La Confederación General del Trabajo (CGT), junto a diferentes organizaciones sindicales y sociales combativas (Intersindical Valènciana, CNT València, COS L’Horta y las PAHs del País Valenciano) han presentado una serie de exigencias básicas para un plan de choque social contra los efectos de la crisis del coronavirus.
Frente al acuerdo entre patronal y agentes sociales y las políticas de instituciones neoliberales como el Fondo Monetario Internacional o la Unión Europea las organizaciones firmantes de este documento consideran que se debe pelear una salida justa y social a la recesión que lleva gestándose desde hace un tiempo y que ha aprovechado la pandemia del coronavirus para poner en marcha sus recortes.
El documento firmado por estas organizaciones recoge estrategias referidas a la defensa de los servicios públicos, la reversión de los recortes, la dotación de recursos materiales y de protección para los trabajadores sanitarios, en defensa de los derechos de trabajadoras y trabajadores frente a la desprotección y abusos patronales, por el derecho a la vivienda y suministros básicos, contra la violencia machista y por la soberanía alimentaria entre otras.
Las propuestas completas recogidas en este documento son las siguientes:
- Una vez garantizado que todos los recursos sanitarios pasan al ámbito público y se ponen al servicio del interés general en la lucha contra la pandemia, vigilaremos que se garantice que esos recursos cuentan con todos los medios (humanos y materiales) necesarios para asegurar una cobertura sanitaria universal y de calidad. La atención primaria, en un sistema de sanidad público, es la vía más adecuada para garantizar el derecho a la atención universal y de calidad de la salud.
- Reversión de los recortes en todos los servicios públicos, no solo sanidad, también educación, servicios sociales, pensiones, transporte, energía y abastecimiento de agua son necesarios para hacer frente a una crisis de estas dimensiones. Para ello exigimos la eliminación de todas las limitaciones presupuestarias y medidas de control del déficit que puedan afectar o condicionar la contención de la epidemia y la atención a los afectados. Además reclamamos el compromiso de mantenimiento posterior para recuperar los niveles de calidad previos a la crisis financiera y que hoy se demuestran imprescindibles.
- Pasar de las alabanzas, merecidas, a los profesionales del sistema público de salud a dotarlos de los recursos materiales y de protección necesarios que están reclamando para luchar contra esta emergencia sanitaria. Además se protegerá especialmente al personal de los centros de servicios sociales, residencias de personas mayores y discapacitadas. También deben dotarse de elementos de protección adecuados a aquellas personas que deban realizar trabajos esenciales para la comunidad y que permitan asegurar su salud.
- Dada la situación de colapso en el que se encuentran teléfonos de emergencia como el 016 (Violencia machista contra las mujeres), al estar las mujeres confinadas con sus maltratadores, o el 112 para emergencias sanitarias, exigimos al gobierno que adopte las medidas necesarias para que se priorice la atención a estas líneas en detrimento de la atención a otras líneas comerciales.
- Condonación en el pago de alquileres e hipotecas mientras dure la crisis del COVID-19 a los colectivos vulnerables y a quienes hayan visto disminuidos sus ingresos. No reclamamos una moratoria en el pago de la hipoteca, o lo que es lo mismo: un aplazamiento del problema, “una huida hacia delante”. Pedimos la exoneración/condonación del pago de la cuota hipotecaria mientras dure la crisis del COVID-19. Hay que paralizar el cobro de deudas, intereses, comisiones y rentas inmobiliarias por parte de los grandes propietarios (banca, fondos buitre y socimis) compensando a particulares (personas físicas) y con ello a individuos, familias y pequeños comercios para así aligerar la asfixia de la población, en un contexto en el cual la economía empieza a paralizarse y los ingresos a disminuir.
- Paralización inmediata de todos los desahucios y procedimientos judiciales que puedan acabar en desahucio, sean procesos hipotecarios o de alquiler, especialmente en un contexto de gran emergencia habitacional como el actual. Es el momento de cumplir los dictámenes del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas para que no haya ningún desahucio de familia vulnerable sin alternativa habitacional y cambiar la política de viviendas. No pueden pedirnos que nos quedemos en casa y a su vez estar echándonos de ellas.
- No a los cortes de suministros básicos y exención de su pago a las personas que no puedan hacerse cargo. Es hora que las eléctricas se corresponsabilicen y no sólo no corten suministros si no que eximan de su pago a todas las personas que no puedan pagarlos, superando cualquier restricción. Las suministradoras, con sus beneficios ingentes, han de empatizar con las dificultades de las familias vulnerables.
