El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) acaba de dar el visto bueno a la documentación presentada por Iberdrola para solicitar la ampliación de la vida activa de la nuclear de Cofrentes hasta finales de 2030. Teniendo en cuenta que esta central empezó a funcionar en 1984, si no ocurre una desgracia que obligue a clausurarla antes, habrá estado en marcha durante 46 años, tras la prórroga de 10 años en 2011 y y esta que se avecina de 2021.
Alargar hasta esos extremos la vida de una central nuclear supone un riesgo real e innecesario para la población de varias comarcas valencianas (la propia ciudad de Valencia está a unos 65 km en línea recta). Sin ánimo de ser alarmistas hay que recordar que el planeta ya ha padecido tres grandes desastres nucleares: Harrisburg (1979), Txernóbil (1986) y Fukushima (2011); este último con un modelo de reactor muy parecido al de Cofrentes. Por mucho que se insista en lo segura que es la energía nuclear conviene tener en cuenta que dichas catástrofes han afectado a grandes extensiones de terreno, contaminando aire y aguas. También han forzado el desplazamiento de cientos de miles de personas y ocasionado miles de muertes; centenares de ellas de forma inmediata por la exposición a altas dosis de radiación y el resto por el incremento del cáncer y otras enfermedades en víctimas contaminadas tras el accidente.
Pero con ser posible un siniestro del nivel de los comentados, no es menos cierto que también se pueden producir fallos menores que liberen radiactividad a la atmósfera o, en este caso, al río Júcar que nos suministra agua para consumo humano y riego de cultivos. En Ucrania hay una gran zona contaminada alrededor de Txernóbil donde no será posible la vida humana en siglos; en cuanto a Fukushima, a la zona terrestre de seguridad hay que añadir las aguas contaminadas que en etapas sucesivas han sido arrojadas al mar, cuyas graves consecuencias para la vida marina aún estar por conocerse.
Lejos de tomar en cuenta las enseñanzas que la energía nuclear acumula, los responsables de nuestras vidas y nuestra salud parecen dispuestos a ignorar esos peligros y prorrogar durante otra década la amenaza radiactiva. Por supuesto que no faltarán científicos y voces que sigan asegurando que todo está bajo control y que la nuclear es la energía más limpia. A ellos hay que añadir la presión de esos expertos que al riesgo nuclear contraponen el gran número de empleos que esta industria genera.
El de la pérdida de puestos de trabajo que acarrearía el cierre es un argumento que crea preocupación, pero sabiendo que dicha parada no sería total hasta más de una década después, y que en ese período continuarían desarrollándose multitud de labores, no hay razones para pensar así. Por otro lado, y si al cierre de Cofrentes se unen proyectos de desarrollo sostenible en la comarca, es muy probable que inviertiendo en energías renovables, agricultura ecológica, turismo sostenible y otras actividades alternativas, el número de empleos generados será muy superior a los que actualmente tiene la planta nuclear.
De un gobierno que se dice progresista y que incluso cuenta con un Ministerio para la Transición Ecológica no se puede esperar que ante la caducidad de una amenazadora instalación nuclear su única opción sea alargarle el funcionamiento.
Antonio Pérez Collado
Confederación General del Trabajo del País Valenciano y Murcia
