¿Que pasa en Correos para que sea noticia?
Raúl Navas, delegado CGT Correos
En los últimos días la mayor empresa pública estatal (y una de las pocas que quedan) está siendo noticia en la prensa y telediarios. Para quienes trabajamos en Correos nos causa extrañeza. En esta empresa ocurren todo tipo de injusticias diarias, pero nunca son noticia. Desde CGT mandamos habitualmente notas de prensa sobre numerosas irregularidades y abusos, pero nunca se publican. Desde hace muchos años existe una notable desinformación y confusión respecto a Correos. No es raro que una persona usuaria nos pregunte si Correos sigue siendo público o privado.
En todo caso, estamos escuchando entre otras cosas que “los centros de Correos están atascados” y que “los carteros están desbordados con el voto por correo”. Es cierto, como también lo es que las carterías estar atascadas siempre y que las y los carteros suelen estar desbordados en cada jornada laboral durante todo el año. Lo que realmente ocurre ahora es que los centros están más atascados de lo normal (que ya es decir) y que las y los carteros están aún más desbordados de lo habitual.
Es común escuchar a cualquier trabajador o trabajadora decir que acaba la jornada reventada . A los jefes les da igual que sea un joven de 18 o una trabajadora de 63, porque aprietan al máximo sin ningún miramiento. Las y los carteros realizan cada vez más recorridos y manipulan más pesos. Las personas clasificadoras de los grandes pabellones postales sufren unos intensos ritmos de trabajo diarios, manipulando pesos constantemente. En las sucursales, quienes están en la atención al cliente sufren una presión hasta límites insoportables para que atraigan más loterías y seguros. Hay numerosos compañeros y compañeras que sufren lesiones a causa del trabajo, sin que sean reconocidas como enfermedad profesional. Los índices de siniestralidad laboral en Correos son escandalosos. Raro es el año que no conocemos casos de accidentes laborales mortales. Tenemos que estar todo el día en la inspección de trabajo y en los juzgados por incumplimientos de leyes laborales y para reclamar derechos legales que son denegados.
La calidad en el empleo se ha deteriorado enormemente y se sigue profundizando en la senda de la precarización de nuestras condiciones de trabajo. Las jefaturas, salvo honrosas excepciones, son cada vez más autoritarias. El teléfono en el local del sindicato no para de sonar ante quejas constantes de gente que relatan todo tipo de abusos escandalosos e intolerables. En los últimos años, la política empresarial de Correos se ha caracterizado por comprimir las plantillas bajo mínimos en los centros de trabajo. Se han eliminado cientos de secciones de reparto. Se han multiplicado contratos basura. Es habitual que los paquetes, las notificaciones y envíos de todo tipo se acumulen y atasquen, que no se repartan en el plazo establecido. Los informes anuales de la CNMC indican aumentos constantes de reclamaciones e incumplimientos relacionados con la calidad del servicio. Pero nada de todo esto suele ser noticia. En Correos sufrimos muchos problemas, pero prácticamente ninguno es nuevo. Con este panorama, cuando se anunciaron elecciones anticipadas, para muchos trabajadores y trabajadoras la noticia, aparte del adelanto electoral, significaba que había que darse de nuevo una paliza sin personal suficiente y sin haberse recuperado aún de las elecciones autonómicas y municipales.
Correos tiene cientos de años, pero no siempre ha sido una empresa pública Sociedad Anónima como ahora. Durante mucho tiempo se llamaba Dirección General de Correos y Telégrafos, hasta el Real Decreto 1766/1991, de 13 de diciembre que cambió su denominación. De esta forma se comenzó a separar a Correos de la Administración Pública y el servicio público fue tomando cada vez un matiz más empresarial y comercial. En 1992 Correos ya era un Organismo Autónomo. En 1987 el Gobierno del PSOE aprobó la liberalización de la publicidad directa incentivando la entrada de empresas privadas y en 1991 procedió a separar y desvincular de Correosa la famosa e histórica Caja Postal, que pasó a integrarse en Argentaria. Un banco público que posteriormente fue privatizado entre 1993 y 1998, por lo que nos quedamos sin un banco público postal que obtenía miles de millones de pesetas de beneficios cada año y que estaba eficazmente presente en las zonas rurales y lo que hoy llamamos España vaciada. En 1993 se puso fin al transporte postal ferroviario destruyendo empleo y apostando por un modelo más contaminante y laboralmente más precario.
