Entrevista de Enric Llopis publicada en Rebelión.
Entrevista a Mercedes Domínguez, responsable de Inmigración del SAT, y José Antonio Brazo, portavoz del SAT en Huelva
Los frutos rojos –fresas, frambuesas, arándanos y moras- de Huelva generaron por ventas al exterior 920 millones de euros entre enero y noviembre de 2017, según los datos de la Junta de Andalucía. Representan el 85% de las exportaciones de frutas y productos de huerta en la provincia andaluza. Huelva lidera la ratio europea en producción de fresa y es el principal exportador mundial, subraya el ejecutivo autonómico. Pero más allá de los grandes números, están las situaciones de explotación laboral y agresiones sexuales denunciadas por las temporeras marroquíes que, entre marzo y junio, laboran en la campaña de la fresa en Huelva. 
-A mediados de la década de 2000, un documento del Sindicato de Obreros del Campo (SOC) –“Jornaleros de la fresa o esclavos modernos”- describía esta imagen en los municipios de Palos de la Frontera, Mazagón y Lepe: “Cientos de jornaleros inmigrantes que vagan de tajo en tajo para conseguir un jornal; magrebíes, subsaharianos, polacos, lituanos o ucranianos que se ven salir de los pinares sin que puedas descubrir en qué lugar han dormido esa noche”. ¿Por qué esta repercusión en mayo y junio de 2018?
-Mercedes Domínguez: Nosotros hemos estado a pie de tajo desde que nos llegó la primera denuncia, en mayo, hasta hoy. Los compañeros abogados nos informaron de lo que estaba ocurriendo en Almonte (Huelva). La primera vez que vi a una de las trabajadoras tenía, aparentemente, un ataque de ansiedad. Venía además con un dolor que le cogía toda la cara, el cuello y el costado. En el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva le detectaron un “latigazo” cervical. Cuando los abogados se acercaron al lugar de trabajo, la manijera (encargada) –aún no me explico cómo- les abrió la puerta y dejó pasar; la trabajadora marroquí les dijo: “Por favor llevadme con ustedes, que tengo miedo, quiero irme de aquí…”.
-José Antonio Brazo: En 2005 el SOC ya denunciaba la explotación laboral y sexual de las temporeras de la fresa onubense. En 2010 el periódico El País publicó un reportaje titulado “Víctimas del oro rojo”, en el que se reproducen expresiones como “O te dejas, o te quedas sin trabajo”. Pero todas estas denuncias caían en saco roto, hasta la explosión mediática que siguió a la publicación de un reportaje -“Violación en los campos”-, a finales de abril en la revista alemana Correctiv.org, realizado en Palos de la Frontera (Huelva), Marruecos y el sur de Italia. El cuatro de junio nueve temporeras denunciaron ante la Guardia Civil abusos laborales y sexuales en una finca fresera de Almonte y otra de Moguer (Huelva), que se sumó a la presentada el uno de junio ante la Guardia Civil de Almonte. Se ha dado la circunstancia, incluso, de empresarios que pretendían cobrarles 40 euros por llevarlas al médico.
-En 2014 la Audiencia Provincial de Huelva condenó al propietario de una finca agrícola y otras dos personas por un delito contra la integridad moral de 25 temporeras de la fresa, de nacionalidad marroquí y rumana; a uno de ellos, el patrón, se le agregó la condena por delito sexual contra tres de las trabajadoras. Los hechos ocurrieron en abril de 2009. La sentencia recoge expresiones como “Putas, os vamos a mandar a Marruecos, cojones que en vuestro país estáis muertas de hambre”, además de amenazas, coacciones y jornadas laborales de 10 horas sin tiempo para el almuerzo ni días libres. ¿Es la realidad a día de hoy?
