Las trabajadoras del Complejo 9 de Octubre (Valencia) se movilizan contra los despidos

El contrato del Gobierno Valenciano para el servicio de limpieza llevará a recortes de la jornada laboral y los salarios
Enric Llopis
Rebelión

El sector de la limpieza se caracteriza por la precariedad, en materia salarial y también de contratación, que generalmente es de una eventualidad extrema. El hecho de que el índice de ocupación femenina sea muy alto agrega otro elemento de precariedad, aunque no exclusivo de este sector: la discriminación salarial. Una de las tradicionales fórmulas de contratación de trabajadoras en el sector ha sido el contrato de obra (por el mismo tiempo que una administración pública contrata el servicio de limpieza con una empresa). Fuertes luchas sindicales aliviaron las condiciones de trabajo al conseguir incluir en los convenios la figura de la subrogación.

Significa la subrogación que, en caso de entrar una nueva empresa contratista –por ejemplo en un ayuntamiento-, ésta ha de mantener los contratos de trabajo en las mismas condiciones que la empresa anterior. La nueva empresa también ha de conservar los puestos de trabajo, lo que garantiza una cierta estabilidad en un sector tradicionalmente precarizado. A todas las dificultades se suma que la limpieza ha sido una actividad frecuentemente desvalorizada. Cuando los contratos se formalizan entre empresas privadas (por ejemplo una sucursal bancaria con una empresa de limpieza), las condiciones son todavía más severas.

En el último quinquenio el panorama del sector se ha degradado sustancialmente, lo que ha dado lugar a conflictos laborales enconados. Hace cinco años en Girona, la limpieza viaria en Madrid o las universidades en Zaragoza son algunos ejemplos de los muchos posibles. El problema se desencadenó cuando las instituciones públicas empezaron a rebajar, en un contexto de crisis y recortes, el presupuesto para contratar el servicio de limpieza con empresas privdas. Estos recortes en la licitación del servicio fueron inmediatamente trasladados por las empresas a las condiciones laborales de los trabajadores (menos horas de trabajo y mermas salariales).

Además, las empresas que entran en concurso pujan a la baja sobre el presupuesto de licitación inicial, con el fin de hacerse con el contrato, lo que todavía degrada más la situación de los empleados. Cuando los sindicatos plantean sus reivindicaciones, lo hacen ante la Administración (más que ante las subcontratas), ya que es quien establece las condiciones de los contratos. Otra de las claves explicativas de lo que está ocurriendo es la externalización y privatización de los servicios públicos, como la limpieza de edificios administrativos, colegios, universidades u hospitales. La cuestión es si podrían prestar estos servicios las diferentes administraciones, bien directamente bien a través de empresas públicas.

La Ciudad Administrativa 9 de Octubre de Valencia (edificio en el que se ubican las consejerías autonómicas del País Valenciano y diferentes entes públicos) reúne todos los ingredientes del polvorín. El 1 de agosto de 2014 la Conselleria de Hacienda y Administración Pública licitó por 2,6 millones de euros el servicio de limpieza por el periodo 2014-2017 de los edificios de seis consellerias y cuatro entidades públicas insertas en la Ciudad Administrativa 9 de Octubre. La adjudicación está pendiente de resolución por parte del Gobierno Valenciano. El 23 de septiembre de 2014 las trabajadoras del complejo administrativo –en torno a 80- empezaron a movilizarse contra los despidos y las reducciones de la jornada laboral y salarial que supone el Pliego de Condiciones del nuevo contrato.

Según las estimaciones de CGT, este nuevo contrato implicaría el despido de más de la mitad de la plantilla actual de las subcontratas, así como “un empeoramiento significativo de las condiciones de trabajo, ya de por sí precarias” (algunas trabajadoras cobran 200 euros mensuales). Esto se explica porque el número de horas de limpieza establecidas en el Pliego de la Contratación es muy inferior a las que realizan actualmente las trabajadoras (sólo en el primer año se pasará de 81.000 horas a 57.000, y se dejarán 2.500 para trabajos extraordinarios).

Otra de las claves es que la Administración rebaja en el nuevo contrato el precio por hora, lo que se traducirá en una merma de los salarios. El sindicato recuerda, asimismo, que muchas empleadas del edificio administrativo laboran a media jornada y se dan casos de dos horas de trabajo diarias, con altos niveles de exigencia y horas extraordinarias que no se abonan. Por esta razón, las delegadas sindicales de CGT, CCOO, UGT y trabajadoras afiliadas a USO reivindican que no se resuelva el contrato en las condiciones actualmente previstas. Las trabajadoras resaltan las mil firmas de apoyo de los funcionarios del complejo 9 de Octubre. Además de las concentraciones de protesta en el edificio administrativo (y una en la Conselleria de Hacienda), destaca la movilización organizada con motivo de un acto del expresidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Se les prometió una solución a sus demandas si mantenían el orden. A partir de entonces han mantenido reuniones sobre todo con técnicos, pues los altos cargos –aseguran- no les han recibido. Ante la inacción política, las concentraciones y las “pitadas” se mantuvieron hasta el 22 de mayo.