- Paralización inmediata de todos los trabajos que no imprescindibles para la salud y la vida de las personas, garantizando el 100 % del salario.
- Cobertura del 100% del salario, incluyendo los complementos de las trabajadoras afectadas por el virus o en confinamiento preventivo, bajo el mismo tratamiento que un accidente laboral. Se debe favorecer el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias y que las mutuas se hagan cargo del coste económico, no la Seguridad Social.
- Debe establecerse un subsidio por un importe equivalente a una pensión no contributiva para las personas dadas de alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de las Empleadas de Hogar que como consecuencia de esta situación pierdan el empleo.
- Cobertura económica de los cuidados del 100% del salario como medida excepcional por aquellas trabajadoras y trabajadores que no puedan asistir a su puesto de trabajo, para hacerse cargo de terceras personas afectadas por el virus, convalecientes o afectadas por el cierre de los centros educativos, de las residencias de gente mayor o de los centros de día, favoreciendo el cumplimiento de las recomendaciones sanitarias.
- Parar todos los EREs o ERTEs que la patronal haya iniciado o pretenda iniciar durante este periodo de emergencia. No podemos permitir que esta crisis sanitaria se utilice para justificar nuevos recortes de derechos laborales o presupuestarios. Además la mayoría de contratos temporales han sido rescindidos incluso antes de la declaración de estado de alarma, a estas personas se les deberá garantizar las mismas condiciones.
- Plan de apoyo a las trabajadoras y trabajadores por cuenta propia. Exención del pago de la cuota de autónomos y cobertura económica por todas aquellas personas que no puedan desarrollar sus tareas laborales por motivos de confinamiento, dolencia o para hacerse cargo de terceras personas afectadas directamente o indirectamente por el virus. Tampoco podemos olvidar la situación en la que quedarán los falsos autónomos.
- Programa de información a la población. Información diaria, didáctica, clara y rigurosa de la situación real, de obligado cumplimiento por todos los medios de comunicación de masas, para calmar a la población y confrontar los bulos e informaciones confusas y alarmistas. Desarticular los prejuicios racistas que se han vertido hacia la población china y gitana, culpándolas de las consecuencias de esta crisis.
- Soberanía alimentaria frente al modelo neoliberal globalizador. La soberanía alimentaria, del mismo modo que los sistemas económicos de cercanía, permiten que la población pueda satisfacer sus necesidades. Si algo muestra el modelo económico actual es una enorme debilidad por su capacidad para globalizar las crisis. La soberanía alimentaria no es una entelequia, sino una realidad que nos permite seguir alimentándonos en situaciones de crisis como la que estamos viviendo en la actualidad.
- Vivienda digna y adecuada para las personas sin techo, refugiadas y migrantes donde puedan pasar una cuarentena en condiciones y poder afrontar el resto de problemas a los que se enfrentan como puede ser el sanitario, el desempleo o la soledad. Cierre de los CIES y liberación de todas las personas retenidas. Vivienda digna y adecuada para todas las personas desahuciadas o que no pueden ejercer el derecho a la vivienda, dónde puedan pasar una cuarentena en condiciones y poder afrontar el resto de problemas a los cuales se enfrentan como puede ser el sanitario, la desocupación o la soledad, movilizándose para ello las viviendas vacías de fondos buitre especulativos y de la banca -ésta que ha declarado 23.000 millones de beneficios en 2019 y que nos quieren hacer pagar su rescate impagado de 65.725 millones de euros-, y especialmente de Bankia y Sareb con mayoría de capital público.
- Renta básica universal que asegure la supervivencia de todas las personas que componen nuestra sociedad, como ya se está planteando en otros países afectados como Italia. Esta medida implicaría la asignación de importantes recursos económicos pero la situación de excepcionalidad que vivimos permite al estado adoptarlas. Entre otras cosas, mientras que algunos sectores económicos ven mermados sus ingresos otros los ven incrementados.
- Deben respetarse los derechos humanos y garantizarse la salud de las personas privadas de libertad en centros penitenciarios y centros de menores no acompañados.
- El Gobierno debe velar por el control del precio de las cosas, especialmente de los productos básicos.