-CD: Además de los abusos sexuales, que es una de las cosas que ellas más han señalado, actualmente hay denuncias por impagos salariales, incumplimiento de los contratos y de las horas extraordinarias; las trabajadoras viven en condiciones pésimas y maltratadas; han de pagarse el alojamiento en las casas de obra de chapa, donde malviven entre ocho y 10 mujeres en espacios muy reducidos. Es la esclavitud del siglo XXI. Uno de los ejemplos es la empresa Doñana 1998, de Almonte, pero el fenómeno está generalizado en la provincia de Huelva. Hablamos del sector del fruto rojo, cuya “reina” es la fresa (la que cuenta con mayor superficie de cultivo). El SAT lleva años batallando por esta causa y defendiendo los convenios en los campos, pero el problema lo tenemos cuando nos acercamos a las mujeres trabajadoras; los manijeros nos vienen rápidamente y de manera agresiva, para que no las informemos. Otra cuestión es la falta de inspecciones de trabajo (el tres de junio el SAT presentó una denuncia en el Juzgado de Instrucción Número Tres de Huelva por el “secuestro” de temporeras en la Finca Doñana 1998; cerca de 400 mujeres migrantes con contrato vigente “están retenidas y las quieren echar de la finca”, detallaba el acta de denuncia verbal. Nota del entrevistador).
-JAB: Hemos observado, a raíz de la explosión mediática, que algunas empresas están “regularizando” a mujeres marroquíes, lo que significa que no las tenían dadas de alta. Otro de los problemas radica en las “contrataciones en origen”, firmadas en Marruecos y autorizadas por el Gobierno español, a partir de las ofertas de empleo presentadas por los empresarios. Las trabajadoras llegan sin tarjeta sanitaria, de manera que las hemos acompañado al médico con el pasaporte. Recuerdo que una de las mujeres se desmayaba, y no sabíamos que se trataba de un cuadro de ansiedad; venía con arañazos después de haber saltado las alambradas. Cuando llegamos al médico de guardia de Almonte, y éste vio la situación en que se hallaba la mujer, nos preguntó por qué no fuimos antes. Pero es que no nos dejan realizar nuestra labor, ni denunciar… A continuación el médico fue a un cuarto y nos mostró una caja con centenares de actuaciones sanitarias.
-CD: El sistema de “contratación en origen” establece una cautividad jurídica y material sobre las trabajadoras migrantes, que constituye la base de su desprotección. Además estos contratos de incumplen, por lo que terminan muy desilusionadas: nada de lo que les han prometido es verdad. Por eso es tan importante que colectivos de Derechos Humanos examinen con lupa estos contratos. El sistema se desarrolló, sobre todo a partir de 2002, con mujeres temporeras que venían a Huelva desde países de la Europa del Este como Polonia, Rumanía, Bulgaria, Ucrania y también de Marruecos; es a partir de 2006 cuando se aceleró la contratación de mujeres marroquíes. Los empresarios de Huelva ya nos han dicho que las mujeres tenemos, por nuestra anatomía, condiciones más perfectas y delicadas para recoger la fresa. Por otra parte, la gran mayoría de las trabajadoras marroquíes que están en Huelva no hablan francés, y esto es señal de que no han podido ir a la escuela. Vienen de hogares rurales y pobres de Marruecos, que es de donde las quieren los empresarios freseros. Los patrones tratan de garantizarse un stock de temporeras en las fincas, para recurrir a ellas según las necesidades de los cultivos.
-JAB: Durante los años 90, con el boom del ladrillo, jornaleros de Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba o Portugal que laboraban en la fresa de Huelva comenzaron a trasladarse al sector de la construcción, porque allí ganaban más dinero. El campo se quedó vacío. La respuesta fue -a finales de los 90 y en la década de 2000- traer a contingentes de migrantes, principalmente mujeres; una de las razones, según los ayuntamientos y los empresarios, es que generaban menos “problemas”. En las zonas rurales y empobrecidas de Marruecos, de donde provenían estas mujeres, los ajustes estructurales del FMI en los años 80 y 90 del siglo XX causaron estragos (de los 60.000 temporeros y temporeras movilizados en la campañas agrícolas de 2008 en la provincia de Huelva, cerca de 40.000 ya eran mujeres contratadas en los países de origen, según datos de la Subdelegación del Gobierno en Huelva recogidos por la investigadora Juana Moreno Nieto en Revista de Estudios Internacionales Mediterráneos, 2009. Nota del entrevistador).
-En una entrevista de Laura Campillo en AmecoPress, la abogada Pastori Filigrana, miembro del SAT y la cooperativa de abogados Jarsia, subraya que ni siquiera se cumplen las condiciones del convenio del campo en la provincia de Huelva: 40 euros de sueldo diario por casi 40 horas de trabajo semanales. Añade que las temporeras marroquíes de la fresa tampoco cuentan con una copia de su contrato. ¿Qué acciones ha llevado a término el sindicato?