Por tanto, podemos afirmar que el desmantelamiento, privatización y mercantilización de Correos comenzó con los gobiernos de Felipe González. Con Aznar y el PP en el Gobierno se pisó el acelerador en 1998 mediante el Real Decreto 176/1998 se creó la Entidad Pública Empresarial Correos y Telégrafos. Se cambió la personalidad jurídica de Correos, pasando a regirse en multitud de asuntos por el Derecho Privado. Fue un paso más para separarnos de la Administración y continuar en la senda de su mercantilización. Además, ese año se aprobó la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales. Como su mismo nombre indica, era una ley que promovía la liberación y la iniciativa privada en el sector, tal y como indicaba la Directiva Postal Comunitaria 97/67/1997. Se suprimía el monopolio de diferentes actividades postales y los términos de servicio público quedaban en desuso frente a nuevos y recurrentes términos como mercado y libre competencia. Desde entonces, empresas y multinacionales privadas recurren a los tribunales acusando a Correos de competencia desleal y consiguiendo multas millonarias por el Tribunal de Defensa de la Competencia.
En mayo del año 2000, Alberto Núñez Feijóo fue nombrado presidente de Correos, sustituyendo a José Ramón Esteruelas. El nuevo presidente continuó en la misma línea y promovió cambios radicales que aceleraron el proceso de mercantilización y desvinculación de Correos respecto a la Administración Pública. Por un lado se aprobó la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, a lo que siguió la aprobación, en Consejo de ministros el 22 de junio de 2001, de la creación de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S. A. Es decir, Correos se convertía en nada menos que una Sociedad Anónima. Esta ley establecía que “A partir de la fecha del inicio de la actividad de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, Sociedad Anónima, el personal que la sociedad necesite contratar para la adecuada prestación de sus servicios lo será en régimen de derecho laboral”. Por tanto, los trabajadores indefinidos de nuevo ingreso ya no serían funcionarios, sino personal laboral. El derecho a la estabilidad en el empleo fue eliminado y los niveles de precarización comenzaron a avanzar a pasos de gigante.
Desde entonces Correos pasó de estar compuesta por personal funcionario a multiplicar los contratos basura: a tiempo parcial, fijos-discontinuos, etc. Fueron cambios (a peor) definitivos, que no hemos conseguido revertir y que fueron instaurados bajo la batuta de Feijóo. Además, el personal laboral lejos de vincularse a la Administración, pasó a regirse por un convenio específico desvinculado del resto del sector público. En enero de 2003, Feijóo, después de impulsar un destrozo cuyas negativas consecuencias continuamos sufriendo hoy en día, fue sustituido como presidente de Correos por Víctor Calvo Sotelo, hijo del expresidente Leopoldo Calvo-Sotelo y nieto del ex ministro de Franco, José Ibáñez Martin. De los cerca de 41.000 personas funcionarias que había en Correos en 2002, se pasó a los 34.000 en 2006, a 18.533 en 2014, y en 2018 ya había más trabajadores temporales que funcionarios. En Correos la estabilidad laboral se ha deteriorado enormemente. Además, hace 20 años se concedió el derecho al personal funcionario de Correos para concursar y poder trasladarse a otros ámbitos de la Administración Pública. Fue una invitación a irse, y desde entonces, quien se ha ido jamás ha querido volver, porque Correos es el peor sitio de todo el sector público. La fórmula Feijóo fue que no entrara nadie más con carácter, invitando a irse a quienes aún seguían en Correos.
