Según CGT, la restauración de 12 libros antiguos se hizo sin presupuesto, ni proceso selectivo de las trabajadoras
Europa Press València
El Juzgado de Instrucción número 4 de València, que instruye la causa por presuntas irregularidades en el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración de Bienes Culturales (Ivacor) con la restauración de obras privadas y contrataciones de obra o servicio, ha citado a declarar como investigada a la exdirectora Carmen Pérez para el próximo 13 de abril.
Asimismo, el juzgado citó con la misma condición al auditor Luis Caruana para ese mismo día y a otros cinco testigos. En concreto, el órgano judicial indaga sobre la restauración por parte del Ivacor (empresa pública) de 12 libros antiguos con un valor considerable sin presupuesto ni contraprestación económica; y la contratación desde la entidad de unas 50 trabajadoras autónomas sin proceso selectivo alguno.
La causa parte de la denuncia que interpuso la Confederación General del Trabajo (CGT) en Fiscalía por presuntas irregularidades entre los ejercicios 2011 y 2012 en el Ivacor, entidad de derecho público de la Generalitat que tuvo encomendadas hasta su extinción (en enero de 2013) competencias directas de política cultural del Consell relativas a la gestión en materia de conservación y restauración de bienes culturales de naturaleza mueble.
El ministerio público, tras estudiarla, decidió remitirla al juzgado y pidió que se abriera una investigación judicial al ver posibles delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos. En la denuncia de Fiscalía, también se requería al juzgado que citara a declarar en calidad de investigados tanto al auditor propietario de los 12 libros, Luis Caruana, como a Gemma Contreras (exjefa del Departamento de Obra gráfica y material de archivo de Ivacor y actual subdirectora) y a la propia Carmen Pérez (ex directora-gerente de la entidad).
CGT denunció en su momento que las restauraciones se hicieron «por orden directa» de Contreras y «con la aprobación» de Carmen Pérez. Duraron al menos 15 meses, desde diciembre de 2011 hasta siempre de 2012. Se entiende que el importe de los recursos humanos utilizados podría ascender a la cantidad de 100.000 euros, sin contar los costes de los talleres ni los materiales empleados.
