Artículo del Secretario General de CGT-Murcia, publicado en La Opinión de Murcia
JOSÉ PASCUAL RUBIO
Vivimos en un mundo bastante contradictorio y muchas de esas contradicciones nos están resultando ya asfixiantes. Si nos paramos un poco e intentamos comparar el retroceso en derechos laborales y sociales con el avance tecnológico, casi podríamos llegar a la conclusión de que nuestros derechos son inversamente proporcionales a las conquistas materiales. Quizás con un ejemplo se vea mejor. Recientemente hemos visto con perplejidad el conflicto de las y los técnicos de las contratas de Movistar: una multinacional de las más importantes a nivel mundial, un sector en expansión como el de las telecomunicaciones, y las personas que trabajan para esa multinacional no llegan ni a mileuristas. Si le diéramos la vuelta y equiparáramos las condiciones laborales con las tecnológicas nos estaríamos comunicando con señales de humo en lugar de usar la fibra óptica y los móviles. Con la vivienda ocurre otro tanto: edificios inteligentes con diseños y formas modernas y miles de personas expulsadas de sus viviendas se quedan sin hogar y tienen que vivir en las calles. Y lo peor del caso es que todos esos avances no hubieran sido posibles sin el trabajo y el esfuerzo de toda la población.
Para revertir estas situaciones y buscar la racionalidad y la justicia existen unas libertades que se materializan en el ejercicio de una serie de derechos como son el de expresión, reunión y manifestación. Pues bien, ahora, esas raquíticas herramientas con las que contábamos también se ven reducidas, aún más, debido a la entrada del nuevo Código Penal y a la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, conocida también como Ley Mordaza.
Mediante dichas disposiciones se incrementarán las sanciones por las protestas, llegando hasta 30.000 euros de multa por impedir un desahucio. La misma cantidad también está prevista por grabar o difundir en actuaciones de la Policía aunque ésta cometa abusos.
La redacción de la Ley Mordaza es clara en sus fines, siendo uno de ellos «la garantía de las condiciones de normalidad en la prestación de los servicios básicos para la comunidad». Salta a la vista lo pernicioso de esta redacción, ya que oculta una restricción „cuando no prohibición„ en la práctica de los derechos de manifestación y huelga. Y es que precisamente el ejercicio de los derechos de manifestación y huelga conlleva que los servicios no se presten con normalidad, sino con una anormalidad amparada constitucionalmente. Con el redactado de la Ley Mordaza, la función de los piquetes informativos en las huelgas quedará en papel mojado, de la misma forma que el derecho de manifestación, dando un paso más hacia la construcción de los ansiados manifestódromos, que algunos miembros del PP, entre ellos el propio ministro del Interior promotor de esta ley, han propuesto en reiteradas ocasiones. Nos dejan protestar, pero sin molestar.
Si relacionamos las tres ideas expuestas anteriormente resolveremos la ecuación y les quitaremos la máscara a los autores de esta ley, quedando totalmente al descubierto sus intenciones. Como bien se señalaba en el manifiesto, firmado por más de setenta organizaciones y colectivos el pasado 30 de junio, con motivo de la manifestación que recorrió las principales calles de Murcia para protestar contra la Ley Mordaza, se trata de proteger al capital. Decía el manifiesto: «Si decidimos ponernos manos a la obra para frenar este tsunami devastador y defender lo que es nuestro, pasaremos de ser víctimas de las políticas desarrolladas por un reducido grupo de personas que no ha elegido nadie, a ser culpables de desordenar sus negocios, porque de esto va el concepto de seguridad en la Ley Mordaza: recortar los derechos fundamentales citados anteriormente, que resultan indispensables para que los pueblos se defiendan de las agresiones injustas y seamos capaces de avanzar hacia sociedades más justas, solidarias e igualitarias. Y el capital sabe muy bien que esos derechos y libertades van en contra de sus balances económicos».
En este caso, seguridad es igual a dinero. Efectivamente, el poder tiene claro que lo que está en juego no es otra cosa que sus beneficios económicos, unos beneficios que le sirven precisamente para mantener y afianzar más ese mismo poder. Es una espiral sinfín que necesita de la represión para sostener su estatus, pues de otra manera sería imposible mantener tan prolongadamente el robo y atraco que se nos está haciendo como sociedad y como personas.
Como en la mayoría de las ocasiones, se trata de mantener la dignidad, para lo cual resulta imprescindible desobedecer. Parece, por tanto, que no nos queda otra salida que desarrollar actividades para confrontar nuestra realidad con su avaricia, dinamizar espacios sinceros de confluencia ausentes de fagocitación partidaria, de protagonismos y de vanguardias, de tal forma que seamos capaces de generar las confianzas necesarias para enfrentarnos a una represión que resulta transversal. Porque para tumbar la Ley Mordaza y el nuevo Código Penal vamos a tener que seguir saliendo a la calle, pero teniendo en cuenta un matiz importante; y es que los derechos que hasta la fecha ejercíamos con una precaria libertad se han convertido en actos de desobediencia, y para que la desobediencia funcione debemos seguir estrechando lazos y tejiendo luchas.
Miembro de la Coordinadora Anti Represión de la Región de Murcia
