2 juny 2017
Comunicado de Prensa
La sección sindical de CGT en FGV insta a la Consellera Mª José Salvador a mantener un encuentro en torno a la defensa de lo público y la seguridad del transporte
La Confederació General del Treball en Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana considera imprescindible llegar a acuerdos con la Consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori que garanticen la defensa de los derechos de la plantilla, la defensa de lo público y la seguridad del transporte
Volvemos nuevamente a dirigirnos a los medios de comunicación para que sean el altavoz de lo que pasa en esta empresa pública llamada Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, conocida con la marca METROVALENCIA, y que acaba de cumplir 30 años.
La celebración del aniversario ha estado salpicada con declaraciones políticas a favor de la necesidad de que haya un servicio público potente en el ámbito del transporte, así como por la reivindicación de una financiación justa por parte del Estado español.
Pasados los jolgorios de los actos institucionales y de las fotos de rigor, ¿qué panorama tenemos de puertas para adentro quienes en esta empresa trabajamos?. ¿Y de puertas para afuera como usuarios?
Pues el panorama es desalentador, más cuando más grandes eran las esperanzas de que el cambio de gobierno repercutiese de forma positiva en la gestión de un servicio público como es el transporte ciudadano.
En el margen de estos dos años de gobierno supuestamente progresista, la primera decepción fue el comprobar que seguíamos siendo el destino de cargos políticos a los que colocar (aunque como puntualizó la vicepresidenta del Gobierno, Mónica Oltra, los nombramientos fueran esta vez con la fecha de caducidad del propio gobierno, a diferencia de quienes se colocaron con el anterior y siguen en plantilla in eternum y no precisamente con sueldos de base). Aquí perdieron una valiosa oportunidad de poner el cascabel al gato y dejar atado que a la función pública se acceda por méritos y no por carné de partido. Además de los altos cargos, entre la plantilla también se han realizado movimientos en escalas intermedias que no sabemos muy bien a qué están acogidos (favores, otros tipos de carnet, simpatías, preferencias…). Alguna persona competente entre los nombramientos, cómo no (lástima que, si ha llegado gente con experiencia y valía, no lo haya hecho por una convocatoria abierta y transparente de concurso oposición).
El segundo golpe ha sido la presentación de un borrador de convenio (que se ha retrasado lo más posible por la dirección, seguramente para evitar conflictos en fechas sonadas y que sigue dilatando), en el que la parte estrella es cómo seguir accediendo de manera no muy transparente a escalas intermedias y la segunda parte contratante es un aumento de la jornada de trabajo. Esto último supondría una falsa y, además, minúscula “recuperación” salarial.
Y ahora, para acabarlo de rematar, la dirección ya ha publicado a los cuatro vientos la imposición de la jornada laboral con 10h de descanso mínima entre jornadas para tener así un titular de cómo avanza el Anteproyecto de Ley de Seguridad Ferroviaria.
Dicha Ley es el compromiso firmado por todas las fuerzas políticas (a excepción del PP) en vísperas de las últimas elecciones para con la Asociación de Víctimas del Accidente de Metro (AV3J). En el compromiso está evitar que pueda volver a producirse un accidente como el de 2006.
L@s trabajador@s no estamos para nada en contra de dicha Ley. Pero no queremos que sea un papel mojado. Que sólo supongan sanciones para l@s maquinistas, a quienes, de paso, se pone bajo sospecha. Que se busque el tiempo de descanso entre jornadas sin querer atender a un plan integral de medidas que se fije también en cómo discurren las jornadas laborales (tiempos de descanso entre trenes, saturación, estrés), en la falta de plantilla, en las condiciones laborales o en la repercusión que nuestro trabajo tiene en la conciliación de la vida familiar y social.
De nada quiere hablar la empresa, o no ha querido hablar en todo este tiempo. Sólo decir que nos envía a casa a descansar para tener un titular y lavarse las manos a continuación.
Habla de lo que no le permite la ley Montoro en cuanto a la oferta pública de puestos de trabajo, pero no de los incumplimientos de plantilla ganados en los tribunales o de la poca voluntad de cubrir bajas de larga duración o de reducciones de jornada por guarda legal para las que sí tiene posibilidad de contratación.
Tampoco habla de sus planes de externalización, aunque haberlos los hay. Eso significa privatización. En servicios públicos como el transporte o la sanidad sabemos que vender los servicios es vender los derechos de la ciudadanía. Y que un ferrocarril es más seguro en tanto en cuanto más pública es su titularidad (ejemplos hay en Europa, sin ir más lejos).
Somos conscientes de que no tenemos buena prensa los empleados públicos. Pero, cuando nosotros retrocedemos en derechos y se precarizan las condiciones de quienes trabajamos en las Empresas Públicas, quiere decir que la cosa está francamente mal. Porque cada paso que retrocedamos nosotr@s, serán al menos dos los que darán hacia atrás quienes tienen que pelear en el ámbito privado para no convertirse en esclavos de sus señores.
Desde CGT invitamos a Mª José Salvador Rubert, Consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori a que haga un hueco en su apretada agenda de actos, para mantener un encuentro público en el que podamos expresar nuestras inquietudes e intentar un acuerdo, en el que la defensa de lo público y la seguridad del transporte sean el objetivo, sin que estas mejoras sean en detrimento de los derechos de l@s trabajador@s.
Sección Sindical CGT FGV Valencia
2 junio 2017
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