El portavoz de la Plataforma No a la Contaminació de les Comarques de Castelló trasladó la semana pasada, en la visita del Secretario Autonómico de Medioambiente, en una charla coloquio “ Nova política ambiental a les comarques de Castelló” que tuvo lugar en la LLotja del Canem” en la capital de Castellón, la problemática de la contaminación industrial en nuestras comarcas, la atmosférica de emisiones y la relacionada con la gestión de residuos industriales.
Nuestro portavoz intervino para denunciar la ausencia de control real de las emisiones de los focos canalizados, especialmente de los atomizadores de arcillas y también de las empresas UBE y BP Oil del polígono petroquímico del Serrallo, focos que deberían cumplir unos límites de emisión de los que se desconoce su cumplimiento, gracias a las políticas de desinformación de estas administraciones publicas, incumpliendo la ley 27/2006 de 18 de julio del derecho al acceso a la información ambiental, al no dar traslado de los informes de los controles de emisiones que deben realizar las empresas para garantizar que se cumplen los límites de emisión en sus chimeneas y que han sido solicitados reiteradamente por la Plataforma.
La Plataforma Ciutadana No a la Contaminacio viene solicitando, entre otras, esta información desde hace años, sin que la administración la haya aportado, a pesar de que la legislación es muy clara en este sentido. Sin embargo, se ha pretendido justificar el incumplimiento con excusas, siempre bajo la presión de los grupos de presión económicos, en este caso de los lobies cerámico y petroquímico, que han presionado para que la información de las emisiones no sea trasladada a los colectivos ciudadanos que la han solicitado insistentemente.
Es hora de que esas nuevas políticas que anuncian los nuevos responsables de la administración autonómica de medioambiente se visualicen, cumpliendo sus obligaciones de transparencia en cuanto al acceso a la información ambiental de los ciudadanos. Hay una desidia histórica interesada en la desinformación de los ciudadanos en cuanto a los incumplimientos de algunas empresas de sectores económicos muy poderosos que consiguen el silencio de las administraciones incluso a pesar de suponer el incumplimiento de la ley y a eso se le llama prevaricación. Es evidente que, detrás de esta política de desinformación se esconde la incapacidad o la falta de voluntad de sancionar los incumplimientos de las Autorizaciones Ambientales Integradas (AAIs) concedidas por esas administraciones autonómicas y que las dejarían en evidencia ante los ciudadanos, como ya ha ocurrido en las ocasiones en que esa información ha llegado, casi siempre por la vía judicial.
Las posibles amenazas encubiertas en peticiones de confidencialidad por parte de algunas empresas no debe asustar a los responsables autonómicos y locales que deben velar siempre por el cumplimiento de la legalidad y la transparencia en la información, en este caso la ambiental, pues supone el conocer si se cumple la legalidad en cuanto a las emisiones de contaminantes, atmosféricos, líquidos, sólidos que, recordemos, pueden poner en riesgo la salud de la población a través del aire el agua y los suelos contaminados.
PLATAFORMA CIUTADANA NO A LA CONTAMINACIO
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