Vaersa gastó 90.000 euros en ’kits’ de lujo para todoterrenos forestales

«El informe de la Intervención de la Generalitat Valenciana constata que no se ha ajustado Vaersa a lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público y la adjudicación no ha sido objeto de licitación pública». Es sólo una parte de la denuncia que ha presentado la Fiscalía Anticorrupción, a la que ha tenido acceso EL MUNDO, ante el juzgado que instruye el caso Vaersa por la compra irregular de más de 65 todoterrenos de gama alta, valorados en 1,4 millones de euros, para participar en extinciones de incendios que denunció la Confederación General del Trabajo (CGT).

La organización sindical denunció, en base a los informes de la Sindicatura de Comptes, «la irregular contratación de vehículos todoterreno por parte de Vaersa, en el aspecto formal y material, es decir tanto en la forma de contratación como en la cuantía del dinero destinado al efecto». A petición de la Fiscalía la Intervención, que actúa como perito en asuntos relacionados con la corrupción, redactó un informe en el que constató «irregularidades en la emisión de una factura abonada a la empresa suministradora por importe de 90.000 euros para realizar obras en los vehículos adquiridos». Al parecer, según fuentes jurídicas, Vaersa habría mejorado las prestaciones de los vehículos con kits de lujo pese a que los todoterrenos iban a emplearse para visitar campos y en tareas forestales. Son vehículos que requieren revisiones permanentes pero las mejoras que pagó Vaersa incluyeron encendidos automáticos mediante la huella dactilar o asientos de piel.

Además, según la investigación interna de la Conselleria de Hacienda, los interventores han constatado que «26 de los vehículos en los que se dice que se realizaron obras de acondicionamiento fueron adquiridos con posterioridad a la emisión de facturas». «Añade igualmente -la Intervención- lo irregular de realizar dichos acondicionamientos dado el precio abonado por dichos vehículos y que deberá comprobarse si existían ya vehículos de similares características en el mercado» traslada Anticorrupción al juzgado.

La Intervención también ha constatado que «existen irregularidades en la contratación de los vehículos de suma importancia, afectando a la forma en que se hizo la contratación y al fraccionamiento final de contrato al objeto de saltarse el procedimiento administrativo legalmente establecido». El 27 de abril de 2010 Vaersa inició un procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada para la compra de 60 vehículos todoterreno y, si bien a la licitación concurrió una oferta, Vaersa desistió del procedimiento de adjudicación, sin que en el expediente conste la documentación justificativa de la renuncia. Al no adjudicarse el contrato, entre el 21 de julio y 28 de octubre de 2010, Vaersa adquirió 65 vehículos todoterreno a la única empresa que había aspirado al concurso.

Fiscalía ha pedido al juzgado que la nueva denuncia se acumule a las diligencias abiertas por el cobro de 1,8 millones de euros en sobresueldos a directivos y el pago de dos millones de euros en informes jurídicos al despacho de Vicente Bru, hermano del ex conseller socialista Segundo Bru.

JUAN COTINO COMPRÓ 115 VEHÍCULOS MÁS

Estas compras y arrendamientos vinieron precedidas de otro contrato de adquisición de 115 vehículos todoterreno de gama alta realizada en marzo de 2010 por un valor de 2.320.049 euros, aunque en esta operación sí hubo concurso. En todos los casos el presidente del consejo de administración era Juan Cotino, ex presidente de las Cortes e imputado en la pieza de Gürtel que investiga la visita del Papa, en 2006. En junio, días antes de la detención de Simó y Espinosa, la Policía judicial se personó en las instalaciones de Vaersa en busca de información sobre estas compras. La propia Isabel Bonig, consellera y presidenta del consejo de administración de Vaersa, admitió en una sesión de control en las Cortes «que a lo mejor ha podido haber algún incumplimiento de la normativa de la ley de contratos» aunque matizó que eso no significaba que hubiera «una responsabilidad penal, una prevaricación, corrupción o cohecho». Ni la Fiscalía ni el juzgado que asumió el caso Vaersa comparten este criterio. El juzgado aún no se ha pronunciado sobre la acumulación de denuncias. Si no se acepta, otro juzgado asumirá el caso.