El auto afirma que se saltó la autorización del Consell y Morenilla defiende las contrataciones y el visto bueno del consejo
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A. RALLO | VALENCIA. Las Provincias
José Juan Morenilla, uno de los cabecillas de la trama de Emarsa, afronta un nuevo problema judicial. La juez de Instrucción 12 de Valencia le ha procesado por crear cinco puestos de trabajo en una empresa pública sin la autorización del Consell con el obligatorio informe de la Conselleria de Hacienda. Morenilla era el director de la Empresa Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), una entidad que controla las depuradoras de toda la Comunitat Valenciana. Las plazas terminaron siendo ocupadas por personas cercanas al Partido Popular. Entre ellas, figura una familiar del eurodiputado del PP Esteban González Pons.
La instructora dictó recientemente el auto de incoación de procedimiento abreviado, resolución que equivale al procesamiento en otro tipo de procedimientos. El escrito supone el cierre de la investigación judicial y traslada el caso al fiscal para que pida la apertura de juicio o solicite el archivo de la causa.
La primera opción cuenta con todas las posibilidades. De hecho, el procedimiento comenzó tras una denuncia de la propia Fiscalía de Valencia tras analizar la documentación aportada por la Confederación General del Trabajo (CGT).
Morenilla ingresó en la empresa pública en 1993. Desde 2002 hasta 2011, cuando el escándalo de la depuradora de Pinedo salta a los medios de comunicación, estuvo al frente del organismo público. La sociedad tenía un consejo de administración, pero como ocurre en la mayoría estas entidades, este órgano queda lejos de ejercer una labor de supervisión. Entre los años 2006 y 2008 se crearon cinco puestos sin contar con las autorizaciones correspondientes, según el auto.
Los mecanismos de control resultaron efectivos. En tres ocasiones, se le requirió al ahora procesado para que anulara la cobertura que estaba dando a estos empleados, recoge la juez. Morenilla consideraba, según declaró en el juzgado, que estos profesionales eran necesarios para incrementar la productividad de la empresa. Es más, su papel fue clave para evitar el colapso de la sociedad.
El directivo negó que estas contrataciones se realizaran como medida de presión de superiores o como un intento de beneficiar a determinadas personas con las que mantendría una relación de amistad. «No se puede enchufar a quien no se conoce», manifestó recientemente a los medios de comunicación.
Morenilla maneja, además, otros argumentos a su favor. Las contrataciones fueron aprobadas por el consejo y tras su salida de la entidad siguieron trabajando, lo que evidenciaría la necesidad de su desempeño. La carga de trabajo de esa empresa pública excedía la de otras entidades de la misma naturaleza. También alega el ahora procesado que ni la Intervención de la Generalitat ni el Síndic de Comptes le advirtieron de la necesidad de ese informe previo de Hacienda. La representación legal del que fuera responsable de la Epsar admitiría un error, un fallo administrativo por estos hechos, pero considera que la infracción, en ningún caso, puede llevar a sentar a Morenilla en el banquillo.
El caso Emarsa, el expolio de la depuradora de Pinedo, sigue pendiente de juicio. La vista de noviembre se aplazó ante la extradición de Roca Samper tras su sorpresiva detención en Moldavia.