La Confederació General del Treball (CGT), junt a diferents organitzacions sindicals i socials combatives (Intersindical Valènciana, CNT València, COS L’Horta i les PAHs del País Valencià) han presentat una sèrie d’exigències bàsiques per a un pla de xoc social contra els efectes de la crisi del coronavirus.
Enfront de l’acord entre patronal i agents socials i les polítiques d’institucions neoliberals com el Fons Monetari Internacional o la Unió Europea les organitzacions signants d’aquest document consideren que s’ha de lluitar una eixida justa i social a la recessió que porta gestant-se des de fa un temps i que ha aprofitat la pandèmia del coronavirus per a posar en marxa les seues retallades.
El document signat per aquestes organitzacions i que continua obert a la signatura d’altres moviments socials recull estratègies referides a la defensa dels serveis públics, la reversió de les retallades, la dotació de recursos materials i de protecció per als treballadors sanitaris, en defensa dels drets de treballadores i treballadors enfront de la desprotecció i abusos patronals, pel dret a l’habitatge i subministraments bàsics, contra la violència masclista i per la sobirania alimentària entre altres.
Les propostes completes recollides en aquest document són les següents:
- Una vegada garantit que tots els recursos sanitaris passen a l’àmbit públic i es posen al servei de l’interés general en la lluita contra la pandèmia, vigilarem que es garantisca que aqueixos recursos compten amb tots els mitjans (humans i materials) necessaris per a assegurar una cobertura sanitària universal i de qualitat. L’atenció primària, en un sistema de sanitat públic, és la via més adequada per a garantir el dret a l’atenció universal i de qualitat de la salut.
- Reversió de les retallades en tots els serveis públics, no sols sanitat, també educació, serveis socials, pensions, transport, energia i proveïment d’aigua són necessaris per a fer front a una crisi d’aquestes dimensions. Per a això exigim l’eliminació de totes les limitacions pressupostàries i mesures de control del dèficit que puguen afectar o condicionar la contenció de l’epidèmia i l’atenció als afectats. A més reclamem el compromís de manteniment posterior per a recuperar els nivells de qualitat previs a la crisi financera i que hui es demostren imprescindibles.
- Passar de les lloances, merescudes, als professionals del sistema públic de salut a dotar-los dels recursos materials i de protecció necessaris que estan reclamant per a lluitar contra aquesta emergència sanitària. A més es protegirà especialment al personal dels centres de serveis socials, residències de persones majors i discapacitades. També han de dotar-se d’elements de protecció adequats a aquelles persones que hagen de fer treballs essencials per a la comunitat i que permeten assegurar la seua salut.
- Donada la situació de col·lapse en el qual es troben telèfons d’emergència com el 016 (Violència masclista contra les dones), en estar les dones confinades amb els seus maltractadors, o el 112 per a emergències sanitàries, exigim al govern que adopte les mesures necessàries perquè es prioritze l’atenció a aquestes línies en detriment de l’atenció a altres línies comercials.
- Condonació en el pagament de lloguers i hipoteques mentre dure la crisi del COVID-19. No reclamem una moratòria en el pagament de la hipoteca, o el que és el mateix: un ajornament del problema, “una fugida cap endavant”. Demanem l’exoneració/condonació del pagament de la quota hipotecària mentre dure la crisi del COVID-19. Cal paralitzar el cobrament de deutes, interessos, comissions i rendes immobiliàries per part dels grans propietaris (banca, fons voltor i socimis) compensant a particulars (persones físiques) i amb això a individus, famílies i xicotets comerços per a així alleugerir l’asfíxia de la població, en un context en el qual l’economia comença a paralitzar-se i els ingressos a disminuir.
- Paralització immediata de tots els desnonaments i procediments judicials que puguen acabar en desnonament, siguen processos hipotecaris o de lloguer, especialment en un context de gran emergència habitacional com l’actual. És el moment de complir els dictàmens del Comité dels Drets Econòmics, Socials i Culturals de Nacions Unides perquè no hi haja cap desnonament de família vulnerable sense alternativa habitacional i canviar la política d’habitatges. No poden demanar-nos que ens quedem a casa i a la vegada estar tirant-nos d’elles.
- No als talls de subministraments bàsics i exempció del seu pagament a les persones que no puguen fer-se càrrec. És hora que les elèctriques es corresponsabilitzen i no sols no tallen subministraments si no que eximisquen del seu pagament a totes les persones que no puguen pagar-los, superant qualsevol restricció. Les subministradores, amb els seus beneficis ingents, han de empatizar amb les dificultats de les famílies vulnerables.
