El miércoles día 21 de setiembre de 2022 se dio a conocer la sanción a la empresa Glovo por parte de Inspección de Trabajo. La noticia la reveló la cadena SER a primera hora de la mañana, siendo posteriormente el tema del día en prensa y televisión. La importancia del contenido de la denuncia reside en la cantidad de la sanción (63,2 millones de euros) y en la actuación de la inspección que ha dado de alta en la Seguridad Social a 8.331 repartidores como trabajadores por cuenta ajena en provincia Barcelona. Hace semanas se cumplió el primer aniversario de la Ley Rider. De momento, Glovo, Stuart y, recientemente, Uber Eats incumplen la normativa al seguir empleando a falsos autónomos. Por ello, la noticia de ayer fue aprovechada desde el gobierno, la ministra de trabajo, Yolanda Díaz y afines a estos últimos para expresar que la Ley Rider ha sido la razón por el que la empresa Glovo haya sido sancionada. Una forma de ejemplificar que su ley si está siendo efectiva. ¿Realmente es así? No.
El acta de inspección considera que Glovo ha utilizado a falsos autónomos en su modelo anterior a la Ley Rider (entre mayo de 2018 y agosto de 2021). De manera que estamos ante una resolución anterior a la aplicación de dicha normativa y, que ha salido adelante, gracias al ordenamiento jurídico en material laboral del Estado español. Desde la CGT Riders ya hemos expresado que la Ley Rider no aporta nada nuevo porque tan solo es una presunción de laboralidad con inversión de la carga de la prueba. Respecto al nuevo modelo de falsos autónomos que Glovo aplica tras la entrada en vigor de la Ley Rider todavía no ha sido sancionado. La razón de esto último viene dado porque Inspección de Trabajo prefirió cerrar antes la investigación del antiguo modelo.
De ahí que CGT Riders haya tenido un papel importante en cuanto a presión se refiere. En enero de 2022 nos reunimos con Inspección de Trabajo por la denuncia que presentamos contra la empresa Glovo por seguir usando a falsos autónomos. En dicha institución se nos expresó que todavía estaban cerrando el proceso del antiguo modelo. Por ello, insistimos a inspección que acelerase su labor para que pueda centrarse en investigar el nuevo modelo “inédito” de autónomos que la empresa lleva aplicando desde el 12 de agosto de 2021. De todo esto constatamos que Inspección de Trabajo requiere de más recursos por parte del gobierno para que pueda agilizar sus actuaciones. La lentitud de las resoluciones favorece que las empresas sigan incumpliendo con la legislación laboral.
En CGT Riders valoramos positivamente que Glovo haya sido sancionada. No hay que permitir que ninguna empresa vulnere los derechos laborales de sus trabajadores ni tampoco fomente la competencia desleal con las demás empresas que si cumplen con la normativa.
Aun así, seguimos sin estar conformes por las siguientes razones:
-La multa tan solo representa un 10 % de los ingresos que obtuvo Glovo en el año 2021 (591 millones). De manera que la empresa ya habría contado con ello al tratarse de una investigación prolongada en el tiempo. Además, Glovo ya ha anunciado que recurrirá a la resolución de Inspección de Trabajo, por lo que se alargará la aplicación de su sanción. Al final parece ser que a la compañía le sale más rentable incumplir con el Estatuto de los Trabajadores, pero costearse después unas sanciones que ya saben que tendrán que pagar a largo plazo. Así no se soluciona la problemática y, por ello, sería factible que el gobierno optase por la vía penal, como ya ha sido utilizada en el Estado francés para la empresa Deliveroo. Se debe de ser más contundente porque si no seguiremos anclados en una eterna judicialización en nuestro sector.
-No se ha abordado la situación de las personas migrantes sin papeles que trabajaron en algún momento en Glovo a través de cuentas alquiladas. Se tiene que reconocer sus cotizaciones y que se les concedan permisos de trabajo tal y como se contempla en la legislación española.
-Tememos que Glovo, con dicha sanción, aproveche la situación como una excusa en la reducción de tarifas o, incluso, en la aplicación de despidos injustificados con tal de ahorrarse costes. Teniendo en cuenta el contexto socioeconómico en el que nos encontramos, no sería de extrañar que la empresa cargue sobre sus trabajadores el peso de sus responsabilidades con la administración. No es la primera vez que ocurriría, ya que cuando la compañía salió del mercado latinoamericano posteriormente aplicó un ERE en sus oficinas, así como una reducción de las tarifas de los riders de Madrid y Barcelona.
Gracias por su lectura.
Atentamente CGT Riders.
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