La instructora y la Fiscalía Anticorrupción aprecian indicios de delito en la compra de 65 todoterrenos y en el pago de productividad a 59 directivos
Levante-EMV
LAURA BALLESTER | Valencia. El juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ve «indicios» de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude en la contratación en la gestión de los dos exdirectores de Vaersa (Valenciana de aprovechamiento energético de residuos SA), Felipe Espinosa y Enrique Simó, desde 2006 a 2014, según un auto facilitado ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Ambos directivos, nombrados por los exconsellers Esteban González Pons e Isabel Bonig, podrían haber cometido estos supuestos delitos en las contrataciones de 65 todoterrenos por valor de 1,4 millones de euros, el pago de dos millones de euros en productividad a 59 cargos y personal de confianza de Vaersa durante cinco años y el gasto de dos millones de euros a siete despachos de abogados durante seis años.
La investigación arrancó en 2014 tras la denuncia del sindicato CGT ante el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Anticorrupción de todos estos hechos, adelantados por Levante-EMV, que acabaron con la detención de Espinosa y Simó el 26 de junio de 2014, aunque fueron puestos en libertad con cargos.
Desde entonces, la Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia han ido tirando de del hilo que ha permitido constatar punto por punto las irregularidades denunciadas por el sindicato CGT, que se hacía eco de las advertencias de la Sindicatura de Comptes y de la Intervención de la Generalitat sobre las malas prácticas en la empresa pública dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente.
La complejidad de los asuntos ha llevado al juzgado y a la Fiscalía Anticorrupción a dividir en piezas separadas las diferentes irregularidades. Las investigaciones más «maduras» son las referentes a la contratación de los todoterrenos y al pago de la productividad de forma irregular. El juzgado decidió a principios de julio declarar secreto el sumario, durante el plazo máximo de un mes, para realizar diversas diligencias de investigación, sin que éstas se comunicaran a las partes (en este caso los imputados). Unas pesquisas que han dado sus frutos, por lo que ayer se levantó el secreto del sumario, ya que se ha podido confirmar que el contrato de los todoterrenos se hizo sin respetar la normativa legal y los preceptivos trámites administrativos obligatorios en una empresa pública. Unas irregularidades cometidos bajo la batuta directa del entonces director Felipe Espinosa Bolaños.
Persona de confianza de Esteban González Pons, Espinosa, declaró como director del Arab Bank en Valencia por las transferencias de dinero del IVEX a un banco suizo en Bahamas, a cuenta de los conciertos de Julio Iglesias. Alegó no recordar nada y, al poco tiempo, el Consell lo premió colocándolo de director del Ivvsa y después de Vaersa.
La investigación sobre la productividad pagada de forma irregular también está prácticamente finalizada. En este caso se ha podido confirmar punto por punto la denuncia presentada por la CGT, que revelaba el pago de dos millones de euros entre 59 directivos y personal de confianza desde 2006 hasta 2011, sin contar con la preceptiva autorización de la Conselleria de Hacienda.
La media de los incentivos rondaba los 8.800 euros anuales por cabeza y fue aprobado por un grupo de trabajo en el que participaron siete directores de departamento de Vaersa, en el que seis de ellos se autoadjudicaron la productividad. Como ejemplo, en 2010 el entonces director del departamento de Infraestructuras Agrarias y Servicios, Enrique Simó, logró engrosar su nómina con 11.369 euros.