- Paralització immediata de tots els treballs que no imprescindibles per a la salut i la vida de les persones, garantint el 100% del salari.
- Cobertura del 100% del salari, incloent els complements de les treballadores afectades pel virus o en confinament preventiu, sota el mateix tractament que un accident laboral. S’ha d’afavorir el compliment de les recomanacions sanitàries i que les mútues es facen càrrec del cost econòmic, no la Seguretat Social.
- Ha d’establir-se un subsidi per un import equivalent a una pensió no contributiva per a les persones donades d’alta en el Règim Especial de la Seguretat Social de les Empleades de Llar que a conseqüència d’aquesta situació perden l’ocupació.
- Cobertura econòmica de les cures del 100% del salari com a mesura excepcional per aquelles treballadores i treballadors que no puguen assistir al seu lloc de treball, per a fer-se càrrec de terceres persones afectades pel virus, convalescents o afectades pel tancament dels centres educatius, de les residències de gent gran o dels centres de dia, afavorint el compliment de les recomanacions sanitàries.
- Aturar tots els EREs o ERTEs que la patronal haja iniciat o pretenga iniciar durant aquest període d’emergència. No podem permetre que aquesta crisi sanitària s’utilitze per a justificar noves retallades de drets laborals o pressupostaries. A més la majoria de contractes temporals han sigut rescindits fins i tot abans de la declaració d’estat d’alarma, a aquestes persones se’ls haurà de garantir les mateixes condicions.
- Pla de suport a les treballadores i treballadors per compte propi. Exempció del pagament de la quota d’autònoms i cobertura econòmica per totes aquelles persones que no puguen desenvolupar les seues tasques laborals per motius de confinament, malaltia o per a fer-se càrrec de terceres persones afectades directament o indirectament pel virus. Tampoc podem oblidar la situació en la qual quedaran els falsos autònoms.
- Programa d’informació a la població. Informació diària, didàctica, clara i rigorosa de la situació real, d’obligat compliment per tots els mitjans de comunicació de masses, per a calmar a la població i confrontar les faules i informacions confuses i alarmistes. Desarticular els prejudicis racistes que s’han abocat cap a la població xinesa i gitana, culpant-les de les conseqüències d’aquesta crisi.
- Sobirania alimentària enfront del model neoliberal globalitzador. La sobirania alimentària, de la mateixa manera que els sistemes econòmics de proximitat, permeten que la població puga satisfer les seues necessitats. Si alguna cosa mostra el model econòmic actual és una enorme feblesa per la seua capacitat per a globalitzar les crisis. La sobirania alimentària no és una entelèquia, sinó una realitat que ens permet continuar alimentant-nos en situacions de crisis com la que estem vivint en l’actualitat.
- Habitatge digne i adequat per a les persones sense sostre, refugiades i migrants on puguen passar una quarantena en condicions i poder afrontar la resta de problemes als quals s’enfronten com pot ser el sanitari, la desocupació o la soledat. Tancament dels CIES i alliberament de totes les persones retingudes. Habitatge digne i adequat per a totes les persones desnonades o que no poden exercir el dret a l’habitatge, on puguen passar una quarantena en condicions i poder afrontar la resta de problemes als quals s’enfronten com pot ser el sanitari, la desocupació o la soledat, mobilitzant-se per a això els habitatges buits de fons voltor especulatius i de la banca -aquesta que ha declarat 23.000 milions de beneficis en 2019 i que ens volen fer pagar el seu rescat impagat de 65.725 milions d’euros-, i especialment de Bankia i Sareb amb majoria de capital públic.
- Renda bàsica universal que assegure la supervivència de totes les persones que componen la nostra societat, com ja s’està plantejant en altres països afectats com Itàlia. Aquesta mesura implicaria l’assignació d’importants recursos econòmics però la situació d’excepcionalitat que vivim permet a l’estat adoptar-les. Entre altres coses, mentre que alguns sectors econòmics veuen minvats els seus ingressos uns altres els veuen incrementats.
- Han de respectar-se els drets humans i garantir-se la salut de les persones privades de llibertat en centres penitenciaris i centres de menors no acompanyats.
- El Govern ha de vetlar pel control del preu de les coses, especialment dels productes bàsics.
Comparteix