Entre otras particularidades, el contrato establece una frecuencia superior de limpieza en el área de trabajo de los altos cargos de las consellerias. María Ortiz, quien lleva trabajando en la Conselleria de Bienestar Social durante un año y medio, señala que no se manda personal para cubrir vacaciones ni bajas laborales, por lo que forzosamente “hemos de hacer más trabajo en menos horas”. Tampoco se cubren en muchos casos jubilaciones y prejubilaciones. Además de las “presiones” por parte de la subcontrata, subraya tareas –como la limpieza de cristales- que se quedan por realizar.

CGT señaló en un escrito “irregularidades” en el pliego del contrato, en concreto, la falta de 3.000 metros cuadrados que habrían de incluirse en el área de limpieza. Por esta razón el sindicato ha pedido una nueva contratación “parcial” para estas zonas. Además, la CGT ha revelado comunicaciones internas donde la Subdirección General que gestiona la “ciudad administrativa” advierte de los “riesgos”: “Creo que de los datos remitidos, va a sobrar más de la mitad de la plantilla (…)”. Otro documento señala el “posible problema social y consecuentemente conflictividad laboral que podría dar lugar una reducción conjunta tan dramática en dos aspectos como son los metros cuadrados de limpieza y la frecuencia en ejecución de tareas”.

Actualmente ocho empresas de la limpieza trabajan en los edificios de la Ciudad Administrativa 9 de Octubre. Con el nuevo contrato se le adjudicará el servicio a una sola empresa. Un ejemplo de cómo se opera en el sector es el GrupoNet, inicialmente excluido de la licitación por “baja temeraria”, ya que presentó una propuesta de precio/hora extraordinaria por debajo de lo establecido en el convenio del sector, informa CGT. El gerente del GrupoNet es el actual concejal del PP en el Ayuntamiento de Elche, Luis Ángel Mateo Miralles. La mesa de contratación de la Conselleria de Hacienda excluyó a la empresa, pero un tribunal administrativo dio finalmente la razón a ésta. Lo importante, explica el secretario de Organización del Sindicato de Limpieza de CGT-Valencia, Paco San Vicente, es que hay mujeres que pueden trabajar en cuatro empresas o domicilios particulares, entre 8 y 12 horas diarias, para alcanzar el salario mínimo interprofesional.

Las peores condiciones se dan en el ámbito privado, apunta el sindicalista. Por ejemplo, una trabajadora de la limpieza de una sucursal bancaria puede laborar 45 minutos en una jornada, en días alternos. “Muchas empresas del sector privado contratan por cuatro horas diarias, lo que puede traducirse en jornadas de 8 y 10 horas; hay empresas que contratan con oficinas, colegios y agencias bancarias que están pagando cinco euros la hora”, asegura Paco San Vicente. Otro de los problemas, añade, es que la Administración (en los contratos de limpieza en edificios públicos) no realiza controles exhaustivos para que se cumplan los contratos. Es el caso de las bajas que no se cubren o servicios que la Administración paga como “extraordinarios” y es un trabajador quien abandona su tarea habitual (“ordinaria”) para realizarlos. Advierte que con el pliego de condiciones establecido en el complejo 9 de octubre, el gobierno valenciano está favoreciendo despidos y reducciones de jornada.

Después de seis años en diferentes empresas de limpieza que contratan con consellerias, Reme Navarro trabaja 15 horas a la semana y cobra 350 euros mensuales, aunque el año pasado asegura que realizó muchas horas extraordinarias. Opina que con el nuevo contrato, sin finalmente se aprueba, “no tendremos tiempo de hacer todo el servicio y se acumulará la suciedad, lo que implica más carga de trabajo”; sin embargo se les exigirá igualmente el cumplimiento de la “hoja de calidad”. “Con la mitad de horas y el sueldo proporcional a esas horas, muchas no podremos aceptar las nuevas condiciones laborales; te invitan a que te vayas; se trata de una estrategia deliberada por parte de la empresa”. Algunas trabajadoras aseguran haber recibido llamadas telefónicas de las empresas anunciándoles los recortes en el horario o proponiéndoles nuevos destinos. “O aceptas condiciones peores o no sabes lo que ocurrirá; te dicen que hay que cumplir con la hoja de calidad de la conselleria cueste lo que cueste: para poder cobrar”.