Con los gobiernos de Zapatero se continuó en la misma línea. En 2006 el Gobierno aprobó un Decreto Ley que permitía a los operadores postales privados utilizar la red pública de Correos. De la Directivo Postal liberalizadora 2002/39/CE pasamos a la Directivo 2008/6/CE sobre el mercado interior de servicios postales comunitarios. Además, aquel gobierno del PSOE aprobó la Ley Postal 43/2010 que continuaba en la senda de la liberalización y mercantilización. Con el Gobierno de Zapatero (2004-2011) no se revertió ni una de las políticas aprobadas por los gobiernos anteriores, e incluso se apostó por una política claramente continuista.
En 2011 Rajoy llegó al poder con el mensaje de que la ausencia de Zapatero lo iba a arreglar todo. Se nombró a Javier Cuesta Nui como presidente de Correos, quien procedió a acelerar el desguace y a implantar una política de recortes salvajes. Se comenzó integrando a Correos en la SEPI y se implementó una radical política de recortes de plantillas, con el consecuente aumento exponencial de las cargas de trabajo. No se dudó en aplicar los aspectos más lesivos de la reforma laboral, como despedir a trabajadores por el mero hecho de estar enfermo. Se impusieron reestructuraciones en prácticamente todos los centros de trabajadores y se extendió una oleada de huelgas, mientras la dirección mostro una posición de intransigencia absoluta.
Curiosamente todos estos años y décadas de recortes, empeoramiento de las condiciones de trabajo, retrocesos, etc., fueron tiempos en los que existió, salvo puntuales excepciones, una convivencia prácticamente total entre los sindicatos mayoritarios UGT y CC OO con la dirección de Correos. Resulta sorprendente que todo este proceso de desguace y ataques a los trabajadores y trabajadoras, haya sido pactado y con paz social. Durante todos estos años, para estos sindicatos todo iba bien; su preocupación era captar afiliación a través de ofertar cursos puntuales y clases en academias para entrar en Correos. Nunca o casi nunca levantaron la voz. Como ejemplo podemos decir que durante la histórica huelga indefinida de los trabajadores de Majadahonda en 2015, las y los huelguistas recibieron aportaciones económicas de trabajadores, trabajadoras y numerosos colectivos, organizaciones, secciones sindicales, etc. Salvo de UGT y CC OO que aportaron la cantidad 0 euros a la caja de resistencia y, como en otras luchas de aquellos años, optaron por desvincularse de ella completamente. Mientras tanto, pactaron sin consulta alguna a las personas afectadas, el famoso “acuerdo de coberturas” que institucionalizaba que un porcentaje de las secciones de reparto no tuvieran personal de reparto. De esta forma, se daba el visto bueno a que las y los carteros fuesen cargados como burros con una sección de reparto más todo lo demás que ordenase la jefatura. La CGT nos opusimos radicalmente a este pacto que suponía un escandaloso retroceso para los trabajadores y trabajadoras.
En 2018 el PSOE volvió al Gobierno y nombró a Juan Manuel Serrano como presidente de Correos. Estos cinco años han sido una oportunidad perdida para revertir injusticias e impulsar cambios progresistas en Correos. Bajo la actual presidencia han seguido los mismos jefes latigueros y autoritarios de siempre. Se ha continuado impulsando la contratación parcial.. Se siguen incumpliendo requerimientos de Inspección de Trabajo. Se siguen ignorando informes de Institutos Regionales de Salud. La promoción profesional sigue siendo nefasta. En estos últimos años han ido a la huelga las y los trabajadores ruteros que llevan las sacas de correo a los buzones azules en las calles ante un intento de privatización y subcontratación, en una huelga que solo promovió la CGT. Hemos seguido retrocediendo en todo tipo de cuestiones. Tenemos que denunciar que ya no dejan acceder a los trabajadores y trabajadoras a los locales sindicales en edificios de Correos. Se sigue negando la conciliación pese a acumularse las sentencias judiciales, algunas con multas incluidas por actuar de mala fe. El artículo 24 de la ley postal que indica la obligatoriedad de que al menos cinco días a la semana, de lunes a viernes, las y los carteros deben llegar a todos los buzones, precepto que, de forma impune y natural, no se incumple desde hace muchos años sin que derive en ninguna consecuencia.
