En la localidad de Buñol se encuentra actualmente una de las varias fábricas que la multinacional CEMEX posee en el Estado español. Antes de ser adquirida en 1992 por el capital mexicano, fue VALENCIANA DE CEMENTOS, una empresa propiedad de la familia de “los Serratosa”. Durante sus 100 años de historia desde su construcción, la fábrica de cementos ha sido para muchos, un símbolo y un eje fundamental en la actividad económica de Buñol.
En las primeras décadas del S XX, ya existían problemas de Seguridad laboral (accidentes laborales, la muy habitual silicosis…) y de contaminación atmosférica provocados por una fábrica, “La Valenciana”, que llegó a emplear a 1700 trabajadores –hoy apenas hay un centenar- en una época en donde las máquinas no sustituían de una forma tan abrumadora a la fuerza de trabajo humana, ni los dividendos a repartir provocaban EREs y recortes en la plantilla de trabajadores. Ya en los años 80, se abandonó la fábrica original y se construyó la que actualmente explota CEMEX.
La preservación del Medio Ambiente nunca ha sido la prioridad del Capitalismo extractivista. Hasta tal punto le han tenido sin cuidado a CEMEX las consecuencias medioambientales y de salud pública que en cuanto pudo, y aprovechando que estaba vacante el negocio de la gestión de residuos, se hizo finalmente cargo de una actividad de la que las Administraciones públicas suelen huir porque requiere inversión e imaginación y no es rentable. Un negocio que le viene de perlas a las cementeras, que aprovechan el proceso de incineración de estos residuos en sus hornos para ahorrar en combustibles convencionales disfrazando estas prácticas altamente nocivas bajo el eufemismo de “valorización”.
En los primeros años de CEMEX, se empezó a incinerar todo tipo de desechos en sus hornos, desde residuos urbanos, hasta la droga incautada en las redadas. Fue en 2003 cuando el gobierno autonómico del PP empezó a conceder a la cementera las llamadas “autorizaciones medioambientales” en las que se permitía incinerar otros tipos de residuos como harinas cárnicas. Quedaba por tanto, oficializada la incineración. A partir de entonces la administración siguió concediendo a la cementera más autorizaciones de este tipo en las que se aumentaba tanto la cantidad de residuos, como la clase de estos.
En 2011, viendo que no había ninguna resistencia por parte del gobierno autonómico sino que la connivencia con éste era total, CEMEX solicitó la enésima autorización para poder incinerar hasta 295.000 toneladas de residuos al año, entre urbanos, tóxicos y peligrosos. El plan era muy ambicioso y una auténtica salvajada medioambiental: convertir CEMEX Buñol en la mayor macro-incineradora de Europa. En aquel momento, y gracias a un recurso de Ecologistes en acció del País Valencià la autorización quedo en un punto muerto en el que el Gobierno autonómico del PP debía pronunciarse. Pasó el tiempo, nadie movía ficha y la autorización debía, o bien ejecutarse, o bien desestimarse definitivamente. En ese contexto, en verano de 2014, ve la luz la Plataforma Aire Limpio Hoya de Buñol quien a través de campañas de difusión y sensibilización a la ciudadanía, e interpelación a las administraciones públicas, empezó su andadura luchando contra una problemática que también se está dando en otros puntos del Estado y por otras multinacionales del sector cementero.
Desde entonces, y tras múltiples reuniones, mociones aprobadas en Plenos municipales y tres concentraciones a principios de 2017 -la tercera de ellas en las mismas puertas de la Conselleria de Medi Ambient- el ruido y la presión mediática llegaron por fin al nuevo gobierno autonómico. Un gobierno autodenominado “ecologista”, que llevaba en su programa un plan ambicioso de gestión de residuos que incluía el cese de este tipo de actividades que suponen, además del daño medioambiental, un claro peligro para la salud pública con el aumento exponencial de enfermedades pulmonares, cancerígenas, cutáneas y alérgicas en las zonas afectadas por los gases que se emiten como consecuencia del proceso de incineración de estos residuos. Un gobierno del que hasta el momento, la Plataforma solo ha recibido buenas palabras, algunos gestos (como la instalación en la Comarca de una Estación móvil de medición de la Calidad del Aire y contratar a 2 inspectores más, de la muy infradotada plantilla que debería vigilar estas prácticas) pero pocos avances en la erradicación definitiva de la incineración. Y es que no es lo mismo estar en la oposición, que gobernar y enfrentarse a los intereses de las grandes corporaciones.
En resumen, esta Conselleria comandada por Elena Cebrián, no está haciendo gran cosa por avanzar en el cumplimiento de los compromisos de mínimos adquiridos en las numerosas reuniones mantenidas, entre ellos aprobar una nueva Autorización Integral Integrada (AAI) que ponga freno a la eliminación de estas prácticas nocivas. A pesar de todo, este combativo grupo de vecin@s ha conseguido poner en el candelero un tema que por invisible (los gases no se ven y sus efectos nocivos para la salud son a medio/largo plazo) que parezca, ha llegado a escocer a la multinacional y alarmar a un gobierno autonómico, que actualmente se encuentra en una encrucijada: o aprueba la legislación necesaria que restrinja la incineración en las cementeras, o continua con el statu quo de permisividad y sumisión a las grandes multinacionales contaminadoras arrastrado desde el gobierno anterior. La reciente destitución del Secretario Autonómico, Julià Àlvaro, -de la rama ecologista de Compromís y persona que había mostrado interés en la erradicación de la incineración- va más en la 2ª linea. Parece que aun no se han enterado de que hay una Comarca que no parará hasta conseguir su objetivo: mejorar la calidad del aire que respiramos es garantizar la vida. ¿qué mayor responsabilidad, que la de insistir hasta lograrlo?
José Guerrero Moliner
Militante de CGTPV y miembro de la Plataforma Aire Limpio “La Hoya de Buñol-Chiva”
Firma en Change.org