-CD: Hemos acompañado a las temporeras en sus reivindicaciones, y realizado numerosas denuncias y comunicados. Por ejemplo convocamos una rueda de prensa en la puerta de la Subdelegación del Gobierno, en la que pedimos más controles e inspecciones ante los casos de explotación; y otra conferencia de prensa ante la sede de la Inspección de Trabajo de Huelva, junto a las migrantes marroquíes. También las mujeres del SAT hicimos un llamamiento a la Marcha del 17 de junio en Huelva, convocada con el lema “Fresa sí, pero con derechos”, en la que participaron cerca de 3.000 personas. Hemos contado con el apoyo de la CNT y la CGT de Huelva, además de colectivos feministas. ¿Autoorganización de las temporeras migrantes? Ellas tienen mucho miedo, y por eso no se mueven. Les estamos apoyando para que se organice alguna asociación de mujeres rurales, con contactos y traductores, para que cuando tengan algún problema sepan dónde dirigirse. Es importante también que colectivos de especialistas en derechos humanos examinen con lupa los “contratos en origen”.
JAB: Las concentraciones contra los acosos se extendieron por otras ciudades del estado español. En acciones y manifiestos hemos reclamado un salario digno, cambiar el sistema de elecciones sindicales en el campo y la revisión de los convenios colectivos, con un convenio único andaluz que incluya unos mínimos, ya que en las provincias de Huelva –la “California” de Europa respecto al fruto rojo- y Almería –la huerta que exporta frutas y verduras a Alemania, Francia o Países Bajos- las condiciones son especialmente aberrantes. Otras propuestas son terminar con las “peonadas” para el acceso al subsidio agrario y anular las subvenciones de la Política Agraria Común (PAC) para aquellos empresarios que vulneren los derechos laborales. Ahí es precisamente donde les duele.
Pero si el hombre jornalero nativo está machacado y puteado, la jornalera lo está más todavía, y después está la temporera…por el desconocimiento del idioma, el analfabetismo y el hecho de vivir en zonas rurales de la provincia, aisladas, en fincas alejadas de los pueblos, con lo que tienen difícil salir del recinto. Por ejemplo Almonte es uno de los municipios con mayor superficie de España (860 kilómetros cuadrados). En algunos casos las temporeras también nos han dicho que se les retiene el pasaporte. La patronal fresera, que incluye a organizaciones como ASAJA, UPA y COAG, nos achaca un aprovechamiento mediático de lo ocurrido en Huelva, pero esto es imposible, nosotros no contamos con tantos medios. ¿Una situación excepcional? Actualmente estamos en la campaña de recogida de los ajos y es algo tremendo, exactamente igual que en la oliva de Jaén.
-En febrero de 2017 murió Adama Ndiaye, quien durante más de cinco años vivió en uno de los asentamientos ubicados en la periferia de los pueblos freseros. Con motivo de la muerte del joven senegalés, Caritas de Huelva denunció la “situación inhumana” de los más de 2.000 temporeros agrícolas que pernoctan en las chabolas. En abril de 2017 se produjo un incendio en el municipio de Lepe que afectó a 150 personas y 180 chabolas; según Caritas, fue el octavo desde 2015 en los asentamientos onubenses…
-CD: Sí, además de las temporeras, todavía queda otro eslabón en la cadena de la esclavitud. Junto a las fincas se hallan los campamentos de subsaharianos malviviendo; es a ellos a quienes “cogen” cuando a los empresarios les hace falta mano de obra. Si el convenio colectivo, de los peores de Andalucía, establece 40,3 euros brutos diarios y ya no se cumple, imagínate en el caso de los subsaharianos… Pueden trabajar por cualquier cosa, incluso 10-15 euros. Viven en asentamientos de chabolas, hechas de plástico y cartón, sin agua, luz ni servicios mínimos.
-JAB: Los ayuntamientos, encargados de recoger los residuos, saben perfectamente la situación de estas personas. Y esto es lo más escandaloso, ya que ni siquiera les ponen agua potable. Tienen que abastecerse en garrafas de agua con los productos químicos que les “echan” a la fresa. Es canallesco.
