las condiciones laborales y salariales, así como la evolución de los beneficios de las grandes empresas, desde CGT creemos prioritaria la lucha por la disminución del tiempo dedicado al trabajo. La reducción de la jornada a 30 horas semanales -sin reducción de salario- es una lucha histórica, fundamental para el reparto de la renta ante un escenario de pérdida constante de poder adquisitivo, que supondría una mejora salarial sustancial para las trabajadoras y trabajadores, además de servir como palanca para la creación de empleo. Esta reducción de la jornada laboral tendría asimismo efectos positivos sobre la división sexual del trabajo, permitiendo además un mejor reparto del tiempo laboral y personal. En definitiva, si bien los datos de creación de empleo son positivos, la lectura de conjunto no debe enmascarar el deterioro de las condiciones de vida que viene sufriendo una parte considerable de la población trabajadora, en materia salarial y de precariedad en las condiciones de trabajo y de vida. El escenario que se abre para los próximos meses es de incertidumbre política, pero la defensa de los intereses de la clase trabajadora es incondicional, y el momento para mejorar y ampliar la organización de la clase trabajadora es ahora, gobierne quien gobierne.
25 de julio, 2023.
Secretariado Permanente CGT Confederal
