A. RALLO. Las Provincias
valencia. El ’caso Vaersa’ amenaza con convertirse en uno de los escándalos del año. La investigación avanza en el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia. La detención del director general, Enrique Simó, y de su antecesor, Felipe Espinosa, fue un paso más en las pesquisas judiciales, que habían comenzado meses atrás. La Fiscalía ha solicitado una serie de diligencias en el juzgado para tratar de aclarar los hechos que están bajo sospecha: el cobro de casi dos millones de productividad para los directivos de Vaersa y el pago de casi otros dos millones por servicios de asesoría jurídica.
Una de las peticiones más relevantes es la declaración como imputada de Anna Bayarri. Se trata de la responsable de Recursos Humanos en la etapa investigada y cuya firma era preceptiva para repartir los pagos de la productividad. Bayarri fue despedida esta legislatura. La Fiscalía también le exige la devolución de estas cantidades en el procedimiento que se sigue en el Tribunal de Cuentas.
En la otra parte de la investigación, la referente a la externalización de servicios de asesoría jurídica, se evaporaron otros dos millones de euros. Y este desembolso pese a que existía un convenio con la Abogacía de la Generalitat que hubiera permitido realizar estos informes con un coste cien veces menor, según denunció la Confederación General del Trabajo (CGT).
Se da la circunstancia de que un buen número de esas adjudicaciones, que se realizaron sin concurso, fueron a parar al despacho de Vicente Bru, hermano del exconseller socialista Segundo Bru. Así, este percibió cerca de 1,8 millones de euros por sus servicios del total de los dos millones que se externalizaron. La Fiscalía también ha pedido la declaración de este letrado en calidad de imputado.
La investigación, primero en el Ministerio Público, y luego en el juzgado comenzó a raíz de una denuncia del sindicato CGT. Aparte de la productividad y los informes jurídicos, el escrito subrayaba también la compra de vehículos todoterreno por parte de la empresa pública.
El director general, durante su comparecencia ante la juez del juzgado de Instrucción 15 -el titular se encuentra dedicado en exclusiva al caso Emarsa-, se acogió a su derecho a no declarar. La víspera había sido arrestado, pero solicitó un habeas corpus -procedimiento para solicitar la inmediata libertad al considerar que está ilegalmente detenido- cuya resolución le resultó favorable.
La causa se encontraba en ese momento bajo secreto. En cambio, su antecesor sí que dio explicaciones al fiscal y a la juez. Reconoció que era conocedor de que no se podía abonar la productividad. De hecho, este complemente no estaba autorizado por la Generalitat.
Espinosa utilizó una estrategia habitual en este tipo de asuntos. Apuntar hacia arriba. En su declaración, implicó al actual presidente de Les Corts, Juan Cotino, quien también ocupó la Conselleria de Territorio y Medio Ambiente. En virtud de este puesto, presidía el consejo de administración de Vaersa.
Desde la Conselleria dieron recientemente por amortizado al actual director general. Las fuentes consultadas adelantaron que Simó será relevado en el próximo Consejo de Administración. La portavoz del Consell lo confirmó en una de sus comparecencias de los viernes. Simó será otra de las víctimas de la famosa línea roja del presidente Alberto Fabra.
