Los sindicatos Co.Bas y CGT presentan dos demandas para impugnar el sobre el proceso de despidos que afectará a 1.750 empleados de la empresa y acusan al Gobierno de servirse de Telefónica para hacer un “argucia política” con la multinacional, con el objetivo de seccionar el negocio militar del resto de la compañía
CARLOS DEL CASTILLO. Público
@CdelCastilloM
MADRID.- Los sindicatos de Co.Bas y CGT presentarán este miércoles dos demandas de impugnación colectiva sobre el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Indra, una de las mayores multinacionales españolas, ante la Dirección General de Empleo.
La compañía pactó con los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO) la extinción de hasta un máximo de 1.750 empleos, un centenar menos de los que pretendía, durante un plazo que finalizará el próximo 31 de diciembre de 2016. Los despidos supondrán la salida del 8% del total de la plantilla en España, aunque la empresa se comprometió a recolocar a 350 de los trabajadores afectados.
Co.Bas y CGT, por su parte, acusan a los sindicatos que firmaron estas condiciones con Indra de “traicionar a los trabajadores y a sus afiliados”. Portavoces de ambas agrupaciones de trabajadores han denunciado ante este medio que las cifras económicas aportadas por la empresa no justifican la realización de un ERE de tal magnitud, posición unánime entre la representación social hasta apenas dos días antes del acuerdo.
“Las condiciones que se han acabado pactando se filtraron a la prensa en febrero de este año.La negociación ha sido un paripé”
“La negociación ha sido un paripé”, afirma Daniel Alzueta, delegado de CGT. “Y la mejor prueba —continúa— es que las condiciones que se han acabado pactando se filtraron a la prensa en febrero o marzo de este año”. “El ERE de Indra estaba pactado con los sindicatos mayoritarios desde el día que se anunció, la negociación ha sido un teatro”, coinciden desde Co.Bas.
La notificación a los sindicatos de la intención de Indra de realizar un ERE se realizó el 25 de junio. Sin embargo, una conocida publicación económica venía publicando detalles de los planes de la empresa desde principios de año, cuando cambió la dirección: Fernando Abril-Martorell, hombre de confianza de Telefónica, que entró en el accionariado de Indra con un 3% —el accionista mayoritario es el propio Estado español, que posee algo más del 20% a través de la Sociedad de Participaciones Industriales (SEPI)— sustituyó a Javier Monzón, que acumulaba 22 años en el cargo.
Cambio de política: la tajada del negocio de Defensa
Monzón, que desarrolló una excelente relación con el rey Juan Carlos, fue la persona de confianza del PSOE en Indra, empresa clave en el sector de Defensa español, así como en I+D y nuevas tecnologías.
Fuentes de la empresa aseguran que su política de expansión al frente de la compañía no gustó en ciertos sectores del PP, que preferían que Indra se mantuviera como una empresa especializada en el sector de Defensa, de donde obtiene sus mayores beneficios gracias a una contratación pública que raramente decae.
El miedo de los trabajadores es que el Gobierno, a través de Telefónica, haya acelerado la puesta en marcha del proceso de restructuración de la multinacional, con el objetivo último de trocearla y separar el negocio militar de los demás. Fuentes empresariales con relaciones comerciales con Indra aseguran a este medio que ésta “ha renunciado a conseguir financiación” de la que antes disfrutaba, como por ejemplo las subvenciones comunitarias procedentes de la Comisión Europea.
Esta situación concuerda con algunas de las denuncias de los representantes sindicales, que más de dos meses después del anuncio del ERE, aún no conocen con exactitud de dónde vienen las pérdidas que Indra argumenta haber sufrido.
