El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Radiotelevisió Valenciana (RTVV) que anuló el Tribunal Superior de Justicia (TSJ-CV) y motivó el precipitado cierre de la cadena autonómica, en noviembre de 2013, ha vuelto a los juzgados.
La Confederación General del Trabajo (CGT) ha presentado un escrito al juzgado de Instrucción 6 de Paterna, que instruye la causa penal del caso RTVV, para que se incorporen al procedimiento las «graves irregularidades detectadas» y se investiguen por presuntos delitos societarios, de prevaricación y malversación de caudales públicos los criterios que la dirección fijó para despedir a los trabajadores mientras se mantenían en sus puestos a un grupo de 16 asesores.
Según consta en su escrito, al que ha tenido acceso EL MUNDO, el sindicato insta a la magistrada-instructora a que requiera el expediente laboral y aporta un informe de la Inspección de Trabajo, de fecha de 30 de mayo de 2014, sobre el ERE para la extinción de los contratos de trabajo de 1.608 trabajadores que advierte «del fraude de ley en 16 contratos de asesores de RTVV», que fueron contratados por el ex director general, José López Jaraba, investigado en este procedimiento, y que «debieron cesar cuando cesó él».
A este respecto, CGT recuerda al juzgado «lo que se dijo por la Sindicatura de Comptes en el Informe de Fiscalización correspondiente a la Cuenta General de 2012». En este informe el órgano de fiscalización advirtió que «el personal directivo no ha cesado en sus cargos de forma automática al cesar el director general, incumpliéndose de esta forma lo dispuesto contractualmente».
Además, la Sindicatura subrayó que, «al igual que el personal directivo, el personal extraplantilla con funciones de asesoramiento» no habían «cesado en sus funciones una vez producido el cese del director general, incumpliendo de esta forma lo dispuesto contractualmente».
Así, CGT considera que, «a pesar de que la Sindicatura advirtió de esta grave ilegalidad, nadie corrigió esta situación, y provocó la conversión, en fraude de Ley buscado, de estos contratos en indefinidos o fijos». Con posterioridad, «se produce el lavado de esta irregularidad, manifiesta y advertida durante varios años por la Sindicatura, generando unas indemnizaciones fraudulentas en el ERE sin que nadie, a sabiendas, rectifique el grave fraude cometido».
El juzgado de Instrucción 6 de Paterna asumió esta denuncia, presentada por Compromís en la anterior legislatura, en la que se instaba a investigar la gestión económica y patrimonial que llevó a RTVV a su cierre, y que ha dejado una deuda a la Administración pública valenciana de más de 1.000 millones de euros.
Entrando en los detalles del escrito, la denuncia también cuestionaba decisiones comprometidas de López Jaraba. Entre estas decisiones destaca el pago de casi 700.000 euros a una productora con la que colaboró, Triskel Producciones, por la compra de tres únicos reportajes sobre la banda de los GAL, el ex ministro Alfredo Pérez Rubalcaba y el ex magistrado Baltasar Garzón.
La causa está pendiente de un informe pericial que abordará los pagos a Triskel y la Audiencia de Valencia tiene que resolver ahora si encarga otro análisis sobre los pagos a la productora de José Luis Moreno, dos millones de euros, por el programa Planta 25. La Fiscalía informó favorablemente sobre la pericial de Triskel, pero rechazó ampliar más las diligencias. Ahora tendrá que pronunciarse sobre la nueva prueba planteada por CGT.
Según apuntaron fuentes jurídicas, si la pericial de Triskel no aporta suficientes datos para continuar con las causa penal, el ministerio fiscal podría instar a que el asunto se eleve al Tribunal de Cuentas ante las irregularidades administrativas detectadas. Una decisión que ya se ha tomado en el procedimiento que investigó los pagos a la concertada, también denunciados por Compromís, para recuperar el dinero que se habría malgastado.
En la sentencia firme dictada por el TSJ-CV realizó afirmaciones sobre las irregularidades detectadas en el procedimiento de ejecución del ERE, «confirmando la existencia de posible trato de favor hacia determinados trabajadores, y arbitrariedades que determinaron la vulneración del principio de igualdad de los trabajadores afectados por el ERE, provocando un perjuicio a los mismos», traslada ahora CGT al juzgado.
La adopción de criterios para la afectación o no de los trabajadores de las entidades afectadas por el ERE fueron «totalmente arbitrarios, penalizando supuestamente a quienes accedieron a los entes a través de pruebas selectivas, y beneficiando a quienes no accedieron a través de pruebas selectivas».
De esta forma, continua el escrito, «quienes accedieron a un contrato indefinido buscado en fraude de Ley, han estado al mismo nivel de derechos que el resto de trabajadores que sí accedieron a través de pruebas selectivas». «Y ello, gracias al establecimiento de unos criterios arbitrarios de afectación en el ERE», concluye el escrito. El juzgado se pronunciará en las próximas semanas.
