Los datos del SEPE relativos a la evolución del empleo, la afiliación a la Seguridad Social, los ERTE y el paro, en el mes de febrero de 2021, muestran que la destrucción de empleo, 750.000 más que justo un año anterior (febrero del 2020), a la vez que se encuentran acogidas a ERTE casi un millón de personas trabajadoras y unos 300.000 autónomos en suspensión de actividad, no es, ni mucho menos, como consecuencia de la Pandemia del COVID (la cual explica el aumento del paro en hostelería, hoteles y servicios ligados al “monocultivo” del turismo), sino que es consecuencia directa de las “leyes del mercado” que la clase política (todos los gobiernos) impuso en el modelo de relaciones laborales basado en la flexibilidad, el fraude en la contratación, la licencia al empresariado para despedir “porque sí” y la apuesta única de “garantizar el negocio empresarial” revestido de retórica huera de “salvar la economía”.
El titular “El paro se ceba con las mujeres y se amplía la brecha salarial”: Las trabajadoras desempleadas crecieron más del doble que los hombres hasta alcanzar un total de 2.304.779, no explica el porqué de esta discriminación atávica, que no es otra que la feminización de los puestos de trabajo en el sector servicios (hostelería, hoteles, cuidados, etc.), donde la precariedad laboral, tanto en las contrataciones como en los derechos salariales y laborales, es la norma.
Este sector (servicios) ha venido siendo desregulado, es decir, sujeto a las leyes del mercado únicamente, desde los años 90 del siglo pasado, generando de manera estructural un empleo precario, volátil, vulnerable, donde su trabajo, en una proporción de casi el 50%, es fraudulento, bien porque no son reconocidas como trabajadoras directas (caso de las kellys) sino de contratas y subcontratas, las cuales trabajan a precios por habitación de “mera oferta y demanda”, bien porque prestan servicios en plataformas digitales, donde su “laboriosidad” es una quimera, y en general porque casi todas sus contrataciones son temporales.
La clase política, que no trabaja por el bien común ni el interés general, desde los años 80, cada vez que hay una crisis del capitalismo (le llaman crisis de su economía), sea ésta denominada económica, financiera, energética, climática o como ahora sanitaria, recurren a legislaciones especiales casi en exclusiva basadas en las reformas del mercado de trabajo y en el robo salarial (devaluaciones) y sus fórmulas siempre son las mismas: precarización de los contratos, despidos masivos y expropiación de salarios directos e indirectos, para aumentar el excedente bruto de explotación, es decir, las rentas empresariales y financieras.
Ahora vuelve a aparecer el mismo discurso en la clase empresarial y en la política: hay que recuperar la economía (aquí en términos patrios solo tenemos una economía, la de servicios) y dicha recuperación parece se asienta sobre las mismas “patologías”: la precariedad, la temporalidad y parcialidad de los contratos, que afectan sobre todo a las mujeres y a los jóvenes, el trabajo gratuito (millones de horas extras sin remunerar ni pagar los impuestos) y ayudas directas al empresariado: 11.000 millones dixit el gobierno PSOE-UP para el sector servicios y parece que la mayoría de los 140.000 millones de la U€, irán a los grandes tinglados energéticos, como IBERDROLA, ENDESA, REPSOL y las constructoras e inmobiliarias…
Aumentan las colas del hambre, el ingreso mínimo vital, ni tan siquiera llega a quienes habían prefijado y no da ni para comida… la crisis social requiere de justicia social y hoy y ayer las personas trabajadoras necesitamos una Renta Básica que garantice una vida digna y necesitamos que se dedique el “dinero” a la economía de lo común, no a la cuenta de resultados de empresarios de todo tipo, que solo defienden “su economía”, sobre nuestra precariedad, pobreza y explotación.
