La sanidad pública a merced de los intereses del mercado

Isabel Cervera, Sindicat d’Administració Pública de CGT València a l’Hospital Universitari i Politècnic La Fe.

Desde comienzos de año, llegan al servicio de urgencias del hospital La Fe equipos de impresoras nuevos, como llegaron el año pasado pantallas que miden la estadística de ocupación, el monitor “nius” que mide y vuelca datos sobre constantes de los y las pacientes a su llegada (constantes que son tomadas minutos antes de su entrada en triaje), la tecnología de la estadística funciona y se actualiza con gran éxito, esta suficiencia en cierta modalidad de equipos (la no diagnóstica) dio lugar a un reconocimiento con el premio: “Best Spanish Hospitals Awards” en la categoría de Urgencias dentro de la clasificación de hospital público y de alta tecnología.

Sin embargo, el aparataje que sirve realmente para diagnosticar las patologías por las que cualquier paciente llega a un servicio de urgencias continua obsoleto y frecuentemente se estropea y deja de funcionar, otros aparatos son insuficientes en la cantidad necesaria para la pronta y correcta asistencia: aparatos de electrocardiograma, monitores de transporte, ambús, cableado para la monitorización, los propios monitores y carros de paradas; a lo que podemos añadir algo tan básico y fácil de proveer como los termómetros clínicos.

Desde hace dos días hemos llegado a la cima de la precariedad en cuanto a ese concepto que hace referencia a la calidad asistencial llamado “humanización de la asistencia”. En plena ola de frío nos encontramos con que resulta inevitable que algunos pacientes (a petición propia) sean acostados vestidos porque no hay mantas en todo el hospital.

El grado de desolación de este estado de cosas nos lleva a plantearnos cuál es el orden de prioridades en preferencia a la red clientelar que se generó cuando comenzaron los recortes y privatización por parte del Ministerio y, por extensión, la Conselleria de Sanidad y los gestores del propio hospital.

Hace décadas que venimos denunciando, quienes hemos luchado por una sanidad pública, el papel de las empresas dentro de su gestión, artífices del intencionado deterioro de la sanidad que se sustenta con nuestros impuestos para dar justificación a las “bonanzas” de la privada.

Hace mucho que clamábamos por la derogación de las leyes que hicieron posible su privatización y el libre albedrío de la empresa privada, contratas y subcontratas que dan un vuelco a los criterios asistenciales y humanizadores para imponer los mercantiles ¿Lo recuerdan? La ley 15/97 de nuevas formas de gestión y el artículo 90 de la ley general de sanidad.

Pero la indolencia jerárquica sanitaria a la que estamos asistiendo convierte esta fase de deterioro en desmantelamiento. Este episodio es tan solo uno de tantos despropósitos, una pequeña parte del entramado, pero no deja de resultar un indicador que debería alarmar a la sociedad.

Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) instamos a la ciudadanía a la toma de conciencia de la celeridad de pérdida de derechos fundamentales, exigimos a la administración sanitaria que revierta a manos públicas la gestión que nunca debió ser privatizada y llamamos a la organización en torno a la defensa y mejora de una sanidad que, lejos de haber sido pública (su forma de gestión fue estatal), ha quedado demostrado por activa y por pasiva en los últimos tiempos, el estrecho vínculo con los mercados en detrimento de las personas que conformamos esta sociedad.

Son tiempos de replantearse muchas fórmulas aceptadas y acatadas con obediencia al incuestionable estado y la perversidad del neolenguaje que nos ha hecho creer conceptos que realmente significaban su contrario, reconociendo un escenario social y humanamente demoledor. Por todo esto, la lucha social sigue siendo el único camino.