Como ya hizo público hace poco más de un mes, la Plataforma Ciutadana No a la Contaminació había detectado otros dos incumplimientos de la Autorización Ambiental Integrada en Reyval, calificados como graves, de lo que se dio traslado a la Conselleria en escrito presentado a principios de febrero.
En su respuesta a la petición de inicio de expedientes sancionadores realizado por la Plataforma, la Conselleria alega que no lo hace porque ya ha iniciado varios a esta empresa, sin tener en cuenta que la legislación no exime de ello, puesto que las infracciones son independientes de los expedientes ya iniciados o de las denuncias penales que tiene abiertas Reyval en los tribunales de justicia. Es como si a un ladrón se le deja robar porque ya se le ha sancionado o juzgado por otros robos. El sentido común y la ley exigen que se inicien expedientes sancionadores en los casos de incumplimiento de la Autorización Ambiental Integrada, además cuando las dos infracciones son consideradas por la legislación como falta GRAVE.
En este caso el riesgo de un mal etiquetado, es la posible mezcla de unos residuos peligrosos con otros que pueden producir reacciones con riesgo de incendio y explosión. También el almacenamiento de residuos peligrosos más allá de los 6 meses puede provocar accidentes por degradación de estos y a su vez pueden ocasionar reacciones inesperadas y de alto riesgo, como al parecer ya ha sucedido alguna vez en la planta de tratamiento de residuos peligrosos de Reyval. Es por ello que se exige en la AAI concedida, por cuestiones de seguridad y salud. “no estamos hablando de uno o dos contenedores, estamos hablando de cientos de toneladas de residuos peligrosos sin identificar correctamente y de cientos de toneladas de residuos peligrosos fuera del plazo máximo de almacenamiento”.
La Plataforma ha respondido a las justificaciones que el Director General de Calidad Ambiental, el Sr. Tejedo utilizaba en su escrito, dejando en evidencia la falta de argumentación y advirtiendo de trasladar este asunto al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana si no se inician los expedientes sancionadores exigidos por ley ante los incumplimientos denunciados.
En el caso de una respuesta negativa o de silencio administrativo, la Plataforma trasladará en el plazo de un mes al TSJCV este incumplimiento de las obligaciones y responsabilidades de la DGCA, en la persona de su director Sr. Tejedo, para que haga cumplir la ley que ahora parece eludir, con justificaciones que rayan el ilícito penal. Se trata de evitar la prescripción de las infracciones denunciadas y que los responsables de poner en riesgo la seguridad y salud de los ciudadanos paguen por ello, al menos las sanciones económicas que por ley estén obligados a pagar y todo ello sirva para disuadir a otros de posibles incumplimientos que también supongan riesgo para las personas.
Plataforma Ciutadana No a la Contaminacio/Asamblea Ciutadana No a la Incineradora
