Estado y guerra sucia (o “lawfare”, para ser más modernos)

Antonio Pérez Collado. Alkimia. El Salto.

En el ámbito de los servicios de control del Estado (policía, sistema judicial e instituciones penitenciarias) la falta de transparencia y garantías es una constante a lo largo de la historia y es posible que la cosa esté incluso peor en España que en otras democracias equiparables. Aunque seguramente habrá quien objete que ninguno de esos estados capitalistas de occidente es realmente democrático. Por supuesto, pero si repasamos la lista de las llamadas repúblicas populares y socialistas tampoco sus sistemas de libertades públicas salen mejor parados. Los regímenes de la URSS, Hungría, Alemania del Este, Rumanía, China o Corea del Norte, etc. tampoco pasarían la prueba del algodón en cuanto a respeto a los derechos humanos y las libertades individuales se refiere.

Con demasiada frecuencia nos enteramos, aunque en muchos otros casos ni nos llegamos a enterar, de casos de torturas, detenciones ilegales, abusos en las prisiones y los CIE, corruptelas en aparatos del Estado, condenas a personas inocentes, espionaje y persecución a organizaciones y activistas cuyas ideas no gustan a los poderes políticos y económicos, etc.

Aun sabiendo que estos comportamientos son consustanciales con los gobiernos que rigen nuestro destino, siempre bajo la dirección y al servicio del capital, es lógico y comprensible que la mala praxis de quienes teóricamente deberían ser ejemplo de eficacia y honradez, por haber sido elegidos y estar bien pagados por la ciudadanía, desate reacciones de sorpresa, indignación y hasta exigencias de severos castigos.

Pero no es menos habitual que, en la gran mayoría de los casos, las denuncias no prosperen por la complejidad y lentitud de los procesos judiciales, por la inoperancia de leyes y jueces y por la sospechosa buena estrella que acompaña a los ricos y poderosos en contraposición a la mala suerte congénita de los pobres.

Habremos de reconocer sin reparo que España posiblemente esté disputando los puestos de cabeza de la lista europea de países donde gestión y corrupción se confunden con la mayor naturalidad. En estos momentos aún colean muchos de los escándalos que han saturado los medios de comunicación en los últimos años; otros se han olvidado, han prescrito o se han cerrado con sentencias sumamente suaves.

A todo lo precedente se ha unido ahora la constatación de que desde el Ministerio del Interior de la época de Mariano Rajoy se espió al independentismo catalán. Algo muy grave, desde luego, pero no menos denunciable que las infiltraciones policiales y los montajes contra el anarquismo y los movimientos sociales, las detenciones y condenas a raperos, periodistas incómodos y obreros que no se resignan a esperar que los agentes sociales les firmen peores condiciones de las que tenían en convenios previos.

Pero que aquí padezcamos una clase política siempre predispuesta a saltarse ética y legislación, además de contar con unos tribunales poco eficaces en la persecución de la delincuencia de guante blanco, no supone que en el resto del mundo no ocurran hechos similares. Dejando a un lado a toda una larga lista de estados sin un mínimo de reglas democráticas, donde los gobiernos ya son la propia corrupción, y limitándonos al mundo democrático (es un decir) la historia también nos presenta ejemplos de libro sobre represión y guerra sucia tan claros como la persecución de la Autonomía Obrera y la muerte “accidental” del anarquista Giuseppe Pinelli (Italia), el montaje judicial del caso Dreyfrus y el crimen de estado contra el ecologista Fernando Pereira en el hundimiento provocado del barco Rainbow Warrior (Francia), el exterminio del grupo Baader-Meinhof (Alemania), los asesinatos legales de Sacco y Vanzetti o los Mártires de Chicago (EE.UU.) o la “desaparición” de periodistas incómodos y opositores políticos (Rusia) por referir solo algunos de los casos más sonados, aunque hay cientos más.

La conclusión no puede ser otra que la de aceptar que Estado, represión y corrupción son inseparables; y en el caso de los estados embrionarios también, aunque en estos supuestos solo es cuestión de esperar a que eclosionen.