La Conselleria propone una nueva sanción de 30.000 euros a Reyval por las infracciones en el etiquetado y plazos de almacenamiento de residuos peligrosos

Después de varios meses de denuncias repetidas por parte de la Plataforma Ciutadana No a la Contaminació en relación con la falta de etiquetado en los GRGs e incumplimiento de los plazos de almacenamiento de los residuos peligrosos en la planta de Reyval, por fin se da inicio por parte de la DGCA al expediente sancionador 131/14SAN, en el que se propone una sanción de 30.000€ por almacenar fuera de plazo más de 1000 GRGs, unas mil toneladas de residuos peligrosos, y más de 400 GRGs sin etiqueta o mal etiquetados.

Estos residuos peligrosos se sacaron de las naves de Reyval para meterlos en la nave no autorizada que ya fue objeto de denuncia por los riesgos que supone almacenarlos sin medidas de seguridad exigidas. Hace ahora 6 meses, la Plataforma pudo conocer y después denunciar ante la DGCA que muchos de ellos no disponían de etiquetas o estaban mal etiquetados, por lo que se corría el riesgo de mezclas explosivas o con riesgo de incendio, o también, por la caducidad en algunos casos de más de 5 años de los plazos de almacenamiento, su degradación podría suponer aumentar si cabe esos riesgos de accidentes, como parece que han sucedido más de una vez en las instalaciones de Reyval Ambient.

En sus alegaciones, la empresa dice que los hechos han prescrito, para después alegar que no se le puede juzgar o sancionar más de una vez por los mismos hechos, para al final decir que no existe infracción alguna de la AAI, en continua contradicción, en un claro intento de evadir la sanción propuesta por la DGCA.

La Plataforma responde a estas alegaciones demostrando que existen las infracciones, las fotografías de la policía nacional son contundentes, como la misma DGCA expone en su escrito de iniciación de expediente sancionador, que los hechos denunciados son diferentes de otros por lo que se le juzga en los tribunales, pues nada tienen que ver y que ni mucho menos han prescrito, como se demuestra en el escrito presentado hoy mismo en el PROP de Castellón.

Además insiste que según la ley de residuos, la acumulación de infracciones por parte de la empresa debe suponer el aumento de la graduación de la sanción, por lo que la Plataforma pide, además de la sanción económica, la suspensión de la autorización ambiental integrada y la inhabilitación de su gerente por un año, insistiendo en que se deben salvaguardar los derechos de los trabajadores de acuerdo con lo previsto en la legislación laboral.

Plataforma Ciutadana No a la Contaminació/Asamblea Ciutadana No a la Incineradora