Actualmente el malestar en la plantilla es generalizado. Hasta puestos del ámbito administrativo están denunciando presiones, despidos mafiosos y sobrecarga de trabajo. El 10 de julio los trabajadores y trabajadoras de atención al cliente del centro directivo fueron a la huelga. Por otro lado, los mismos sindicatos que estuvieron callados durante años y pactando sin ningún tipo de consulta todo tipo de retrocesos, ahora dicen que todo va muy mal. CC OO ha fijado un discurso machacón culpando de todo a Serrano, el actual presidente. Transmiten la idea de que la ausencia de Serrano lo arreglara todo. Hipócritamente critican lo que han callado o incluso defendido durante años. Por un lado, dicen constantemente que Correos está en bancarrota y que Serrano lleva a la empresa a la ruina. Curiosamente con el anterior presidente, Javier Cuesta Nuin, hubo pérdidas en 2012, 2016, 2017 y 2018. Por el contrario, en 2019 con Serrano hubo 14,8 millones de euros de beneficios. En todo caso, no es normal que un sindicato interprete las cuentas de una empresa pública bajo criterios de rentabilidad puramente económica y cuantitativa.
Nunca hemos visto a CC OO en RTVE u otra empresa pública difundir con ese discurso de alarma y terror los balances contables. Además, no entendemos como un sindicato puede exigir en una mesa de negociación mejoras laborales y salariales a los trabajadores si anuncia permanentemente que estamos en quiebra y en la ruina. En todo caso, a otros nos preocupa más la rentabilidad social y el servicio público que la cuenta de resultados.
En otros tiempos, hace ya décadas, Correos siempre tenía pérdidas y nadie se llevaba las manos a la cabeza. En todo caso, las contradicciones son infinitas. Representantes de CC OO ha llegado a decir en los centros de trabajo que no hay dinero para nóminas, que puede haber un ERE, pero luego a los temporales les vende la propaganda que ante exámenes de consolidación de empleo con casi 8.000 plazas, se apunten a su academia para preparase la fijeza en Correos. Por otro lado, dicen que todo está muy mal, pero olvidan decir que todo lo que ha impuesto la empresa lo ha conseguido hacer con un convenio colectivo vigente firmado por ellos en 2011, con la única oposición de CGT.
Correos no ha necesitado ningún descuelgue de ningún tipo para hacer todo el destrozo realizado. Dicho todo esto, a muchos no nos sorprende la posición actual de CC OO de Correos ante el debate mediático relacionado con las elecciones del 23 de julio y el voto por correo, con declaraciones coincidentes entre Feijóo y representantes de CC OO. El sindicato CGT no defiende en absoluto al actual presidente, al igual que el anterior, el anterior, anterior, etc. Y nuestra alternativa no es volver a 2018, ni el modelo que impuso Feijóo, que por cierto ha dicho públicamente que es amigo del ex secretario general de CC OO en Correos, y se ha mostrado un entusiasta defensor del modelo de sindicalismo que CC OO defiende en Correos. La historia reciente de correos es la de un proceso permanente de retroceso en derechos laborales y condiciones de trabajo, así como de deterioro de la calidad del servicio público. Para mucha gente que trabaja en Correos, la sobreexplotación está convirtiendo las jornadas laborales en un infierno. Y tampoco olvidemos que los salarios en Correos son más bien escasos.
Por nuestra parte, desde CGT defendemos que otro modelo postal es posible. Continuamos exigiendo plantillas suficientes para entregar todos los envíos sin demoras. Apostamos por recuperar un banco público postal, que tendría un impacto tremendamente positivo, especialmente en las zonas rurales. Gobierne quien gobierne continuaremos defendiendo firmemente los intereses de los trabajadores y trabajadoras de Correos, y un modelo de servicio público de titularidad 100% pública que garantice un servicio de calidad a la ciudadanía y unas condiciones laborales dignas y decentes para sus trabajadores y trabajadoras. Y esperemos que después de las elecciones del 23-J se siga hablando de Correos, de todas las injusticias que sufrimos a diario quiene trabajamos ahí y que, de una vez por todas, se ponga fin a todos estos abusos empresariales.
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