Antonio Pérez Collado, Confederación General del Trabajo del País Valencià i Murcia
A lo largo de los tiempos los gobernantes han mostrado una enfermiza obsesión por perpetuar su memoria dejando a las generaciones venideras alguna gran obra pública que recuerde su mandato. Así, desde los faraones a Franco, se acumula un enorme legado de pirámides, palacios, castillos, templos, pantanos, puentes y arcos triunfales. Ni que decir tiene que todas estas construcciones siempre las han levantado los trabajadores (primero como esclavos y luego como obreros) y las ha pagado el pueblo con sus impuestos.
También las autoridades valencianas, encabezadas por el president de la Generalitat, Carlos Mazón, y la alcaldesa de la capital, María José Catalá, dan muestras de esa preocupación por traer a estas tierras el máximo de inversiones en proyectos de dudosa rentabilidad y discutible necesidad. Mientras el corredor mediterráneo, el incremento de carriles en la A-3, las ampliaciones del puerto y la terminal de Manises o la definitiva estación del AVE van sorteando los obstáculos, se anuncian nuevas y geniales ideas de nuestros gobernantes que suelen recibir el apoyo entusiasta de la patronal autonómica.
Lo último (si no hay más sorpresas) es la petición para Valencia de la Copa del América; un evento con el que ya fue doblemente agraciada la ciudadanía en 2007 y 2010 y que a estas alturas ni Barcelona ni otras muchas capitales muestran interés por quedárselo. La broma parece que dejó una deuda de unos 400 millones de euros, asumidos finalmente por el gobierno central. La Fórmula 1 -que no nos iba a costar un duro, según el entonces presidente Francisco Camps- supuso un agujero económico de 300 millones.
Pero es que en 2006 el gobierno valenciano de Camps ya se había fundido otros 22 millones en la preparación y desarrollo de la visita del papa Benedicto XVI, llegado a los pocos días del accidente del metro para presidir un encuentro mundial de las familias. Como se recordará, buena parte de este dineral acabó en los bolsillos de los implicados en la trama Gürtel y el resto se despilfarró en publicidad, pantallas gigantes, urinarios, jardineras, mochilas y un altar por el que se pagaron 1.568.609 euros.
Con un historial tan saturado de costosos y ruinosos eventos podría pensarse que las nuevas autoridades han aprendido de sus antecesores y están dispuestas a gastar el dinero de los contribuyentes con mesura y racionalidad. Sin embargo en el año y medio que llevan Mazón y Catalá en sus despachos no se han visto demasiados detalles de ese necesario y muy cristiano propósito de la enmienda.
Se han tomado otras decisiones que no solo desvían recursos económicos que estarían mejor invertidos en mejorar servicios públicos esenciales como sanidad, educación, residencias de mayores, ayuda a domicilio, vivienda social, etc. sino que suponen una apuesta por políticas claramente contrarias a la salud y la calidad de vida de la población valenciana.
En ese sentido la propuesta de Carlos Mazón de alargar la vida de la central nuclear de Cofrentes más allá de la fecha prevista para su cierre (el año 2030) no puede ser más desafortunada ni estar más alejada del interés social. A estas alturas los peligros de la energía nuclear están fuera de toda duda (como demuestran los accidentes de Harrisburg, Chernóbil y Fukushima, entre otros) así como el problema que representa tener que almacenar los residuos radiactivos durante cientos de años.
En España las nucleares de Vandellós y Trillo también han sufrido accidentes de cierta gravedad. Conviene añadir que la CN de Cofrentes ya está amortizada y ha concluido sobradamente su ciclo de vida útil, habiendo sido aplazado su cierre que estaba prevista para 2024.
No satisfechos con esta iniciativa de mantener en funcionamiento un reactor que se tiene que parar a menudo por fallos e incidencias, el gobierno valenciano apuesta también por la desmesurada instalación de parques fotovoltaicos y eólicos en espacios de gran interés agrícola, ecológico y paisajístico. Amplias zonas de comarcas como El Maestrazgo, La Serranía, La Ribera Alta o la Hoya de Buñol, entro otras, se enfrentan a proyectos -ya autorizados por la Generalitat- que amenazan el medioambiente, la fauna y la forma de vida de muchos pueblos agrícolas del interior.
La justificación de que tales agresiones se cometen para dotar la Comunidad Valenciana de autosuficiencia energética y crear empleo y riqueza en esas comarcas son absolutamente falsas, ya que a quienes van a beneficiar esas macro plantas es a las empresas multinacionales que las van a montar.
Que el PP valenciano no está por las energías renovables lo deja claro la petición de prolongar la agonía de la nuclear de Cofrentes, pero es que si de verdad interesan las alternativas eólica y solar no es apostando por que estas sean un negocio exclusivo del gran capital, sino facilitando que cooperativas de vecinos y ayuntamientos puedan instalar pequeñas plantas -en solares, terrazas, aparcamientos, etc.- que faciliten energía limpia y barata a las comunidades urbanas y rurales.
