¡Todo por el empleo!

El gran pacto para la reconstrucción que gobierno, patronal y agentes sociales (ex sindicatos de clase) se disponen a negociar amigablemente no será un solo acuerdo, sino que se formarán varias mesas en las que se discutirán (dentro de un orden, por supuesto) cada uno de los ámbitos sobre los que se han de aplicar estas políticas para salvar la economía, el empleo, la industria y hasta el tambaleante estado de bienestar que la crisis originada por el coronavirus ha apuntillado definitivamente.

Que uno de los objetivos más publicitados y menos explicados sea el de proteger y mejorar el empleo no deja de ser una promesa mil veces repetida desde la practica totalidad de los partidos políticos y el sindicalismo oficial. Hay que irse al principio de la Transición para encontrar el inicio de estos pactos sociales en los que, bajo la aparente y nula intención de favorecer el empleo, lo que realmente se ha conseguido es hacer retroceder las condiciones y los salarios de la clase trabajadora. En 1981 se firma el Acuerdo Nacional de Empleo (ANE), que podría ser considerado el primero de estos grandes pactos aunque en 1977 ya se habían materializado los Pactos de la Moncloa; un acuerdo de carácter político, pero donde también se establecían determinados recortes a los derechos laborales y salariales.

Otra docena de acuerdos similares se fueron sucediendo sin que ninguno de ellos sirviera para otra cosa que para nuevos recortes, mayores ventajas para la patronal y el reconocimiento institucional y mediático de UGT y CC.OO. como los únicos interlocutores sindicales. Pero también implicaba -aunque no apareciera siempre en los textos rubricados por sus líderes sucesivos- una lluvia de subvenciones, cursos de formación y liberados. No es de extrañar que esta práctica tan bien recompensada no se haya limitado a la docena larga de acuerdos de ámbito estatal, sino que semejantes pactos por el empleo y algún otro ambiguo objetivo también se han producido en los niveles autonómicos y hasta en los grandes municipios. Viendo ahora las denuncias que se están juzgando en Andalucía, Asturias y otras comunidades sobre más que presuntas corruptelas sindicales, parece que en muchos casos las generosas ayudas al sindicalismo institucionalizado eran más cuantiosas y menos fiscalizadas en las administraciones autonómicas que en la central.

Ahora, con un gobierno que aún insiste en no dejar a nadie atrás y en gobernar para los de abajo, a las negociaciones en marcha para actualizar el pacto de Toledo (que regula el recorte de las pensiones y el retraso de la edad de jubilación) y otros aspectos de la relaciones laborales (como la amplia gama de contratos de trabajo) se ha unido esta descentralizada negociación que, con la intención de sacarnos de la nueva crisis, podría suponer que -como siempre ha sucedido y sucederá ahora si la lucha social no lo evita- a los que de verdad favorece es a los grandes empresarios.

Y es que teniendo la legislación laboral que tenemos, si no se empieza por eliminar las reformas laborales, por suprimir las ETT, por mejorar y adelantar las jubilaciones, por reducir el abanico de contratos a lo imprescindible, por reducir la jornada de trabajo y acabar con las horas extraordinarias, por acabar con el despido libre y barato y por implantar una renta suficiente para las personas sin empleo, parece bastante difícil que se pueda alcanzar algún tipo de acuerdo que, de verdad, mejore la calidad y la estabilidad del empleo. No digamos ya avanzar hacía una más justa distribución de la riqueza.