Hacienda informa a petición del fiscal sobre ingresos del PP valenciano a la trama
Adolf Beltran Valencia. El País
Una denuncia del sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) sobre la adquisición y arrendamiento de 65 vehículos todoterreno por la empresa pública Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa) supuestamente sin contrato en 2010, que investiga la Fiscalía Anticorrupción, ha revelado que esa sociedad compró vehículos a la misma empresa que Álvaro Pérez, responsable de Orange Market, terminal valenciana de la trama Gürtel, usó para facilitar vehículos a cargos del PP como el exdirector de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) Pedro García.
Las irregularidades denunciadas por CGT, que se basa en un informe de la Sindicatura de Comptes en el que apuntó la ausencia de licitación, se refieren a vehículos adquiridos por importe de 1,4 millones de euros por Vaersa a British Car, que pertence, según destaca el sindicato, al mismo grupo de empresas, Grupo Ibérica, que Imperauto. Con esta última empresa, según informes policiales del caso Gürtel, contrató Special Events, compañía de la trama de corrupción, un vehículo Mini Cooper que pasó por las manos de Álvaro Pérez y, pese a seguir matriculado a nombre de Imperauto, acabó usando Pedro García cuando era director general de RTVV. Tanto Álvaro Pérez como Pedro García están imputados en la instrucción sobre la red corrupta. Una instrucción que ha revelado que García fue también socio de Orange Market.
Pero además de eso, de acuerdo con la denuncia de CGT, Vaersa adquirió, ese mismo año 2010, esta vez sí con licitación pública, otros 115 vehículos todoterreno por 2,3 millones de euros, ya no a British Car sino a la propia Imperauto. CGT destaca que en ambas contrataciones, la que tuvo licitación y la que no se licitó, el consejero responsable de Medio Ambiente, y por tanto de Vaersa, era Juan Cotino, actual presidente de las Cortes Valencianas.
El juez Ceres cita como testigos a un diputado un alcalde y un exconsejero
Por otra parte, ayer terminó el plazo para que la Agencia Tributaria entregara al juez José Ceres, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que instruye el caso Gürtel, un informe sobre la financiación irregular del PP valenciano. El informe incluye una adenda a solicitud de la fiscalía en la que se cuantifican los ingresos de Orange Market y otras empresas de la trama procedentes del PP de la Comunidad Valenciana; se indica si hay reflejo de esos ingresos en A o en B; se calculan “los gastos de Orange Market constatados para la prestación de servicios al PP”; se detalla la deuda del PP valenciano con empresas de la trama que se ha constatado que fue pagada por terceros, y en especial por Grupo Enrique Ortiz, Facsa, Lubasa, Sedesa y Vallalba, y se cuantifica la deuda defraudada por Orange Market en 2007 y 2008, años de campañas electorales.
Dentro de la instrucción sobre la supuesta financiación irregular del PP, el juez Ceres ha citado a declarar como testigos el próximo día 12, en su condición de coordinadores de esas campañas a nivel provincial, el vicepresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Moncada, Juan José Medina, el diputado autonómico Rubén Ibáñez y el exalcalde de Alcoi y exconsejero Miguel Peralta.
Anticorrupción investiga a Cotino por adjudicaciones a dedo a empresas vinculadas con Gürtel
Vaersa, una empresa de la Conselleria de Medio Ambiente, gastó 1.5 millones en 65 vehículos suministrados por un intermediario de la trama corrupta gracias a contratos a dedo
La Fiscalía investiga el caso tras las denuncias de CGT y el crítico informe de la Sindicatura de Cuentas con la gestión realizada cuando Cotino era conseller
http://www.eldiario.es/cv/Anticorrupcion-Cotino-adjudicaciones-vinculadas-Gurtel_0_236226409.html
Voro Maroto. El Diario.es
Juan Cotino asegura que pone la “mano en el fuego” por su familia
La policía acusa a Cotino de organizar la visita del Papa con la trama Gürtel
La Fiscalía Anticorrupción investiga la gestión en Vaersa, una empresa de la Conselleria de Medio Ambiente, bajo la dirección de Juan Cotino, actual presidente de las Corts Valencianes. La acusación pública ve indicios de un posible delito en el gasto de casi 1.5 millones en la compra y arrendamiento de vehículos todoterreno sin el preceptivo concurso público. Los coches fueron suministrados por una empresa vinculada con la trama Gürtel.
Según el sindicato CGT, que denunció el caso ante la Fiscalía basándose en el informe de la Sindicatura de Cuentas de 2010, Vaersa compró o arrendó 65 vehículos por 1.5 millones. Para, tal vez, eludir la competencia y transparencia propias de un concurso, las compras se dividieron en 7 contratos menores, los que no necesitan tener publicidad. A pesar de eso, se eludió la obligación, según el sindicato, de publicar la operación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
VAERSA también adquirió en 2010 otros coches por importe de 70.000 euros y accesorios por 90.000 euros. Igualmente se gastó en alquiler de todoterreno otros 800.000 euros. En los dos casos, sin concurso público ni siquiera contrato. Una de las empresas que participó en la primera de las operaciones fue un concesionario de coches relacionado, según la policía, con la trama Gürtel.
Sociedad intermediaria de la red
British Car, el proveedor de los 65 coches que costaron 1.5 millones, es una empresa del mismo grupo que Imperauto, una sociedad, según la policía, intermediaria de la trama Gürtel. A través de ella se le habría regalado un coche, por ejemplo, a Pedro García, el exdirector de RTVV acusado de embolsarse medio millón de euros con la visita del Papa y poseer el 20% de una empresa de la trama Gürtel. Cotino, máximo responsable y presidente de Vaersa en su condición de conseller en aquella época, también ha sido vinculado con Gürtel, aunque él lo niega y se ha ofrecido a declarar voluntariamente.
CGT, mientras, “celebra la apertura de diligencias penales por parte de la Fiscalía, y denuncia públicamente el absoluto descontrol en la empresa Vaersa que, a imagen y semejanza de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), otro buque insignia de la corrupción en la Generalitat, ha dilapidado los fondos públicos para acabar despidiendo a trabajadores cuando las cuentas no salían”.
