La denuncia fue presentada igualmente ante el Tribunal de Cuentas. Ambas denuncias están relacionadas con la investigación que ha anunciado la Comisión Europea sobre el posible falseamiento de la información facilitada por la Generalitat Valenciana sobre el déficit en el gasto sanitario
La Fiscalía Provincial de Valencia decidió incoar Diligencias de Investigación Penal ante la denuncia que presentó la Confederació General del Treball por las graves irregularidades en la gestión del Consell detectadas por la Sindicatura de Cuentas en los gastos realizados sin consignación presupuestaria y prescindiendo absolutamente del procedimiento de contratación pública.
Las irregularidades afectan a varias Consellerias pero es la de Sanidad la que ha acumulado más facturas de gastos generados al margen totalmente de la Ley. La totalidad de las facturas ascienden a la astronómica cifra de 1.864,3 millones de euros, según el informe de la Sindicatura de Cuentas de 2012.
El sindicato CGT decidió poner en manos de la Fiscalía y también del Tribunal de Cuentas la negligente forma de gestionar que ha provocado un grave quebranto a la Hacienda Pública, materializado al efectuar el pago de estas facturas “escondidas” durante años, a través del Mecanismo extraordinario de pagos establecido por el Estado.
Este pago, según una respuesta parlamentaria del conseller de Hacienda y Administración Pública, se realizó sin ningún informe expreso de la Intervención General de la Generalitat, lo que fue puesto en conocimiento igualmente de la Fiscalía y del Tribunal de Cuentas.
La Fiscalía ya ha decidido abrir diligencias para investigar si en la gestión de varias Consellerias se ha podido delinquir.
Durante años, al menos desde 2008, fecha desde la que el sindicato ha analizado los informes de la Sindicatura, ésta ha estado advirtiendo de las graves irregularidades, consistentes en guardar en el cajón las facturas generadas por gastos que no podían realizarse por falta de presupuesto, y además “contratando” prescindiendo absolutamente del procedimiento legal de contratación, en virtud del cual gran parte de estas contrataciones deberían haberse sometido a licitación pública.
Tal y como han gestionado las Consellerias, y de forma especial la Conselleria de Sanidad, estas facturas corresponden a prestaciones que se han adjudicado a dedo por los gestores, lo que ha hurtado el procedimiento de concurrencia pública, pensado sobre todo para obtener un mejor precio en la contratación pública. El perjuicio causado a la Hacienda Pública teniendo en cuenta que se trata de un gasto de casi 2.000 millones de euros, puede ser de dimensiones descomunales, lo cual deberá dilucidarse en el procedimiento por responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas, y en el proceso penal correspondiente, a los efectos de depurar responsabilidades y exigir la devolución de lo que nos han robado, y que los saqueadores de lo público cumplan las penas que les correspondan.
La Sindicatura constata igualmente que sólo constan expedientes de resarcimiento tramitados por la Conselleria de Sanidad, pero no del resto de conselleries.
A este respecto dice la Sindicatura: “De la Conselleria de Sanidad destaca el expediente iniciado por la directora gerente de la AVS el 7 de septiembre de 2012 por importe de 1.748,7 millones de euros, a favor de las empresas que se han adherido al mecanismo extraordinario de pagos, indicando que los servicios, entregas o prestaciones se realizaron de conformidad. En la misma fecha dicho órgano acuerda, además, la apertura de expediente informativo para la incoación del expediente de determinación de responsabilidades de las personas que hayan intervenido en la gestión y autorización de las obligaciones antes citadas. A la fecha de redactarse este Informe no constaba la justificación documental sobre la evolución o resolución de este expediente de depuración de responsabilidades”.
El sindicato entiende que existe una grave irresponsabilidad en el hecho de que las Consellerias no hayan instado el procedimiento para exigir responsabilidades como es su obligación, lo que demuestra una pasividad absoluta que podría entenderse como una prevaricación por omisión de los gestores responsables.
CGT entiende igualmente que puede haberse cometido sendos delitos de prevaricación administrativa y de malversación de fondos públicos, puesto que se ha estado actuando “a sabiendas” de las graves ilegalidades, pues así se estaba advirtiendo por la Sindicatura año tras año.
CGT considera una desfachatez las declaraciones del presidente Fabra al anunciar un expediente informativo, cuando la propia Sindicatura recriminó en su informe la actitud de la Conselleria de Sanidad al abrir un expediente para la depuración de responsabilidades en el que no constaba resultado alguno un año después de haberse iniciado. Cuestión que consta en la denuncia de CGT ante la Fiscalía por la posible comisión de un delito de prevaricación por omisión.
El Sr. Fabra alude a que el informe de la Sindicatura alaba la gestión del pago de las facturas en el cajón, pero olvida lo más importante. La Sindicatura dijo lo siguiente:
“Respecto a las obligaciones que derivan de gastos sin consignación presupuestaria es importante considerar las siguientes cuestiones:
- La realización de estos gastos indebidamente, además de incidir en la estabilidad presupuestaria, representan incumplimientos de la normativa aplicable, principalmente el TRLHPGV, al adquirirse sin dotación presupuestaria, y del TRLCSP, por prescindirse del procedimiento de contratación establecido.”Y advierte, como ya hemos dicho, que no se han depurado las responsabilidades por la negligente gestión.
CGT critica que el presidente Fabra haya ignorado estas advertencias de la Sindicatura que constan en la denuncia formulada por el sindicato, así como la apertura de Diligencias Penales por parte de la Fiscalía, y no haya adoptado ninguna medida, sino todo lo contrario, el Gobierno del PP ha guardado el más absoluto silencio.
Ahora que se cierne la amenaza de una sanción de la Comisión Europea que puede alcanzar los 2.000 millones de euros, es cuando anuncia medidas sin sentido y lanza cortinas de humo para tapar una gestión negligente y presuntamente delictiva. La CGT ya advierte que si se confirma la sanción de la Comisión Europea exigirá responsabilidades personales a los miembros del actual Consell y de los anteriores, con el fin de que asuman personalmente la sanción por su nefasta y negligente gestión del asunto.
Federación Local de Valencia CGT
Valencia, 12 julio 2014
